La Fiscalía llama a una audiencia de imputación de cargos a Óscar Iván Zuluaga por el ‘caso Odebrecht’
La entidad argumenta que hay “abundante material de prueba” para acusar al aspirante a la presidencia del Centro Democrático en 2014 por financiación ilegal de su campaña
La Fiscalía ha informado este martes que presentará una solicitud de audiencia para imputar cargos al exministro de Hacienda y excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga por presuntamente haber recibido, sin reportarlos, 1.610.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña. Con ese dinero, se buscaba cubrir la contratación del publicista brasilero Duda Mendonça.
Los delitos que se imputarán a Zuluaga son falsedad en documento privado, fr...
La Fiscalía ha informado este martes que presentará una solicitud de audiencia para imputar cargos al exministro de Hacienda y excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga por presuntamente haber recibido, sin reportarlos, 1.610.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña. Con ese dinero, se buscaba cubrir la contratación del publicista brasilero Duda Mendonça.
Los delitos que se imputarán a Zuluaga son falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. A su hijo David Zuluaga, quien fungió como gerente de esa campaña presidencial, se le imputarán cargos por un delito, el de fraude procesal.
De acuerdo con la Fiscalía, en 2014, cuando Zuluaga se enfrentaba a Juan Manuel Santos en la campaña por la Presidencia, el candidato uribista se reunió en su apartamento de Bogotá con Eleuterio Antonio Martorelli, entonces directivo de Odebrecht en Colombia. En esos encuentros supuestamente se acordó que la multinacional brasileña pagara por debajo de la mesa parte de los servicios que prestaba el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, Duda Mendonça, a la campaña.
De esa manera, Odebrecht, también implicada en casos similares en otros países de Latinoamérica, presuntamente ingresó 1.610.000 dólares a una cuenta que tenía Mendonça en Panamá, como parte de un pago de la campaña. Según la Fiscalía, Zuluaga “tenía conocimiento del aporte ilícito”, y en la contabilidad de la campaña que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE, la entidad que controla las elecciones en el país), omitió ese pago. Gracias a eso, logró obtener una reposición de 25.000 millones de pesos por los votos que había obtenido, e indujo al error al CNE, que clausuró una investigación que había en marcha por ese mismo caso.
La Fiscalía también acusa a la exministra Cecilia Álvarez-Correa
El ente acusador también anunció la imputación de cargos contra la ministra de Transporte de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez-Correa, al supuestamente haber obtenido beneficios personales y favorecido al consorcio contratista (en el que estaba Odebrecht) en la carretera que hay entre los municipios de Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar), en la Ruta del Sol II.
Supuestamente, Álvarez-Correa, que estuvo al frente de la cartera entre 2012 y 2014, avaló la inclusión de dos otrosíes (adendas a un contrato ya firmado) que añadieron el tramo entre Ocaña y Gamarra al proyecto original de la carretera. Con esos ajustes, Álvarez-Correa presuntamente favoreció al consorcio que construía ese tramo de la llamada Ruta del Sol, la vía que conecta el centro del país con la costa Caribe, ya que recibían obras adicionales de forma directa, sin participar en una licitación. También pudo haber beneficiado a un proyecto de transporte fluvial sobre el río Magdalena, que buscaba poner a funcionar una terminal en Gamarra. Por ello, se le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Por ese mismo caso, fue archivada una investigación que había en pie contra la exministra de Educación Gina Parody ―pareja de Álvarez-Correa―, quien había sido denunciada por supuestamente haber participado en la reunión del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social (CONPES) que dio luz verde al plan de la Ruta del Sol y permitió añadirle el tramo entre Ocaña y Gamarra. Según la Fiscalía, no hay evidencia que demuestre una conducta ilícita de parte de Parody.
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