Las opiniones divididas de los militares sobre el servicio social para la paz

El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. A este derecho apelan el Gobierno y su bancada para incluir en el proyecto de ley de la Paz Total una opción de servicio obligatorio al Estado que no sea militar. Con la aprobación del texto final de ese proyecto en la madrugada del jueves por el Senado y en la noche del mismo día por la Cámara, para que el servicio social para la paz sea una realidad solo falta que e...

El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. A este derecho apelan el Gobierno y su bancada para incluir en el proyecto de ley de la Paz Total una opción de servicio obligatorio al Estado que no sea militar. Con la aprobación del texto final de ese proyecto en la madrugada del jueves por el Senado y en la noche del mismo día por la Cámara, para que el servicio social para la paz sea una realidad solo falta que el Gobierno lo reglamente. Su funcionamiento se haría de forma paralela al desmonte gradual del servicio militar obligatorio.

El nuevo servicio social sería obligatorio para los hombres jóvenes que podrán elegir entre 11 actividades: alfabetización digital; trabajo con víctimas del conflicto armado; promoción de las políticas de paz; protección de la naturaleza y la biodiversidad; trabajo con personas damnificadas por desastres naturales; trabajo en la reforma rural integral; vigía de patrimonio cultural; promoción en educación sobre cambio climático; cuidado de personas en condición de discapacidad; promoción de la cultura campesina y derechos étnicos; y servicio social para la refrendación de los acuerdos de paz. Al igual que el SMO tendría una duración de 12 meses y al final se emitirá un certificado equivalente a la libreta militar, que se reconocería como experiencia laboral.

La propuesta ha causado diversas opiniones, con sectores que consideran que la disminución del pie de fuerza militar tendría un costo muy elevado, pues se debería suplir la ausencia de reclutas con soldados profesionales, que le cuestan el doble al Estado. El Ministro de Defensa, Iván Velasquez, ha respondido que precisamente la intención del Gobierno es profesionalizar las fuerzas militares. Más allá del debate público, en las Fuerzas Armadas las opiniones parecen ser menos heterogéneas aunque con una clara diferencia generacional. El tema ha sido tan polémico que en los militares activos hay una suerte de silencio prudencial al respecto. Más de cinco militares de diferentes fuerzas fueron consultados por este medio y todos le respondieron a EL PAÍS que es un tema del que no pueden opinar. Entre los retirados y los jóvenes bachilleres las visiones son opuestas: las nuevas generaciones de militares y quienes prestaron el servicio militar recientemente y no siguieron la carrera ven con buenos ojos la propuesta.

Así lo expresa Daniel Hernández, un joven que hasta hace apenas unos meses estaba en el Ejército, “Me parece una alternativa bastante útil para la sociedad ya que no se promueve violencia, ni el entrenamiento físico para el manejo de armas letales con la excusa de ‘defender’ el país. Si hubiese tenido esa opción no dudaría en tomarla”. En ello coincide Andrés, quien realiza su servicio en un batallón al sur del país: “me parece algo bueno que haya más alternativas para este tipo de cosas y que sean beneficiosas para comunidades que verdaderamente lo necesitan y no solamente para una institución que tiene principios y actitudes bastante cuestionables”. Para Raúl Musse, miembro de ACOSIPAR, la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina en retiro, el escenario no es positivo : “Veo bien trabajar en lo social por las personas en vulnerabilidad o cuidar la naturaleza. Lo demás todos sabemos que no es incluyente, solo es a favor de los que conviene, es decir, las víctimas de un lado son favorecidas y las del otro no son tenidas en cuenta”, comenta. Alexander, un mayor retirado, opina que el impacto de este servicio sería mucho peor: “Es una forma disimulada de minar el servicio militar obligatorio. Si los jóvenes ya no van a prestar el servicio quién va a cuidar nuestras fronteras, quiénes va a integrar las unidades o batallones que tienen las fuerzas armadas. La gran mayoría del pie de fuerza del ejército son soldados bachilleres. Lo que busca esto es acabar con la fuerza pública”.

En contraste, en la corporación Veteranos por Colombia, una de las agrupaciones de militares retirados más grande del país, la iniciativa fue bien recibida, distante a la opinión generalizada de las reservas. “Para nosotros el Servicio Social para la Paz es una oportunidad para que los jóvenes presten un servicio a la sociedad de otras formas. Retribuirle a sus comunidades, o por ejemplo, el tema de alfabetización es muy importante”, afirma la suboficial retirada y directora de la corporación, Yuli Cepeda. “Para hacer una fuerzas militares más autosuficientes, más respetuosas de los DDHH, estas tienen que disminuir”, concluye.

Por otro lado, si bien las 46 organizaciones que conforman el movimiento antimilitarista en Colombia consideran que el Servicio Social para la Paz es avance pues impulsa una opción diferente a servicio militar e incluso, podría ser una iniciativa que impulse a otros países a tomar rumbos similares, también expresaron su preocupación en un comunicado donde detallan aspectos en los hay incertidumbre.

Por ejemplo, en el articulado no se aclara si la remuneración de este servicio social será igual, mayor o menor que la establecida para el militar; o cómo se garantizará el derecho a la objeción de conciencia para los jóvenes que no deseen prestar ninguno de los dos servicios. Al proyecto solo le falta la sanción presidencial para transformarse oficialmente en ley y su aprobación convertiría a Colombia en uno de los pocos países de la región en avanzar en la eliminación del servicio militar o en tener una opción diferente. En Latinoamérica el servicio militar es voluntario solamente en Argentina, Panamá, Perú, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Uruguay.

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