La propuesta de la Constituyente de Petro toma el pulso a las movilizaciones

Si hay un apoyo que el presidente Gustavo Petro ha buscado es el de las bases que impulsaron su elección como el primer mandatario de izquierda en la Colombia contemporánea. Acostumbrado a defenderse de sus opositores con apasionados discursos y con movilizaciones de respaldo, perder ese apoyo es —de todos los posibles en el complejo ejercicio de gobernar— lo que menos puede permitirse. Petro, quien militó en su juventud en la antigua guerrilla del M-19 y tomó el rumbo de la política desde que fue elegido representante a la Cámara en 1991, ...

Si hay un apoyo que el presidente Gustavo Petro ha buscado es el de las bases que impulsaron su elección como el primer mandatario de izquierda en la Colombia contemporánea. Acostumbrado a defenderse de sus opositores con apasionados discursos y con movilizaciones de respaldo, perder ese apoyo es —de todos los posibles en el complejo ejercicio de gobernar— lo que menos puede permitirse. Petro, quien militó en su juventud en la antigua guerrilla del M-19 y tomó el rumbo de la política desde que fue elegido representante a la Cámara en 1991, ha lanzado su apuesta más arriesgada planteando la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando sus reformas sociales están a punto de hundirse en el Congreso de la República. La meta es despertar al que llama un gigante dormido: el pueblo.

El jefe de Estado habló por primera vez de movilizar a los suyos cuando corría el sexto mes de su Gobierno, el 14 de febrero de 2023. Para entonces, se vislumbraba un terreno difícil para su propuesta de reforma a la salud, la primera que presentó de un paquete de iniciativas sociales al que después se sumaron la laboral y la pensional. Ninguna de las tres ha salido adelante.

Además de acercar los servicios a los usuarios de zonas alejadas y vulnerables, la reforma a la salud busca crear un modelo en el que el control de los servicios se centralice en el Estado. “Solo si el pueblo abandona a su Gobierno es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que la mayoría de la sociedad nos acompañe”, afirmó el día que socializó el proyecto, ante una multitud en la Plaza de Armas. Más de un año después, la reforma está en riesgo de quedar archivada.

Después de ese primer llamado a las calles, el Gobierno atravesó un huracán político que parecía interminable: la salida de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, crítico de la reforma; un remezón con el cambio de siete de los 19 ministros, incluidos los más moderados; el fin de la coalición mayoritaria en el Congreso, por la falta de apoyo de las directivas del Partido Liberal a la propuesta. El presidente seguía aferrado a las movilizaciones como su lugar seguro. “El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado”, animaba en un discurso ante los sindicatos el primero de mayo de 2023, cuando empezaba a recuperar su esencia rodeado por un equipo más cercano a la izquierda.

También buscó el apoyo en las calles para enfrentar el escándalo protagonizado por su entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien en un acto de celos políticos amenazó con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial en la costa Caribe. La oposición decidió enfrentar al presidente en su propio campo, con la convocatoria de múltiples manifestaciones.

Entrado el 2024, no cesaron las confrontaciones. El mandatario advirtió una supuesta ruptura institucional, argumentando que el entonces fiscal general Francisco Barbosa fraguaba una estrategia para buscar su caída, y promovió entonces una nueva movilización, el 8 de febrero, para exigir a la Corte Suprema de Justicia la pronta elección del reemplazo de Barbosa. Después de varios intentos, el alto tribunal eligió a la abogada Luz Adriana Camargo, el pasado 12 de marzo, de una terna enviada por el presidente. Pero ese mismo día la reforma a la salud se enfrentó con un obstáculo casi insalvable en la Comisión Séptima del Senado, donde debía someterse al tercero de los cuatro debates que necesita para ser ley. La ponencia que propone archivar el proyecto sumó el respaldo de 8 de los 14 integrantes de esa comisión, lo que la dejó a una votación de ver su fin.

