Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala para seguir su carrera de obstáculos

Este domingo se verá en Guatemala una imagen que hace medio año parecía imposible. El sociólogo progresista Bernardo Arévalo (Montevideo, 65 años) será investido como presidente del país centroamericano en una ceremonia en el centro cultural Miguel Ángel Asturias de la capital. Si no hay sorpresas de última hora, algo que pocos se atreven a descartar tras un largo proceso de transición de poder cargado de obstáculos judiciales y en el que el propio presidente elec...

Este domingo se verá en Guatemala una imagen que hace medio año parecía imposible. El sociólogo progresista Bernardo Arévalo (Montevideo, 65 años) será investido como presidente del país centroamericano en una ceremonia en el centro cultural Miguel Ángel Asturias de la capital. Si no hay sorpresas de última hora, algo que pocos se atreven a descartar tras un largo proceso de transición de poder cargado de obstáculos judiciales y en el que el propio presidente electo ha denunciado un intento de golpe de Estado para evitar que tome posesión, al líder del Movimiento Semilla le impondrán la banda presidencial en un acto al que acudirán una decena de mandatarios latinoamericanos y el Rey de España.

Arévalo, un diplomático experto en resolución de conflictos que también ha sido diputado, asumirá la Presidencia con la principal promesa de luchar contra la corrupción para poder atajar después los problemas del país más poblado de Centroamérica, con más de 17 millones de habitantes, altos índices de pobreza y desigualdad y grandes necesidades de desarrollo en educación, salud o infraestructuras. Su oferta electoral le ha enfrentado de lleno a lo que en Guatemala llaman el “pacto de corruptos”, una alianza informal de políticos y élites burocráticas y empresariales que se protegen entre sí para mantener el poder. Las muestras más recientes se dieron tras la inesperada victoria de Arévalo en la primera vuelta de junio y su posterior triunfo en agosto, cuando desde el Ministerio Público encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras, comenzaron una serie de intentos de descarrilar la transición de poder por la vía judicial.

Esos intentos fracasaron principalmente gracias a la firme defensa de la democracia y del voto de los guatemaltecos impulsada por los movimientos indígenas de todo el país, que llevan más de 100 días de resistencia con distintas acciones, como un plantón frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Y también por la constante condena de la comunidad internacional, que ha denunciado cada ofensiva de la Fiscalía para evitar la investidura del presidente electo e inhabilitar a su partido, el Movimiento Semilla.

A última hora de la tarde de este sábado, sin ir más lejos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció en una rueda de prensa con Arévalo la adopción de un “marco jurídico de sanciones que podrá ser aplicado contra los que dificulten el normal desarrollo el proceso democrático en Guatemala”. Su visita al país centroamericano, dijo Borrell, “es la demostración del compromiso firme de la Unión Europea con el pueblo de Guatemala y su democracia, una democracia que ha estado amenazada y que estamos aquí para defender y apoyar”, añadió.

Y pese a que un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad a mediados de diciembre ofrecía garantías para que Arévalo sea investido este domingo, Guatemala aún vive en la incertidumbre de si se respetará la toma de posesión o tratarán de frenarla con alguna embestida judicial de última hora. Entre las incógnitas está también si el presidente saliente, Alejandro Giammattei, bajo cuyo Gobierno ha habido un incremento del autoritarismo, acudirá al acto del Congreso como estaba previsto o no asistirá; y también si se garantizará la toma de posesión de la bancada del Movimiento Semilla para poder operar e incluso presidir una cámara en la que el oficialismo estará en minoría.

Un Gobierno con grandes expectativas y sin luna de miel

De cualquier forma, en el equipo de Gobierno son conscientes de que, con la investidura de Arévalo, se acaba una carrera de obstáculos pero empieza otra. “Entendemos que lo que viene es mucho más pesado [...] No va a ser fácil teniendo en contra a varias instituciones del Estado que se declararon golpistas desde el día uno”, dice la diputada electa de Semilla Andrea Reyes, una abogada de 33 años surgida de los movimientos estudiantiles que se ha pasado el último medio año defendiendo a su partido de los ataques llegados del Ministerio Público desde la trinchera legal. Arévalo aseguró que, tras asumir el mando, exigirá la dimisión de Consuelo Porras, que en 2022 fue sancionada por Estados Unidos “por participar en hechos significativos de corrupción” y a la que ha acusado de liderar el intento de golpe de Estado en su contra. “Una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, manifestó hace semanas el presidente electo. Ese será, con toda probabilidad, su primer pulso ante la segura resistencia de la funcionaria.

