Los camioneros bloquean varias vías neurálgicas de Colombia por el alza del precio del diésel

Los habitantes, trabajadores y estudiantes de Bogotá, que con su área metropolitana bordea los 10 millones de habitantes y sufre de graves problemas de congestión vial, han vivido este lunes una jornada de pesadilla por cuenta de los bloqueos convocados por el gremio de los camioneros. Su motivación fue el alza en los precios del ACPM, el combustible que usan para sus vehículos de carga con motor diésel, anunciado el fin de semana por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Las manifestaciones ocurrieron en puntos estratégicos de la capital colombiana, que complicaron el tráfico vial desde la mañana. A lo largo del día, las consecuencias de los bloqueos se han sentido incluso fuera de los límites de la ciudad. En otros departamentos como Santander y Caldas también ha habido protestas.

El anuncio del Gobierno fue hecho el viernes pasado y se hizo efectivo a partir del sábado. Según explicó el Ejecutivo, los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda expidieron unas resoluciones con las que aumentaba el precio del ACPM en 1.904 pesos por galón (unos 50 centavos de dólar) en su venta al público, hasta ubicarse en un promedio de 11.340 pesos (alrededor de 2,8 dólares). También dijo que el ajuste del coste del combustible permitiría un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos (unos 400 millones de dólares) para los cuatro meses que quedan del año, y, según cálculos del equipo económico del Gobierno y contrario a uno de los argumentos de quienes critican el aumento del precio, el impacto del ajuste en la inflación será de 0,3 puntos porcentuales para el cierre del año.

Esta no es la primera vez que el Gobierno enfrenta una crisis por cuenta de los aumentos a los precios de los combustibles. Casi desde el comienzo de su gestión, en agosto de 2022, tomó la decisión de subir de manera paulatina los costes de la gasolina. El precio de venta al público del combustible depende del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), una especie de subsidio asumido por el Estado desde 2007 que evitaba cambios bruscos en el coste por cuenta de los movimientos del mercado internacional. Ese subsidio, sin embargo, significaba un aporte enorme por parte del erario. La decisión, aunque impopular, fue aplaudida incluso por economistas críticos del presidente y de su Gobierno.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) criticó la medida adoptada por el Gobierno. En su opinión, “la totalidad” de los precios de los productos de la canasta familiar aumentarán por esa decisión que, según Jaime Cabal, presidente del gremio, “no permite discusión” y “muestra la poca voluntad del diálogo del Gobierno en temas que afectan a todos los colombianos”. El portavoz agregó que el aumento del precio del ACPM se hubiera podido asimilar de una mejor manera si el presidente Petro no hubiera decidido congelarlo en el inicio de su mandato. “Subir 6.000 pesos, así sea gradualmente en menos de año y medio, tendrá un impacto demoledor en los fletes”, dijo Cabal. “El sector más perjudicado, aparte del transportador, será el comercio”, agregó.

El Gobierno, por su parte, explicó que, cuando un consumidor compra diésel, paga menos del 50% del precio real que cobra el refinador o el importador por el combustible. Todo lo demás lo paga el Estado por cuenta del FEPC que, en su 100%, funciona para el diésel. Eso, sigue el Ejecutivo, ha derivado en una “situación insostenible” para el país y ha “puesto en jaque la viabilidad fiscal de la Nación”. Además, puede comprometer la estabilidad macroeconómica del país, sin contar con el hecho de que, dice, el FEPC beneficia a “las personas con más ingresos de la población”.

A diferencia del aumento del coste de la gasolina, el del ACPM se había mantenido sin mayores aumentos. El gremio de los transportadores, siempre con la posibilidad de convocar un paro en sus actividades, estaba buscando junto al Gobierno alguna posibilidad de ajustar el precio del combustible sin que hubiera mayores afectaciones para ellos. No obstante, después de varias reuniones en los últimos meses, y ante la ausencia de un escenario de entendimiento, el Ejecutivo nacional optó por subir el coste de manera unilateral. La decisión, como era de esperarse, motivó a los transportadores a un cese de actividades que ha incluido los bloqueos que se iniciaron el fin de semana y que han tenido su impacto mayor este lunes, día laborable y de mucho mayor movimiento en todo el país.

En el departamento de Santander, los manifestantes bloquearon la vía que comunica a Bucaramanga, la capital, con la costa Caribe. También hubo protestas en la vía que del municipio de El Socorro conduce a Bogotá. En Caldas, departamento del eje cafetero, los camioneros decidieron suspender sus actividades y bloquear algunas vías. Además, llamaron a los taxistas a unirse en un mismo paro el próximo jueves, 5 de septiembre. En Bogotá, hubo bloqueos en varias de las vías de entrada y salida de la capital, como la calle 80 o la autopista norte, lo que terminó por provocar enormes represamientos y carencia de los buses que comunican a los municipios aledaños con la ciudad.

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