Los mil traspiés de las audiencias de John Poulos

La audiencia de este martes era importante para el caso contra John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios. La Fiscalía iba a pedir que se le enviase a la cárcel, pero eso no sucedió. La intérprete Martha Lucía Morales tomó el protagonismo con su inusual solicitud de ser apartada del proceso. Estaba agobiada ante las constantes críticas en las redes sociales a su trabajo y temía que se la responsabilice por una eventual nulidad del proceso. Sumó su renuncia irrevocable a la ya presentada por el defensor de Poulos y con eso la audiencia se aplazó para el día siguiente.

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La audiencia de este martes era importante para el caso contra John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios. La Fiscalía iba a pedir que se le enviase a la cárcel, pero eso no sucedió. La intérprete Martha Lucía Morales tomó el protagonismo con su inusual solicitud de ser apartada del proceso. Estaba agobiada ante las constantes críticas en las redes sociales a su trabajo y temía que se la responsabilice por una eventual nulidad del proceso. Sumó su renuncia irrevocable a la ya presentada por el defensor de Poulos y con eso la audiencia se aplazó para el día siguiente.

El asesinato de Valentina ha conmocionado a Colombia. Su cadáver apareció el domingo 22 de enero en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, y las sospechas inmediatamente recayeron en quien era su novio. John Poulos, ciudadano estadounidense, no respondía a los mensajes de los allegados de la víctima. Tenía antecedentes de conductas obsesivas contra su pareja, según la familia de Trespalacios. Y un conductor de una aplicación de transporte señalaba que Valentina le había pedido ayuda el sábado, antes de subirse al auto en el que Poulos y ella fueron a una discoteca. Después, se supo que Poulos intentó escapar al país europeo de Montenegro y aparecieron videos incriminatorios. El caso contra él era contundente.

La esperanza para el presunto asesino está en cuestionar los errores procesales. En la audiencia de legalización de su captura del pasado jueves, que terminó en la madrugada del día siguiente, argumentó supuestas irregularidades cuando fue detenido en Panamá. El reclamo principal era que habían pasado más de las 36 horas máximas establecidas entre la detención y la legalización. Además, las autoridades habían supuestamente violado sus derechos humanos al utilizar unas pequeñas esposas que le dejaron las manos moradas. El juez declaró válida la captura y el proceso avanzó un paso.

Pero desde entonces la intérprete Martha Lucía Morales llamó la atención. Sus traducciones no eran literales, la pronunciación no era correcta, los mensajes no fluían. Le dijo a Poulos que había quedado “imputated” en vez de “charged”, confundió el extravío del celular de Trespalacios con la desaparición de 7.000 dólares y pidió varias veces que le repitieran las palabras que debía traducir. Las redes sociales estallaron. “Muy poco técnico el inglés de la señora y esto se trata de la vida y libertad de una persona, de los derechos de las víctimas. Cualquier error puede echar todo al traste”, cuestionó una periodista de The Washington Post en Twitter.

Este martes, Morales no aguantó más. Expresó al juez que era consciente de que la sociedad sigue las audiencias con atención y que en caso de que el proceso se viese afectado ella podía ser señalada como responsable de generar “un disgusto a la sociedad”. “Prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo a fin de que se garantice el artículo 26 de la Constitución Política, como es el derecho al debido proceso”, declaró al juez en un escrito que leyó él mismo.

La respuesta fue que el juzgado no tenía competencia para aceptar la renuncia, que debía tramitarse ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, responsable de la designación. Sin embargo, todo cambió cuando el juez solicitó a las diferentes partes que se expresasen al respecto. El abogado de la familia de Trespalacios, Miguel Ángel del Río, y la Procuraduría apoyaron la solicitud. “Me preocupan las manifestaciones que hace la traductora de advertir de que su posición no está a la altura de las circunstancias”, dijo del Río. “Hay que garantizar el derecho a la defensa. Es la misma profesional la que manifiesta no contar con el léxico jurídico necesario”, agregó la representante del Ministerio Público. Ambos pidieron que se le preguntara a Poulos si estaba conforme con la traducción.