Reyes defiende, además, que la llegada de Semilla al Ejecutivo supone una nueva forma de hacer política basada en el diálogo de ideas frente a la vigente en el país en los últimos 40 años que, según dice, se basaba en “negociaciones y plata”: “La política ha sido un negocio y una alegre confluencia de intereses de gente que quiere controlar algún tipo de institución del Estado, y eso es lo que ha movido la política desde el año 85 para acá. Es un poco lo complicado que personas ideologizadas lleguen al poder y empiecen a entablar un marco programático para que Guatemala salga adelante de conformidad con nuestros principios. Es algo inédito”, mantiene.

Además de generar gobernabilidad con parte del poder judicial en contra y con minoría en el Congreso, la analista política Raquel Zelaya cree que el Gobierno de Arévalo deberá aprender a manejar las sobreexpectativas de un sector de la población que los apoyó, y también retribuir a los movimientos indígenas. “La población indígena se la jugó, ha mostrado una madurez cívica impresionante y fueron fundamentales para algunos de los triunfos y las etapas que se superaron”, afirma Zelaya, quien preside la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de la Universidad Rafael Landívar.

La primera decisión en este sentido del Gobierno de Arévalo decepcionó a un sector de la población. Fue el anuncio de su gabinete, un equipo paritario de siete hombres y siete mujeres, entre los que solo hay una persona indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. El propio presidente electo reconoció que quedaba “en deuda con la pluriculturalidad” del país, pero mostró su intención de incorporar a estos pueblos en otros niveles de Gobierno. Mientras que la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización indígena que ha encabezado la resistencia en defensa de la democracia que impulsó su presidencia, ha lamentado que el gabinete no refleje los pueblos que conforman el país, el maya, el garífuna y el xinka.

Para Zelaya, más allá del nombramiento de ministros, Arévalo deberá promover un Gobierno descentralizado e implementar “políticas que ayuden a tener una Guatemala plural como en su momento en los acuerdos de paz”. En ese sentido, aboga por el carácter dialogante que ha mostrado el presidente electo en su trayectoria. “Es un personaje de naturaleza de consenso, de acercamiento de posiciones. Ese ha sido el fuerte de su carrera internacional y creo que tiene una base partidaria que, por lo contrario, por su juventud, porque no tiene mucha experiencia, es bastante adversa a estas posiciones. Entonces, también él tendrá que manejar dentro de su partido esas corrientes de pensamiento que son bastante fuertes”, continúa la analista en referencia a los distintos sectores del Movimiento Semilla.

Además, aboga por “un ejecutivo absolutamente transparente” que denuncie cualquier anomalía en nombramientos, compras o contratos sin que “le tiemble el pulso se trate de quien se trate”. “Así se va a ganar el respeto”, apunta Zelaya. “Lo más realista es que él prometa y cumpla con un ejecutivo transparente que, a la larga, es lo mismo que luchar contra la corrupción. Lo que sucede es que está muy enraizada y por eso vienen las sobreexpectativas”.

“Guatemala necesita que esta administración sea exitosa. Son las últimas oportunidades que tenemos de un mínimo equilibrio democrático”, dice la presidenta de ASIES. “Si esta administración no tiene logros, nuestra situación puede ser muy precaria porque el crimen organizado está muy empoderado. Muchos de los diputados distritales que llegan están vinculados con ellos y hay que ponerle mucha más atención que con cualquier otro tema”.

Esas elevadas expectativas generadas por el Movimiento Semilla, un partido que nació al calor de las protestas callejeras de 2015 contra la corrupción, las reconocen incluso representantes de su formación, como la diputada Andrea Reyes: “Siento que estamos sacando del fango al país. Está muy hundido, es muy complicado, y el miedo que tenemos es que al final del periodo nos hayamos pasado defendiendo el Gobierno todo el tiempo y no se nos permita realmente trabajar. Esa es una realidad con la que nos va a tocar lidiar en los próximos cuatro años y garantizar resultados notables para sacar a Guatemala del subdesarrollo”.