Petro denuncia un “golpe blando” por las decisiones de la justicia contra su movimiento

El presidente cuestiona las decisiones judiciales y vuelve a insistir en que los poderes del Estado se resisten al cambio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una reunión de cultivadores de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño.JOAQUIN SARMIENTO (AFP)
Bogotá -

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Si bien hace dos semanas denunció una posible conspiración de los militares para derrocarle, Gustavo Petro sostiene ahora que se está llevando a cabo un golpe blando que afecta a su formación en el Congreso, el Pacto Histórico. Petro cuestiona así la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de uno de los hombres claves para sacar adelante sus reformas, ...

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Si bien hace dos semanas denunció una posible conspiración de los militares para derrocarle, Gustavo Petro sostiene ahora que se está llevando a cabo un golpe blando que afecta a su formación en el Congreso, el Pacto Histórico. Petro cuestiona así la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de uno de los hombres claves para sacar adelante sus reformas, Roy Barreras, por doble militancia, y la posible suspensión de varios congresistas más que debilita su posición en la Cámara. Petro observa movimientos en el Estado profundo, la operación de grupos de poder encubiertos, que no dejan avanzar el cambio que se propuso cuando llegó al poder.

“A propósito, ¿se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió Petro en Twitter. Algunos congresistas aliados como la representante María Fernanda Carrascal le mostraron su apoyo. Hace diez días, la senadora Piedad Córdoba ya usó el término para referirse a las constantes trabas con las que se topa el presidente.

Además de la anulación de la elección de Barreras, el Consejo de Estado -máximo tribunal de la administración pública- tumbó la semana pasada el nombramiento del contralor Carlos Hernández Rodríguez por vicios de trámite del Congreso. Estas decisiones no pueden ser revocadas. Le ocurre también a otros que están en el punto de mira de la justicia, como David Racero, María José Pizarro y Wilson Arias por la misma razón de Barreras, la doble militancia. Pizarro tiene un papel relevante en el Gobierno de Petro, es una de las negociadoras principales en la mesa con el ELN, y Racero es presidente de la Cámara, aliado muy activo del cambio. En su lugar entran los siguientes en las listas, pero estos tienen mucho menos peso político.

La oposición reaccionó de inmediato. Acusó de nuevo a Petro de no respetar la separación de poderes. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, el partido de Uribe, dijo en redes sociales: “Muy grave que el presidente diga que el Consejo de Estado está dándole un ‘golpe de Estado blando’ por tomar las decisiones de acuerdo a la ley”. “El presidente olvida su discurso de posesión cuando posaba de estadista y señaló que respetaría la división de poderes y a la oposición. Ni lo primero ni lo segundo ha hecho”, añadió el senador David Luna, del también opositor Cambio Radical.

El Consejo de Estado respondió al presidente que se deben evitar las declaraciones que socaven la independencia y la autonomía judicial. No obstante, el comunicado en el que lo ha hecho es un tanto ambiguo. Empieza diciendo que no cree que lo dicho por el presidente se refieran a su organismo, aunque entra de lleno en el asunto. “Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público”, se defiende.

Petro está convencido de que hay muchas resistencias a su Gobierno desde muchos sectores. El cambio, ha explicado varias veces, va a ser más difícil de lo que pensaba. Cree que incluso esas resistencias las tuvo dentro de su propio gabinete, cuando nombró a varios ministros que provenían de otras sensibilidades políticas. Fue el caso de Alejandro Gaviria, un ministro de Educación que gastó mucho tiempo en criticar la reforma de la Salud que impulsaba otra compañera, o del prestigioso economista José Antonio Ocampo, que quiso poner freno a las gastos sociales que exigían sus colegas y el propio presidente.

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El presidente ha decidido ahora dar la batalla contra sus opositores, con el ánimo de alentar a los suyos a defender el Gobierno: “Si los cambios se dan, será porque el pueblo quiere. Hasta donde el pueblo quiera. Ni un metro más, tampoco un metro menos. Hasta donde el pueblo quiera”.

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