La Procuraduría de Colombia suspende tres meses al canciller Álvaro Leyva por la polémica de los pasaportes

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, ha sido suspendido tres meses de su cargo de manera provisional por orden de la Procuraduría General de la Nación. La entidad le formuló pliego de cargos al ministro de Exteriores del Gobierno de Gustavo Petro por extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones al no entregar una licitación que ya había sido adjudicada a una empresa. Se trata de la enrevesada polémica que ha rodeado el millonario contrato para la elaboración de pasaportes.

De acuerdo con la decisión de la Procuraduría, Leyva “habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”. La primera, al declarar desierta la licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal. La licitación pública en la que el único oferente era la firma Thomas Greg & Sons se declaró desierta el pasado septiembre, un proceso por el que la empresa ya entabló una demanda por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares).

En segundo lugar, explicó la Procuraduría, decidió proferir cargos al canciller “por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, ya que tras la decisión inicial, Leyva usó esa medida para entregar directamente, de forma temporal, la expedición de los documentos.

Con sus 81 años, el canciller es la figura más veterana en el gabinete y ha superado sin mayores sobresaltos tanto los intentos de control político en el Congreso como las sacudidas ministeriales a lo largo del año y medio de Gobierno, a pesar de sus múltiples controversias.

Durante meses, la licitación de los pasaportes había mantenido al ministro de Exteriores contra las cuerdas. Incluso le valió una agria discusión con la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. Los dos funcionarios acabaron duramente enfrentados en los pasillos de la propia Casa de Nariño a finales del año pasado, y el presidente optó por apartar a Zamora, que se marchó lanzando acusaciones contra Leyva.

“A mí qué me importa que condenen al Estado. Con lo que se demora un proceso en Colombia”, dijo el canciller a los gritos, según el relato del periodista Daniel Coronell en W Radio. “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”, remató. El canciller ha negado haberle gritado a Zamora, y el presidente Petro ha dado a entender que respalda esa versión. Luego de renunciar, la abogada denunció una reunión en un hotel de París entre funcionarios e interesados en esa licitación, a la que asistió el hijo del canciller, Jorge Leyva. El señalado aceptó haberse encontrado con funcionarios de la Cancillería en Francia, pero negó cualquier irregularidad.

Leyva suele presentarse como ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia. Petro ha puesto la diplomacia colombiana al servicio de su proyecto de paz total, con el que se propone dialogar en simultáneo con múltiples grupos armados. “Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica”, señaló el mandatario cuando anunció que Leyva sería su canciller, antes incluso de posesionarse.

Entre sus logros tempranos, el canciller consiguió restablecer muy pronto las relaciones con el Gobierno chavista de Venezuela, completamente rotas desde 2019, y enderezarlas con Cuba, muy maltrechas ante la hostilidad diplomática que caracterizó el periodo de Iván Duque (2018-2022). Tanto Caracas como La Habana son clave para la mesa con la guerrilla del ELN y han sido sede de esos diálogos.

La gestión de Leyva, sin embargo, ha sido muy criticada por privilegiar esa agenda de negociaciones con grupos armados por encima de otros intereses diplomáticos de Colombia. También acusa el desgaste de varias salidas en falso, que incluyen la rectificación de los acercamientos fallidos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua o unas declaraciones en las que habló del “departamento de Panamá”, así como los múltiples nombramientos de políticos cuestionados en misiones diplomáticas.

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