Petro exige a su gabinete apoyar el decreto que convoca a una consulta popular: “Ministro que no firme, se va”
El presidente de Colombia da un paso legal muy criticado por diversos juristas y para el que se anuncian demandas
El presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer. A pesar de que múltiples abogados y analistas políticos le han criticado y pedido esta semana que no convoque a una consulta popular por decreto, el mandatario colombiano ha convocado a todos sus ministros a la Casa de Nariño para que firmen el documento lo antes posible. Lo ha hecho, además, ante la opinión pública y con un tono amenazante : “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”, escribió este sábado en su cuenta de X. “El poder presidencial es poder del pueblo”.
La decisión es controversial en lo legal porque la Constitución exige que el Senado avale la convocatoria, y este ya votó en contra. Petro insiste que esa decisión se debió a un fraude en el último minuto de la votación, y que ante el silencio del Senado tiene luz verde para el decreto. Pocos juristas lo respaldan, pero el presidente insiste con que la consulta, que trata de asuntos laborales y sanitarios, va o va.
La consulta popular, desde que Petro la propuso en marzo, ha sido vista como una oportunidad para que el oficialismo haga campaña en el último año de Gobierno, en los meses previos a las elecciones del 2026. La iniciativa nació para defender los puntos centrales para el Ejecutivo de su reforma laboral, que el Senado hundió entonces pese a que gozaba de buena popularidad entre los colombianos. Luego, en mayo, el Senado negó la consulta popular de Petro pero revivió la reforma, como un camino para dar respuesta al clamor de la ciudadanía y disputar su favor con el Gobierno. Ese proyecto sigue su curso y está a un debate de ser ley, pero Petro dice que ha sido modificado de tal forma que ya no representa una buena alternativa. Por eso, argumenta, es mejor la consulta, pese a que esta debe conseguir 13 millones de votos (él fue elegido con menos de 12 millones) y luego ser implementada con leyes o decretos. Por eso, sus críticos dicen que, más que una reforma, la convocatoria a la consulta busca hacer campaña.
En su nueva cruzada legal, el jefe de Estado se ha apoyado en algunos abogados reconocidos, como Yefferson Dueñas, por muchos años magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, o el exfiscal y exmagistrado Eduardo Montealegre, quien será su próximo ministro de Justicia. Los dos han formado parte del equipo jurídico que ha preparado el decreto. Según explicó Montealegre en entrevista con el diario El Espectador, el argumento principal del Ejecutivo es que el Senado incurrió en seis vicios de trámite en el momento del rechazar la consulta popular, y por eso su votación es nula.
El presidente ha convocado a su gabinete a firmar ese decreto horas después de que un juez de Bogotá fallara una tutela que le ordena al presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, dar una respuesta a la senadora de izquierdas María José Pizarro. Esta última apeló la decisión de Cepeda de cerrar el proceso de votación ese día tras tan solo cuatro minutos, un plazo breve pero no inusual. La juez ha exigido a Cepeda que resuelva: si concede la apelación, la plenaria deberá votar de nuevo; si no lo concede, Pizarro puede demandar esa decisión ante la justicia.
El jefe de Estado entendió la decisión de la tutela como una señal favorable a sus denuncias de fraude. “Quiero informarle al país que un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Determinó que hubo fraude en el Senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas”, dijo en un evento. El Senado no sesiona usualmente los fines de semana, y el presidente tiene un viaje agendado el sábado, hacia Francia, para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre océanos. Pero, antes de que termine el fin de semana, quiere el decreto firmado por todo su gabinete.