Las siete claves del primer semestre del Congreso

En su primera entrevista a un medio internacional después de ser elegido presidente, Gustavo Petro le dijo a EL PAÍS : “Las reformas se hacen el primer año o no se hacen.” Ha pasado la mitad de ese año en términos legislativos, pues el viernes 16 terminó el primer período de sesiones de esta legislatura en el Congreso. En los cuatro meses de sesiones, quedaron claras estas siete claves:

El Congreso mostró que la mayor fuerz...

En su primera entrevista a un medio internacional después de ser elegido presidente, Gustavo Petro le dijo a EL PAÍS : “Las reformas se hacen el primer año o no se hacen.” Ha pasado la mitad de ese año en términos legislativos, pues el viernes 16 terminó el primer período de sesiones de esta legislatura en el Congreso. En los cuatro meses de sesiones, quedaron claras estas siete claves:

1. El presidencialismo se pinta de otro color político

El Congreso mostró que la mayor fuerza política en Colombia, en temas legislativos, no tiene tanto un tinte ideológico como una mirada realista a la política: no era la derecha antes ni es la izquierda ahora. La mayor fuerza política es el presidencialismo. Eso debido a varios factores: una tradición en la que el Ejecutivo concentra la atención de la opinión pública; una arquitectura institucional en la que el presidente cuenta con períodos fijos; un gran control del gobierno sobre el presupuesto y miles de cargos bien remunerados, que a su vez pueden contratar miles de personas que no tienen puestos fijos en el Estado.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, el petrista David Racero, la fuerza viene del voto popular por el presidente elegido: “es un Congreso que, aunque mayoritariamente esté compuesto por fuerzas tradicionales, ha comprendido que el pueblo votó por un cambio; y que cambian o los cambian”. Para el senador David Luna, de Cambio Radical y crítico del Gobierno, la cuestión es más sencilla: “En un país tan presidencialista, cualquier presidente arma una coalición. Esta sorprende por quiénes la conforman, no porque exista”.

Que eso sea una expresión del presidencialismo se nota, por ejemplo, en una de las grande leyes aprobadas en este período, que el Gobierno llamó de paz total. La norma, más que reformar un status quo, lo que hizo fue adaptarlo al nuevo Gobierno: prorrogó cuatro años más la llamada ley de orden público en la que, desde hace un cuarto de siglo, todos los Congresos delegan en el Ejecutivo la posibilidad de negociar con grupos armados ilegales. Esa delegación de funciones, en la que los legisladores de forma voluntaria reducen su poder, es una muestra del presidencialismo. Lo es también la nueva ley que crea el Ministerio de la Igualdad: contiene un artículo que permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley, durante seis meses, para decidir qué entidades pasarán a depender del nuevo ministerio.

2. La bancada de los tradicionales sigue siendo fundamental para Petro

Aunque el Congreso tiene muchas caras nuevas —alrededor de dos tercios de sus miembros— los políticos tradicionales mantienen peso suficiente para ser decisorios. Lo son en términos numéricos: los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U suman 50 de los 108 senadores y 86 de los 187 representantes. Son cifras que, si bien les impiden armar una mayoría, hacen que tanto la izquierda como la derecha del Centro Democrático, y los cristianos, necesiten de sus votos para sacar adelante las iniciativas.

En el Legislativo, las bancadas liberal, conservadora y de La U apoyaron de manera permanente y casi unánime al Gobierno. Sus votos fueron definitivos para que saliera adelante la reforma tributaria o para que no prosperara la moción de censura contra la ministra de Minas Irene Vélez. Su importancia está clara dentro del Gobierno: Petro nombró al exsenador de La U Mauricio Lizcano como director de la Presidencia, y designó en el ministerio de Transporte a Guillermo Reyes como cuota de los conservadores. Otro político tradicional de La U que se reinventó en la campaña electoral como aliado de Petro, el presidente del Senado Roy Barreras, ha contado con el sustento del presidente y de la bancada petrista.

3. La estrategia de apostarle al primer año ha funcionado

De forma sorpresiva, la bancada del petrista Pacto Histórico se quedó con las presidencias del Senado, en cabeza de Roy Barreras, y de la Cámara, con David Racero, en el primero de los cuatro años de este Congreso. Eso les permitió controlar la agenda de los proyectos de ley, los ritmos de los debates y las prioridades legislativas en el primer año. Es inusual que un mismo partido ocupe las dos presidencias de forma simultánea, y para lograrlo debe negociar el apoyo de otras bancadas en una suerte de coalición interna del Congreso para definir esas presidencias, las de las comisiones y otros cargos, por el cuatrienio entero.

Para Racero, esa estrategia ha sido exitosa. “Se le reconoce a Roy Barreras su capacidad de traer otros sectores a este gran Frente Amplio que desde un principio invitó al presidente. Hoy nuestro proyecto de país no es un proyecto de izquierda, es un proyecto nacional”, dice a EL PAÍS, a la vez que explica que el Gobierno ha logrado cambios significativos. “Tenemos una presidencia de Cámara y Senado comprometida con el cambio y eso es lo que organiza el debate y orienta la discusión”.

