Vaciar un río a cucharadas
Veinte años después, Marta Cecilia Domicó despide a su padre, un líder indígena que luchó contra Urrá, la represa que ahora está en medio del debate por las inundaciones en Córdoba
“Ahora que sé que estás en ese río, te regalo este ramo de flores. Siempre, siempre te voy a pensar”. Siguiendo la lenta cadencia de sus propias palabras, Marta Cecilia Domicó tiró una rosa tras otra a la corriente. Sobre el río Sinú, de pie en el muellecito de madera que recibe y despide constantemente al planchón...
“Ahora que sé que estás en ese río, te regalo este ramo de flores. Siempre, siempre te voy a pensar”. Siguiendo la lenta cadencia de sus propias palabras, Marta Cecilia Domicó tiró una rosa tras otra a la corriente. Sobre el río Sinú, de pie en el muellecito de madera que recibe y despide constantemente al planchón de Calleja, Marta ofreció esa ceremonia mortuoria a su padre, Kimy Pernía Domicó, el líder indígena de la resistencia contra la represa Urrá 1. Salvatore Mancuso le contó a ella que en 2001 recibió de Carlos Castaño la orden de matarlo. Que lo enterraron en una fosa común. Y que cuando la Fiscalía quiso hacer una exhumación, lo sacaron de la tierra y lo arrojaron al agua desde ese muelle.
Marta hizo su ritual veinte años después. Para decirle a Kimy que por fin ella sabía dónde había ido a parar su cuerpo. Y para que él ahora pudiera estar tranquilo.
Pero cuando estaba vivo, Kimy no estaba tranquilo. Según recuerdan sus amigos, él decía que, aunque hicieran la presa segura, era imposible que controlaran la fuerza de ese río. Ellos advirtieron que conocían el Sinú como nadie y que eso se iba a quedar pequeño. Ninguno de los líderes que han hablado del río o de la presa son ingenieros, o físicos. No hablan desde la academia. Su conocimiento viene de la memoria atávica de la tierra y el agua que heredaron de sus abuelos. Hoy, sin embargo, puede que estén hablando desde una pesadilla. La misma que desvelaba recurrentemente a Kimy.
Lo que viven las familias damnificadas no parece tener sentido. Porque así son las pesadillas. Por eso, lo que cuentan podría ser una ficción tenebrosa. “Confiados en que sonaría una alarma, nos dormimos con la boca abierta que ni un caimán en playa”. La creciente los sorprendió. Antes que las alarmas, los levantó de la cama un estruendo volcánico. Algunos dicen que pudo ser el movimiento o desprendimiento de una de las piezas gigantes de la presa. Todos corrieron hacia los puntos altos de las veredas mientras la ferocidad del agua arrancaba sus casas de las orillas y dejaba las varillas de cimentación como arterias sueltas y despelucadas.
Al resto del país llegan raudales de información. Imágenes de las inundaciones como postales apocalípticas. Fotos satelitales que dibujan al Sinú como una gran anaconda panzuda, hinchada por haberse devorado once mil hectáreas de un sorbo. Y cifras cercanas ya a cien mil familias que han perdido por completo el control de sus vidas.
Nadie tiene la culpa de que llueva, pero no se puede vaciar un río a cucharadas ni abandonar a la gente que quedó viva y sin nada. Eso me dijo un líder de Tierralta. Y tiene razón. Porque todos sabemos, diría Nic Pizzolatto, que hay cosas de las que no se sobrevive aunque no te maten, experiencias después de las cuales es imposible la plena existencia.
Esas familias que antes tenían sus casas, animales y cultivos, ahora viven en cambuches de plástico. Durante el día padecen un calor inclemente, el acecho insoportable de enjambres de zancudos que amenazan con inocular a niños y mayores la maldición de la malaria, la fiebre amarilla o el dengue. De noche no hay suficientes hamacas. Niños y adultos tiran colchonetas en el suelo y someten su descanso a la suerte. La lluvia se ensaña con ellos, se hace barrizal y los obliga repetidamente a izar sus colchones como en un castigo primitivo.
Cinco o hasta diez familias, según cuentan algunos líderes, pueden estar compartiendo un solo cambuche. El drama de la violencia entre las víctimas está latente. El hacinamiento, la precariedad extrema y la indolencia estatal convierten los derechos de esas familias en bienes escasos. Los derechos a dormir, a comer, a beber agua potable, los derechos de los niños y niñas a jugar, a vivir en espacios libres de riesgos contra su integridad física y sexual serán disputados en pulsos privados de poder y violencia. Un caldo perfecto para que los señores de la guerra aterricen, tomen control sobre los más vulnerables y degraden aún más su vida.
Hace poco cayó en mis manos, por un regalo sorpresivo, el conocido ensayo de Lafargue sobre el Derecho a la Pereza. Más allá de su lenguaje provocador y de la diatriba contra el trabajo, propias del marxista que era, el texto me hizo pensar en la furia del Sinú como prueba ácida de nuestro fracaso constitucional.
Algo falla cuando miles familias que gestionaban su vida en modelos económicos de autosubsistencia, en los que el manejo del tiempo está libre de las afugias de la economía de mercado, ahora resultan sometidas al reto premoderno de la supervivencia como un trabajo forzado: las víctimas deben templar cambuches cada día, limpiar barriales constantemente, buscar alimento entre las donaciones o las sobras, conseguir o improvisar ropa y cobijo, mantenerse en vela para vigilar la seguridad de los hijos en el hacinamiento y para reaccionar ante las inclemencias del tiempo, pelear por un metro cuadrado con otras familias desposeídas, o adoctrinar a los niños en la estrategia del silencio que protege contra el control violento. En esas condiciones, el trabajo de sobrevivir no da tregua para descansar, ni de día ni de noche.
La aproximación de Lafargue sería lapidaria. Si la indolencia o ineptitud del Estado no permiten recuperar la seguridad alimentaria y habitacional mínima, para amortiguar el agotamiento biográfico de las víctimas con un poco de quietud física y mental antes de conciliar el sueño y después de despertar por la mañana, nuestro sistema constitucional amenaza ruina.