Ese fue el detonante para que el jefe de Estado elevara la alerta entre sus filas. Tras 20 meses de Gobierno, el cambio no avanza a la velocidad a la que el presidente quisiera, y decidió jugar una nueva carta, la propuesta de una asamblea nacional constituyente en la que las tribunas vuelven a tomar parte. En entrevista con el periódico El Tiempo, el mandatario negó que su intención sea reelegirse o rescatar las reformas atascadas en el Congreso, y en su lugar planteó seis temas de diálogo. Dijo que el primer paso para la asamblea sería “organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes”.

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, explica en diálogo con EL PAÍS que no se trata de crear nuevos comités, sino de fortalecer los espacios de pedagogía y movilización que ya existen. “Este tipo de organización es la propia de los sectores y partidos de izquierda que no fijan su movilización social solamente en la etapa electoral, sino que se continúa un trabajo de conversación, de aproximación, de escucha. La conformación de los comités busca que más gente se involucre”, señala.

La convocatoria, que muestra que la Constituyente es otro camino para lograr la movilización de las bases petristas, ha tomado forma con el llamado de las centrales obreras a marchas el próximo 9 de abril, el aniversario número 76 del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán y la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y de Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Fabio Arias, presidente de la organización sombrilla Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asegura que reiterarán el llamado al Congreso para que no hunda las reformas. “Esperamos sea lo suficientemente contundente, de magnitudes significativas como las del 21 de noviembre de 2019 y del estallido social del 28 de abril del año 2021. Queremos decir que las cosas tienen que cambiar en el país, que los grupos económicos no pueden seguir de espalda al país, y mucho menos el Congreso de la República”, enfatizó en rueda de prensa. Frente a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, la organización sindical ha precisado que será tema de futuras discusiones y no ha ofrecido un respaldo abierto.

Algo similar ocurre entre los pueblos indígenas, otro de los actores que se han movilizado a favor del Gobierno. Gerardo Jumi, secretario general de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), indicó que “las mingas indígenas son el instrumento soberano que tiene el pueblo colombiano para respaldar a este Gobierno y para exigirle al Congreso de la República que debe aprobar las grandes reformas”. El debate sobre la Constituyente no borra otras preocupaciones, como la violencia en el Cauca, uno de los tres departamentos —además de Valle del Cauca y Nariño— donde el Gobierno decidió suspender el cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central por ataques contra las comunidades indígenas. “Hacemos un llamado a los grupos armados, que respeten a la población civil y recordarle al Estado que esa es su función constitucional, respaldar a la población civil”, agregó Jumi.

Esa misma sensación se repite en otras regiones. En Caquetá, las organizaciones comunales convocadas por el Gobierno critican la que ven como insuficiente presencia en el territorio. Luis Arcadio Pardo, concejal de la oficialista Colombia Humana en el municipio de Cartagena del Chairá, dice que apoyaría la idea de una Constituyente “por respeto al partido”, pero se queja de que el Gobierno no ha mirado hacia su departamento. “Por el contrario, se han aumentado las extorsiones, la zozobra. (Las disidencias de las extintas Farc) ya están llamando hasta a residentes de barrios donde ellos ponen condiciones. El cambio ha sido inverso, ha fortalecido más los grupos al margen de la ley en esta zona. El tigre no lo están pintando con las rayas que son”, lamenta.

El analista César Caballero considera que las movilizaciones de respaldo al Gobierno no han sido masivas porque otros grupos fundamentales en el estallido social de 2019 y 2021, como los jóvenes, no están saliendo. “El Gobierno está movilizando su base de apoyo normal, que no está creciendo, sino que se está haciendo visible. No son movilizaciones que le hagan ganar gobernabilidad”, opina el gerente de la consultora y encuestadora Cifras y Conceptos.

El presidente Petro ha aprovechado esta semana su gira por tres departamentos del Caribe —Córdoba, Bolívar y Sucre— para reiterar su intención de una Constituyente, que para materializarse requiere el apoyo del Legislativo y el de al menos 13 millones de colombianos, casi dos millones más de los que lo eligieron como presidente.

“Este Gobierno lucha hasta donde el pueblo permita. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo lo quiera. Tampoco iremos un metro menos”, decía el mandatario el primero de mayo de 2023. En vísperas de las movilizaciones del 9 de abril y del primero de mayo, Petro redobla su apuesta por un apoyo popular en las calles que ha sido limitado hasta ahora.

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