Petro propone un amplio aumento de impuestos en su recta final

Pocas cosas tan colombianas como una reforma tributaria: en los últimos 50 años, ya suman 30. El actual Gobierno, el de Gustavo Petro, inicia su cuarto año con una de ellas, o por lo menos con un proyecto de aumento de impuestos. Tras una reforma ambiciosa que logró que aprobara el Congreso en sus primeros meses, el Ejecutivo de izquierdas fracasó con su segundo intento, a fines de 2024, y cuando buscaba hacer ajustes en las normas para aumentar el recaudo y así fondear un presupuesto desfinanciado que el Congreso le había rechazado. Un año más tarde de esa derrota, repite el intento. Este lunes ha radicado formalmente un proyecto de ley de financiamiento para recoger los 26,3 billones de pesos, unos 6.300 millones de dólares, que requiere para equilibrar el presupuesto que propone para 2026.

En esta ocasión, el primer Gobierno de izquierda en décadas propone aumentar la carga a sectores poderosos a los que suele criticar, como el financiero o el de hidrocarburos, y también a actividades de ocio como las entradas a actividades de entretenimiento que tengan un valor superior a los 471.000 pesos (unos 110 dólares), la compra de cigarrillos y alcohol o los servicios en línea de series y de apuestas. Sin embargo, la idea de aumentar diversos impuestos en un semestre preelectoral, y con una campaña prematura ya en marcha, hace que la idea misma sea políticamente inviable, y sirva más para señalar las prioridades y la visión del Ejecutivo, que un futuro cambio en los tributos que pagan los colombianos.

El panorama es muy semejante al de 2024, cuando el Congreso negó una ley de financiamiento por menos de la mitad del valor, 12 billones de pesos. Poco ha cambiado desde entonces: los argumentos de lado y lado son muy similares, el presupuesto desfinanciado se repite, los equilibrios políticos en el Congreso no han variado. Congresistas que votaron en ese momento en contra han reaccionado de forma negativa a la nueva propuesta. Efraín Cepeda, conservador y quien era entonces presidente del Senado, es un ejemplo. “Se presentó la ley de financiamiento, una reforma tributaria disfrazada. No permitiremos más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos. El IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables. Pareciera que el Gobierno busca frenar el crecimiento empresarial y debilitar el patrimonio ciudadano”, ha dicho en X.

Sin embargo, el Gobierno sí ha traído nuevos argumentos, que resaltan la cercanía del momento con el fin del cuatrienio de Petro. “Lo que estamos construyendo es un gran pacto fiscal en el cual no solamente atendemos las necesidades de financiamiento de 2026, sino que estamos garantizando la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para todo el próximo Gobierno”, argumentó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el acto de radicación del proyecto. Se trata de una línea de defensa que incluye otras medidas recientes, según ha dicho más adelante el encargado de las fianzas del Estado. “Es en ese mismo contexto en el cual se tomaron decisiones en relación con la regla fiscal, la activación de la cláusula de escape, y una estrategia de tres años para equilibrar el déficit fiscal”, explicó horas más tarde, en una rueda de prensa. La idea de equilibrar las cuentas para el próximo Gobierno, sea el que sea, podría ser un incentivo para el apoyo de la oposición, ya que hay consenso de que, sin ajustes, quien sea el jefe de Estado desde el 7 de agosto de 2026 enfrentará un problema mayúsculo.

Pero la realidad política se ha mostrado inmutable. Con la campaña electoral ya en marcha, es difícil que los congresistas opositores le den una victoria al Gobierno y le faciliten tener un presupuesto holgado para el año electoral pero, sobre todo, que aprueben un alza de impuestos a los ciudadanos que votarían por ellos, los empresarios que pueden financiar sus campañas incluso las iglesias que les ayudarían a difundir su mensaje (la reforma propone que paguen el impuesto de renta por sus actividades comerciales, cuando hoy no deben siquiera presentar una declaración por ese tributo). Para salir adelante, la reforma debe ser aprobada por las cuatro comisiones económicas, dos del Senado y dos de la Cámara de Representantes, y en las dos primeras es casi imposible. Una de ellas, la comisión tercera, tiene 18 miembros, y de ellos 5 son de partidos declarados en oposición y votan con ellos, 4 son liberales opositores, y los 2 restantes, de los partidos bisagra ASI y de La U, han votado contra el Gobierno. Y en la otra, la cuarta, la mayoría de los 15 es tan claramente antigobiernista que en julio pasado eligieron como su presidente a Enrique Cabrales, feroz crítico del Gobierno del derechista partido Centro Democrático.

Con ese panorama político, la ley de financiamiento sirve sobre todo como un mensaje sobre su compromiso con tener los recursos para ampliar la presencia del Estado en toda la sociedad y sobre cuestiones más sectoriales, como la política de transición energética, las críticas al sector financiero o los impuestos saludables. Es un mensaje a las bases de la izquierda sobre cuál sería la política económica de un nuevo presidente de su sector. “Nosotros aspiramos a continuar el proyecto de transformación que ha avanzado con el presidente Gustavo Petro en el país. Tenemos la expectativa de que Colombia complete el ejercicio de cambio, y por eso somos tan altamente responsables en la presentación de este proyecto”, remataba este lunes el ministro Ávila, amigo y compañero político del presidente desde su adolescencia.