El juez realizó entonces una especie de sesión de apoyo emocional para Morales. Explicó que ella no dudaba de sus capacidades, y que estaba afectada por las burlas “tendientes a señalar su incapacidad y su mediocridad”. Leyó otra parte del escrito que presentó la intérprete: “He ejercido por más de 30 años mi labor como traductora oficial sin que nunca haya tenido queja alguna o tacha sobre mi idoneidad”. Finalmente, le dijo a Morales que siguiera adelante. “Demuestre ese carácter y ese talante que le ha permitido durante tres décadas adelantar esa gestión. No puede permitir que tres décadas de trabajo se vayan al traste”, remarcó.

El momento más incómodo para Morales vino después, cuando tuvo que consultarle al procesado si estaba conforme con la traducción. “¿Señor John Poulos, cómo se siente respecto a mi interpretación respecto a este caso?”, preguntó. La respuesta no fue la que esperaba el juez, que resaltó varias veces que el ciudadano estadounidense nunca se había quejado. “A veces usted necesita confirmar las palabras [que utilizo]. Entonces me preocupa un poco que algunas palabras se estén perdiendo”, respondió Poulos. Después, ella tuvo que preguntarle si quería otra intérprete. Y él dijo que sí.

El juzgado finalmente aceptó la renuncia. “El despacho accederá, dejando constancia de que ninguna afectación relevante se puede advertir”, dijo el juez. Morales deberá mantener sus tareas hasta que la entidad encargada designe un reemplazo, algo que es difícil por escasez de traductores. La audiencia se aplazó para el miércoles a las 9.00.

Cambio de estrategia

Morales acaparó la atención, pero no fue el único traspié. Martín Riascos presentó su renuncia a defender a Poulos al inicio de la audiencia. Denuncio amenazas. “Prevalece mi vida en este momento, y si tengo que colgar mis diplomas y vestidos como abogado, lo haré”, declaró. Recordó que los abogados defienden derechos y no personas, y dijo que está satisfecho con su labor: “Me retiro, su señoría, por la puerta grande. Cumplí con mis funciones, pero la judicatura no da las garantías procesales para los abogados que ejercemos tan noble ejercicio”.

Miguel Ángel del Río comenta por teléfono a este periódico que la renuncia ha tenido el “efecto colateral” de fortalecer una nueva estrategia de la defensa de Poulos, pese a que entiende las razones de Riascos. Cree que la contundencia de las pruebas hacen que la única opción disponible sea plantear vicios y nulidades en el procedimiento. “Nos veremos enfrentados, lo doy casi por seguro, a la solicitud de nulidad en unos meses”, señala.

Poulos fue más elocuente y expresivo en esta última audiencia. Estuvo más agresivo. No solo en pedir el reemplazo de Morales, sino en denunciar que el Estado no le había facilitado un intérprete fuera de las audiencias. “Para los que vengan a Colombia, [sepan que] los derechos establecidos no están realmente presentes”, enfatizó. El juez negó que sus derechos hubieran sido vulnerados y consideró “poco creíble” que fuera esa la razón por la que no pudo contratar un abogado de su confianza. Pero la estrategia de sembrar dudas es clara.

El abogado de la familia de Trespalacios cree que el cambio de estrategia se debe a que la defensa de Poulos se dio cuenta de que el silencio puede ser contraproducente si se quieren probar vicios de procedimiento. El afectado no había manifestado hasta ahora su inconformidad con Morales, algo que podía interpretarse como una convalidación. Del Río había sido, hasta ahora, el que había pedido al juez un cambio de traductora.

La Fiscalía de Colombia investigó el año pasado unos 180 casos de asesinatos contra mujeres como feminicidios, aunque organizaciones como el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una iniciativa de la sociedad civil, dicen que hubo 612 casos registrados.

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