4. El Gobierno priorizó la plata y el marco legal para sus grandes apuestas

La senadora del Pacto Histórico Clara López, que tiene una larga trayectoria en la política y la función pública, cuenta que los avances legislativos de este período fueron planeados estratégicamente para que 2023 sea plenamente el primer año del Gobierno. Este último aseguró dinero y sostenibilidad fiscal, además de avances en igualdad, para ejecutar programas sociales con la reforma tributaria; definió el marco de negociación con los grupos armados, que está en el corazón del plan de Gobierno, con la llamada ley de paz; avanzó sus banderas con la creación del Ministerio de la Igualdad y los avances en las reformas constitucionales que reconocen el campesinado como actor político.

Aunque reformas muy sonadas, como la laboral, la de salud y la pensional quedaron postergadas, era justamente la idea. “Fue una decisión planeada. No queríamos generar un trancón de proyectos de ley, y mucho menos dispersar el debate social. Este semestre decidimos hacer el debate público en cuanto a lo económico y a la paz. El próximo semestre haremos el debate en torno a lo social. Y le soy sincero, el país nos va a recordar por las transformaciones sociales que hagamos el próximo año. Ahí miraremos si triunfamos o fracasamos”, explica Racero.

5. Petro tiene las mayorías para sacar adelante sus reformas sociales

Las mayorías construidas con aliados tradicionales, inclusive de derechas, pintan sólidas para el próximo semestre de las reformas sociales. El trámite de la reforma tributaria da pistas de lo fuerte que se ven esos apoyos. El proyecto de ley inicial era más ambicioso en términos de recaudo y de igualdad, y si bien se aprobó en una versión recortada, eso es usual en ese tipo de leyes pues aumentar los impuestos puede quitarle votos a los congresistas. Sin embargo, varias propuestas del Gobierno que parecían poco viables salieron adelante. Por ejemplo los impuestos saludables, que habían sido rechazados en los últimos años, o un impuesto al patrimonio permanente.

“Creo que hay una nueva sensibilidad”, dice Racero, el presidente de la Cámara. “Le doy un ejemplo: aprobamos en primera vuelta la posibilidad de reducir un mes el receso de los congresistas que en el periodo anterior se había engavetado”, añade. Para la senadora López, eso se debe a que al tratarse de una coalición plural, con criterios divergentes, los acuerdos internos son muy trabajados.

6. La oposición más efectiva puede ser la de la centroizquierda

Si bien la mayoría pinta sólida, no está exenta de oposición. Hasta ahora ha gozado con la ventaja de que el uribismo, la principal fuerza contraria al Gobierno, está debilitado (carga el lastre de la mala imagen y los problemas judiciales del ex presidente Álvaro Uribe, y no tiene una cabeza visible que lo unifique y pueda convertirse en jefe de la oposición). Sin embargo, un problema más grande le puede llegar a la mayoría desde la centroizquierda: sectores que no son parte del Pacto Histórico de Petro y que tampoco provienen de la política tradicional.

Justamente eso parece señalar la fuerte disputa por varios artículos de la reforma política entre las representantes verdes Katherine Miranda y Cathy Juvinao, su copartidario el senador Ariel Ávila, o Jennifer Pedraza del partido de izquierda Dignidad, y varias voces gobiernistas. Miranda ha dicho en Twitter que los petristas “Aprobaron la reforma política con el regalo de reelección para el actual congreso y eliminación de protección a las minorías políticas. Se están equivocando, destrozan la democracia.” Susana Boreal, del Pacto Histórico, dice que “El Partido Verde busca sabotear el informe de conciliación de la reforma política en Cámara para tumbarla” y su colega María del Mar Pizarro acusó directamente a Ávila de incluir uno de los artículos de la polémica (en realidad venían de antes) y dice “¿Coincidencia o estrategia para tumbar la reforma? Esto es un saboteo de algunos integrantes del verde”.

7. Las elecciones regionales se pueden atravesar a la agenda del Gobierno

Que el choque se haya dado en temas políticos sirve para recordar que en octubre de 2023 habrá elecciones locales y regionales, en la que se definirán más de 1.000 alcaldes, 32 gobernadores y miles de concejales, diputados y ediles por los siguientes 4 años. Ese horizonte electoral puede reforzar el riesgo de una oposición de centroizquierda al Gobierno, o por lo menos de voces que busquen marcar diferencias programáticas e ideológicas para competir electoralmente. Esto es particularmente notorio para las fuerzas menos tradicionales, especialmente de centro y centroizquierda, que lograron victorias en las alcaldías de las grandes ciudades en las elecciones de 2019. Y el Pacto Histórico busca consolidarse como gran fuerza de la izquierda. En palabras del representante Alirio Uribe, el Pacto “contempla ganar 600 alcaldías y la mitad de las gobernaciones″, con una estrategia en la que hasta ahora se ha planteado competir, no aliarse, con las otras fuerzas de la coalición legislativa.

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