La tala de árboles en un parque público para construir un colegio enfrenta a la comunidad y la Policía

El obrero tala el tronco de uno de los árboles con la motosierra. En segundos hace dos cortes para orientar la caída del ejemplar que creció allí durante décadas. Los habitantes observan la escena en silencio desde sus ventanas y cuando el pino se desploma lanzan gritos de pesar. Cada uno de los 14 árboles derribados esta semana pertenecía a un parque público en el suroccidente de Bogotá, donde ahora se construirá un colegio. Los habitantes llevan días protestando y tratando de impedir lo que han llama...

El obrero tala el tronco de uno de los árboles con la motosierra. En segundos hace dos cortes para orientar la caída del ejemplar que creció allí durante décadas. Los habitantes observan la escena en silencio desde sus ventanas y cuando el pino se desploma lanzan gritos de pesar. Cada uno de los 14 árboles derribados esta semana pertenecía a un parque público en el suroccidente de Bogotá, donde ahora se construirá un colegio. Los habitantes llevan días protestando y tratando de impedir lo que han llamado arboricidio. Serán 35 los árboles talados.

Catalina Dimian nació y creció a la sombra de esos árboles del barrio Marsella, que hoy ya no están. Desde hace días la zona ha sido acordonada con vallas, y decenas de policías antidisturbios la rodean para evitar el paso de la gente. Catalina corrió y logró entrar por la fuerza al parque. Lleva cuatro días con sus noches encadenada a un árbol y en huelga de hambre. Desde ahí ha visto caer uno a uno los árboles que también vio crecer.

La alcaldía ha destinado ese espacio para la construcción de un colegio que beneficiará a 1.060 alumnos. La secretaría de Ambiente le explicó a este diario que la zona no está legalmente destinada a ser un parque, pues en septiembre de 2015 “el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), de la Administración del entonces alcalde Gustavo Petro, le entregó a la Secretaría de Educación el predio”. En la zona hay una vieja valla verde con el logo de la alcaldía y la leyenda “Este parque es de todos. ¡Cuídelo!”.

Los habitantes no se oponen a que se construya, sino a que se haga en ese lugar. La alcaldesa Claudia López los ha llamado “clasistas” y “oportunistas”.

Para efectos de cobrar más o menos en los servicios públicos, las viviendas de las ciudades colombianas están clasificadas en estratos del 1 al 6. Esas categorías se han convertido, en el imaginario, en clases sociales; los más pudientes viven en los estratos 5 y 6. La localidad de Kennedy, donde está ubicado el parque, alberga estratos bajos y medios. El sector del parque es estrato 3.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, dijo a EL PAÍS que la localidad tiene un déficit de ocho mil cupos estudiantiles y que la obra ha sido socializada con la comunidad, tiene los permisos ambientales y no se va a detener. La secretaria también acusa a los protestantes de “clasistas”, pues los principales beneficiarios serán niños pobres. “Ellos protestan porque dicen que va a generar inseguridad y se van a desvalorizar sus predios”, comenta.

Al preguntarles el porqué de las protestas, los habitantes no mencionan esas razones. Hugo Hernández, vecino del sector, lamenta lo que está pasando y le preocupa no tener ese lugar para refugiarse en caso de un terremoto. “Este era nuestro punto de encuentro, nuestro espacio seguro”, dice.

El diseño del colegio de seis plantas fue contratado desde la administración anterior, la de Enrique Peñalosa. El costo total del proyecto es de $ 39.549.550.461 (8.326.221 dólares al valor de hoy) y deberá estar listo en año y medio. La obra está retrasada, porque debió comenzar en diciembre. La secretaria de Educación dice que beneficiará a estudiantes de otras localidades de la ciudad. También deberá pagar 22 millones de pesos por los 35 árboles que talará, así como trasladar otros seis, conservar uno y hacer podas significativas a 53más.

A pesar de la mesa de diálogo que tuvieron los vecinos con la Secretaría de gobierno, la alcaldía ratificó su decisión. “No nos escucharon, nunca hubo concertación con la comunidad. Yo estoy en defensa de nuestro bosque, de no llamar progreso a una destrucción”, se queja Catalina Dimian.

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Los vecinos no se resignan a la destrucción del parque. Cuando tumban otro árbol, se escuchan gritos desde las ventanas: “Asesinos, asesinos”. Ya no pueden entrar al lugar al que antes iban a caminar, jugar, pasear sus perros y hacer ejercicio. Han sido días de llanto, angustia y el clamor de una consigna: “Resistencia, resistencia”. Uno de los árboles se ha salvado porque alcanzaron a ver que albergaba el nido de una lechuza a la que no han podido sacar.

El concejal Diego Cancino, del mismo partido de la alcaldesa pero constante crítico de ella, cree que los intereses de la comunidad y de la alcaldía son legítimos, pero que no debe afectarse el espacio verde. Cancino advierte que el Distrito ha podido construir el colegio en un lote que hay en el mismo sector y cuyas dimensiones son dos veces más grandes que las del parque.

Lo que más le preocupa a Cancino, lo que considera absolutamente intolerable, es la violencia que ha ejercido la policía antidisturbios en contra de los manifestantes. “A una chica menor de edad la arrastraron y tuvo que ir a la clínica; a una señora mayor la golpearon y no podía caminar. Aquí hay una reacción absolutamente desproporcionada del uso de la fuerza por parte de la policía”, explica Cancino.

Alrededor de 50 hombres de la policía, entre antidisturbios y la policía cívica, mantienen acordonado el lugar. Esa presencia masiva para que se realice la tala de árboles contrasta con su ausencia en las calles de ese sector que, según los ciudadanos, está siendo duramente azotado por la delincuencia.

Hay videos de la manera cómo la policía ha reprimido y utilizado fuerza contra los manifestantes que protestaban pacíficamente. A Luan González la arrojaron al piso y la golpearon. “Tengo un trauma en un costado, rasguños y moretones en los brazos”, explica mientras muestra los golpes. Los vecinos han contabilizado agresiones contra 13 mujeres. González ha denunciado a los policías ante la Procuraduría. Al barrio han llegado integrantes de la primera línea, un grupo de jóvenes activistas de reclamos sociales que en pasadas protestas se enfrentó a la policía antidisturbios.

Según Greenpeace, Bogotá es la sexta ciudad de América Latina con el mayor nivel de contaminación de aire, una de las razones por las que se debe aumentar la siembra de árboles y proteger los que existen. La concentración media anual de materia particulada (PM2.5) en 2021 fue de 13,7 µg/m3, más del doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mismo estudio consideró que hubo 3.400 fallecimientos prematuros durante ese año.

El Distrito dice tener un plan para plantar 802.000 árboles en el cuatrienio, que se acaba este año. Según la Secretaría de Ambiente, van 350.000, lo que significa que falta más de la mitad. Además, aumentaron los requisitos para que desde enero de 2022 sea requisito plantar cinco árboles para cada uno que se derribe, una cifra que aumenta si se da en las localidades con menos árboles.

Recostado en el balcón, un niño llora en el décimo piso de un edificio frente al parque. Cuando cae un árbol, el niño se pone las manos en el rostro y grita un enfurecido “Noooo”, como si no pudiera creer lo que ve. En breve el verde que veía desde su ventana se convertirá en polvo y cemento si no detienen la construcción de la obra.

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