La plataforma mundial de inteligencia financiera suspende a Colombia por la revelación de Petro sobre Pegasus

El director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, ha confirmado que la próxima semana se conocerá si el país es expulsado formalmente por haber revelado información clasificada

Luis Eduardo Llinás, director de la UIAF, y Gustavo Petro.UIAF / Getty

La revelación que hizo el presidente Gustavo Petro, en alocución nacional, sobre la supuesta compra del software espía Pegasus bajo el Gobierno de Iván Duque, ya tuvo sus primeras consecuencias. Y no son avances que protejan los derechos de los colombianos por interceptaciones ilegales. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF), Luis Eduardo Llinás, confirmó en W Radio que Colombia ha sido suspendida temporalmente de su participación en el Grupo Egmont, una de las más grandes organizaciones mundiales de cooperación e intercambio de inteligencia financiera y la que provee la principal plataforma para el intercambio seguro de esa información.

El funcionario, quien fue gerente en Antioquia de las campañas presidenciales de Gustavo Petro en 2018 y 2002 ha dicho a esa emisora que el documento que leyó el presidente en una sonada alocución, en el que la inteligencia financiera israelí confirmaba una transacción en efectivo que correspondería a la compra del dispositivo de espionaje, llegó a su despacho el pasado 27 de agosto. Aclaró que el remitente era el equivalente a la UIAF en ese país. “Nos decía tácitamente que no podíamos difundirlo, como todos los documentos de inteligencia (…) y que si se iba a difundir, debíamos tener un previo consentimiento de la UIAF de Israel”, ha explicado el director. También dijo que desde el primer día tramitaron esos permisos y que obtuvieron únicamente el que les permite compartirlo con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, aceptó que él decidió elevarlo también al presidente, a quien la ley señala que es la única persona con facultades de levantar la reserva de algún documento de inteligencia nacional.

El documento no es colombiano, sino israelí. Ante las cámaras, Petro argumentó por qué lo hacía público: “como soy el presidente de la República, y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición”. Llinás ha explicado que ante la revelación, Egmont Group suspensión a Colombia mientras decide de fondo si la expulsa, y que la UIAF ha replicado las razones del presidente ante la organización, vía carta, para justificar la revelación. El director defiende que el país no ha violado el estatuto del Grupo.

EL PAÍS pudo confirmar en la mañana del jueves 5 de septiembre, pocas horas después de la alocución presidencial, integrantes de la UIAF advirtieron a funcionarios de la Presidencia que el mandatario había roto el acuerdo de confidencialidad entre Colombia y Egmont. Una fuente cercana al presidente que conoce de lo ocurrido asegura que Llinás no sabía que el mandatario iba a leer el documento, y que los funcionarios de la entidad de inteligencia financiera se enteraron en la transmisión de la alocución. En la entrevista que entregó a W Radio, el director ha dicho que su entidad únicamente busca identificar si en la presunta compra de Pegasus se dio una operación de lavado de activos, que es su función, y que dada la gravedad de esa posibilidad decidió poner en alerta al Gobierno.

La suspensión temporal en Egmont no es un asunto menor. No solo Colombia es, junto a República Dominicana, el representante de la organización para las Américas y el Caribe, sino que esa entidad maneja un canal de comunicación clave, en el que los 177 países miembros comparten alertas de inteligencia, lo que permite la cooperación internacional. La próxima semana, ese organismo determinará si Colombia rompió los acuerdos de confidencialidad y, de ser así, qué sanciones son pertinentes. Ellas van entre una sanción y la cancelación de la membresía, lo que dejaría a un país con fuerte presencia de economías ilegales, un conflicto armado múltiple y complejo, y decenas de grupos criminales, sin acceso a la información del lavado de activos por una de las principales vías para ello.

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