El Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión del Pacto Histórico, pero sin la Colombia Humana de Gustavo Petro

La unidad de las fuerzas progresistas en Colombia se topa con un nuevo obstáculo. El Consejo Nacional Electoral ha aprobado este miércoles la fusión de varios partidos y movimientos de izquierda en el Pacto Histórico, pero en el mismo fallo ha dejado por fuera tanto a la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro que a varios aspirantes presidenciales como el exsenador Gustavo Bolívar, como a Progresistas, el movimiento de la senadora María José Pizarro, una de las precandidatas que planea participar en la consulta popular del 26 de octubre para escoger un solo aspirante presidencial.

La agridulce decisión del CNE sí permite que el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista se fusionen en el Pacto Histórico, como proponía la ponencia del magistrado Altus Baquero. Esos partidos son apenas una fracción de las fuerzas que componen la variopinta coalición que apoya al Gobierno de Petro, el primer presidente nítidamente de izquierdas de la Colombia contemporánea.

La hoja de ruta del progresismo pasa por hacer una consulta interna el 26 de octubre para elegir tanto un candidato presidencial como una lista al Senado, que esperan que sea tan amplia, representativa de sus fuerzas y potente como sea posible. El CNE debe aprobar cualquier fusión de movimientos y partidos políticos, y le había venido dando largas a esa solicitud a pesar de que ya la habían tramitado internamente la Colombia Humana de Petro, el tradicional Polo Democrático o la Unión Patriótica. En el caso de Colombia Humana, el organismo electoral argumenta que el partido no cumplió con los requisitos establecidos en sus propios estatutos sobre la conformación del cuórum necesario para aprobar la fusión en la asamblea nacional que realizó el año pasado.

Algunos de los congresistas más representativos del oficialismo, como la precandidata Pizarro o el expresidente de la Cámara David Racero, ya enfrentaban otro escollo anterior en el CNE. Formalmente, son parte del Movimiento Alternativo Indígena y Social o MAIS, un partido de origen indígena que forma parte de la coalición de Gobierno pero no quiere diluirse en el Pacto Histórico para no perder esa identidad étnica. La solución, acordada de antemano, fue una división formal para que una de las partes –Progresistas– se pudiera sumar al Pacto Histórico. El CNE también debía avalar a esa escisión, pero optó por dejarla en suspenso al determinar que sí se pueden dividir, pero solo cuando concluya cualquier investigación contra miembros del partido en el propio CNE. Dado que era la primera vez que usaba este argumento, un precedente que aplicó de nuevo en la fusión del Pacto Histórico, las críticas se han multiplicado.

“Hoy no existe ningún motivo legal, real, para cercenarle los derechos políticos a las fuerzas de izquierda y progresistas”, advertía esta semana la senadora Pizarro, una de las mayores perjudicadas, en una entrevista con este periódico. “En nuestro caso, por ejemplo, se nos dice que sí nos dan la personería jurídica, pero la condicionan. Es un absurdo. Tuvimos que tutelar nuestros derechos. Lo que buscan es alargar las decisiones para que no podamos realizar la consulta del 26 de octubre”, se lamentaba. Este miércoles, el CNE exhortó a sus propios magistrados a tomar decisiones en cualquier investigación contra miembros de partidos que estén en procesos de fusión o escisión, para dar vía libre a esos ajustes. Pero el tiempo es escaso para que esto tenga efectos a tiempo para las consultas interpartidistas del último domingo de octubre, una fecha única y que está determinada en la ley.

Encargado de la regulación de los partidos políticos y las elecciones, el Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve miembros, que tienen el título de magistrados aunque no sean jueces ni formen parte de la Rama Judicial; son elegidos por las bancadas de la Cámara de Representantes cada cuatro años. Como representan a los partidos, sus decisiones se leen bajo el tamiz de los intereses políticos.

Por lo pronto, el fallo de este miércoles deja en el aire la anunciada consulta popular de la izquierda, en la que compiten diez aspirantes presidenciales, así como la idea de aprovechar ese llamado de los ciudadanos a las urnas para definir sus listas para las elecciones legislativas de marzo. Para la Presidencia, además de la propia Pizarro, la lista la completan las exministras Susana Muhamad (Ambiente), Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Carolina Corcho (Salud), los senadores Iván Cepeda y Gloria Flórez, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el exsenador Gustavo Bolívar, el líder afrodescendiente Ali Bantú y el exjefe de Despacho Presidencial Alfredo Saade. De hecho, tres de esos precandidatos (Bolívar, Muhamad y Flórez) pertenecen a la Colombia Humana.