15 años de cárcel al policía que robó y quemó a un hombre que se coló en Transmilenio

Un hombre visiblemente herido, esposado y sangrando es grabado por una persona fuera de cámara. Dos personas más se mofan de él. Solo logran apreciarse las botas de ambos. Uno de ellos se acerca y con un encendedor le prende fuego al cabello del sujeto que sangra y apenas puede articular palabra. Ese fue el vídeo que se envió en la madrugada del 7 de julio de 2020 desde el celular de Davidson Vargas, para que lo recibieran sus familiares. El remitente era la víctima. Sin entender mucho, su mamá guardó las imágenes que terminaron siendo fundamentales en la condena de quienes torturaron a Vargas...

Un hombre visiblemente herido, esposado y sangrando es grabado por una persona fuera de cámara. Dos personas más se mofan de él. Solo logran apreciarse las botas de ambos. Uno de ellos se acerca y con un encendedor le prende fuego al cabello del sujeto que sangra y apenas puede articular palabra. Ese fue el vídeo que se envió en la madrugada del 7 de julio de 2020 desde el celular de Davidson Vargas, para que lo recibieran sus familiares. El remitente era la víctima. Sin entender mucho, su mamá guardó las imágenes que terminaron siendo fundamentales en la condena de quienes torturaron a Vargas y registraron su propio delito. Tres años después, el pasado 17 de octubre, el patrullero de la Policía Henry David Clemente fue condenado a casi 15 años de prisión por esos hechos y se ordenó su captura.

La sentencia por la que un juzgado penal del circuito de Bogotá condena a Clemente explica lo ocurrido. Vargas ingresó irregularmente a la estación de Transmilenio del Virrey en una noche pandémica, en pleno confinamiento. Clemente lo vio, lo detuvo y le hizo abordar un bus hasta una estación cercana, la de la calle 106, donde los esperaban Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, dos bachilleres que prestaban su servicio militar en la Policía y custodiaban esa estación. Los tres uniformados acusaron a Davidson de ser ladrón. Lo llevaron hasta una zona oscura debajo de un puente, donde lo desnudaron, lo golpearon, lo insultaron, le arrebataron las pertenencias, le prendieron fuego. Grabaron todo.

Finalmente lo dejaron libre y, gracias a la ayuda de una persona y de otro policía, fue atendido en el Hospital Santa Clara. Los médicos le dieron una incapacidad de 15 días. Desde entonces, y de la mano de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una tradicional oenegé de derechos humanos, la familia de Davidson ha buscado justicia.

Cuatro días después, el 11 de julio, fueron capturados los tres policías. Gamboa y Daza aceptaron pocos después los cargos por tortura, privación ilegal de la libertad y hurto, y fueron sentenciados a 10 años de prisión domiciliaria. Pero el patrullero Clemente (Lorica, 30 años), el de mayor rango, negó todo. Dijo que capturó a Davidson en la estación del Virrey después de una denuncia de que era un ladrón, que lo llevó a la de la calle 106 para evitar que lo lincharan varias personas presentes, y que se lo entregó a los dos bachilleres para que lo sacaran de la estación.

Si bien así buscaba señalarlos de ser responsables de cualquier hecho violento, el juez cuarto especializado encontró que el patrullero sí lo agredió. Primero, “en el escenario mismo de colocar las esposas a la víctima, dejándolo indefenso frente a las demás agresiones de toda índole que disminuyeron la dignidad de Vargas Castro y le cooptaron y limitaron su autonomía personal”. Y luego por “entregar al aprehendido a los auxiliares de policía, sin la observancia que como patrullero le demandaba, para que estos lo sacaran de la estación de Transmilenio, todavía con las esposas puestas, demuestra un acuerdo, una división del trabajo criminal y cuyo aporte fue fundamental para que se ejecutaran los demás hechos de la tortura, como cortarle la oreja o tratar de encenderle fuego a su cabello, entre los otros actos de pegarle patadas, puntapiés, puños”.

Además, la sentencia encuentra que Castellanos sí vio a Davidson cuando había sido golpeado y no hizo nada para protegerlo ni auxiliarlo. “Se acuerda el patrullero acusado que le dejó las esposas puestas al aprehendido y va a quitárselas, es decir, tuvo la oportunidad de ver nuevamente a la víctima ensangrentada y herida, pero va se las quita y es inerme o nula su reacción, es decir, el acuerdo común quedó consumado en el tiempo”, dice el fallo.

“Se ha determinado, por las pruebas practicadas, que el acusado ejerció su función policial para poder cometer sobre la víctima los actos que generan sufrimiento y dolor, tanto nivel físico como psicológico”, consigna la sentencia. En ella también se detalla que el patrullero amenazó a la víctima con la muerte y le apuntó con su arma de dotación. En su testimonio, Vargas detalla que los policías amenazaron con cercenarlo. “Uno abre la navaja, veo que un auxiliar, deduzco, en donde le vamos a quitar la oreja y empiezan a hacer así, como a ‘tasajearme’, entonces me empiezan y me cortan, es en donde yo ya me doy vueltas y me revuelco pensando en que de verdad me iban a suceder eso”, sostiene.

La decisión concluye que Henry David Clemente es coautor de tortura agravada y privación ilegal de la libertad, y deberá pagar una multa de 1.421,33 salarios mínimos, unos 1.650 millones de pesos (o 410.000 dólares). Lo absolvió de la acusación de hurto. El pasado jueves Clemente apeló el fallo y el proceso tendrá una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde ya lo recibió el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora.

Para los abogados del Comité de Solidaridad, el caso puede marcar un precedente sobre los límites a los abusos de miembros de la Policía, y evidencia el crecimiento de esa violencia en los últimos años. “Demuestra que durante el aislamiento hubo un gran abuso de la autoridad. La violencia fue la forma de gestionar la crisis por la pandemia, de controlar el hambre. En su momento no había acceso o información para que las víctimas de abuso policial denunciaran los hechos”, explica Óscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos. Así mismo lo registra el informe La Violencia Uniformada, realizado entre el Comité y la Fundación Heinrich Böll. El documento asegura que entre el 17 de marzo y el 27 de mayo de 2020, el periodo más estricto de la cuarentena, la Policía realizó 8.069 traslados por protección solo en Bogotá.

Precisamente fue una escena de abuso por parte de la Policía Nacional la que disparó el llamado estallido social: en septiembre de 2020 quedó grabada en video la violencia de unos policías contra el ciudadano Javier Ordóñez en un barrio en el occidente de Bogotá. “Por favor, no más, me ahogo”, decía mientras lo sometían a electrochoques. Los policías se lo llevaron en uno de esos traslados por protección y apareció muerto, lo que desencadenó varias jornadas de disturbios y protestas.

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