Ley de garantías: un bumerán de la Corte Constitucional para Duque

El presidente Iván Duque ha vuelto a toparse con la Corte Constitucional de Colombia. La decisión del alto tribunal, que esta semana tumbó la reforma que dejaba en suspenso en plena campaña electoral la llamada ley de garantías, es la crónica de una derrota anunciada. Juristas, observadores, organizaciones de la sociedad civil y políticos de distintas orillas había...

El presidente Iván Duque ha vuelto a toparse con la Corte Constitucional de Colombia. La decisión del alto tribunal, que esta semana tumbó la reforma que dejaba en suspenso en plena campaña electoral la llamada ley de garantías, es la crónica de una derrota anunciada. Juristas, observadores, organizaciones de la sociedad civil y políticos de distintas orillas habían advertido con insistencia que esa modificación, aprobada en octubre sin mayor debate en el Congreso, atentaba contra la transparencia y desconocía principios básicos de la Constitución.

La coalición de Gobierno impulsó el controvertido artículo, calificado de “jugadita” por la oposición, que en esencia suspendió la prohibición que impide a alcaldes y gobernadores firmar contratos públicos en periodo electoral. Su aprobación provocó una oleada de indignación y polémica, e incluso el expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque, se distanció de la medida. El Gobierno defendió en su momento que era necesario para la reactivación económica después del hundimiento por la pandemia. Transparencia por Colombia alertó de que el cambio incrementaba “los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales”.

El artículo de la discordia se mantuvo vigente mientras la Corte lo estudiaba y se pronunciaba. En esos meses, se firmaron más de 600 contratos que representan al menos 3,4 billones de pesos, unos 840 millones de dólares, y que ahora deberán dejarse sin efecto, pues la decisión tiene efectos retroactivos. El tribunal señaló que a partir del momento en que informó su decisión, el pasado jueves, “no será posible suscribir convenios interadministrativos”, y que “aquellos trámites que se encuentren en curso deberán terminarse inmediatamente”. Los convenios que no se hayan ejecutado completamente, deberán terminarse y liquidarse. El senador de oposición Iván Cepeda, al conocerse la decisión del tribunal, anunció que presentará acciones ante la procuraduría y la contraloría contra el presidente Duque y otros funcionarios, “responsables por las consecuencias para el erario y para la democracia de la suspensión de la Ley de Garantías con fines electorales”

La consultora Liliana Caballero, que ha sido directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, explica que la Ley de garantías fue adoptada en su día para prevenir corrupción y clientelismo en épocas electorales y busca la transparencia del Gobierno frente a las campañas electorales. “Es una Corte que está cumpliendo con su deber de defender la Constitución, que hace respetar los pesos y contrapesos”, señala Caballero. El efecto más inmediato es que en las semanas que faltan hasta la primera vuelta presidencial del 29 de mayo no se pueden celebrar esos contratos, pero “la consecuencia más importante es que hay que respetar las normas, Colombia es un Estado Social de Derecho”.

En los detalles jurídicos, la llamada Ley de garantías es en realidad un aparte de una ley estatutaria, de mayor jerarquía, que limita la contratación pública durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, con el propósito de evitar que los gobernantes la usen para favorecerse, como explica el constitucionalista Rodrigo Uprimny. Se remonta al año 2005 y fue aprobada por los desequilibrios generados por la reelección –que se aprobó para favorecer el segundo mandato de Uribe y volvió a ser derogada después del Gobierno de Juan Manuel Santos–. “Una ley estatutaria solo puede ser modificada por otra ley estatutaria”, señala Uprimny, pues requieren mayorías más fuertes y revisión previa de constitucionalidad.

Pero no fue así como procedieron el Ejecutivo y el Legislativo con la Ley de garantías. Simplemente la suspendieron a través de un artículo en la Ley de presupuesto, que es una ley ordinaria y de contenidos muy precisos en la que no se puede introducir modificaciones de garantías electorales. Así se materializó lo que en la jerga política colombiana se califica como un “mico”, un artículo, párrafo o término que aparece en un texto parlamentario en el último momento y obedece a intereses políticos particulares. Ese artículo cambió las reglas de juego justamente cuando se avecinaban las elecciones y fue masivamente rechazado por la opinión pública. Todos los entendidos anticiparon que la Corte tumbaría la decisión.

En el camino a la decisión judicial, sin embargo, se celebraron elecciones legislativas en marzo. Varias de las reacciones al fallo de la Corte apuntan precisamente al tiempo que se perdió en plena campaña. Sergio Fajardo, el candidato presidencial de centro, fustigó al presidente: “Iván Duque, con su formación de abogado, sabía que esto iba a ocurrir. Y aun así decidió seguir adelante. Igual lo hizo el Congreso. Todos sabían y no les importó. A estas alturas, el daño está hecho”. Gustavo Petro, el líder de todas las encuestas, celebró que “se deshizo la compra de alcaldes y gobernadores”. Otro de los aspirantes, el independiente Rodolfo Hernández apuntó directamente a Federico Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha y el menos crítico con el presidente. “La ley de falta de garantías ha caído. El Gobierno Duque debe ser juzgado y recibir el castigo que merece por modificar la ley para comprar voluntades a favor de Fico”, señaló.

Todo el episodio ha sido “groseramente inconstitucional”, valora Uprimny. “Lograron que su trampa tuviera efectos parciales”, se lamenta el también investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. “Lo que hicieron el Gobierno y el Congreso tuvo un efecto muy antidemocrático”.

En el ocaso de su mandato, que expira el próximo 7 de agosto, el presidente Duque ha dicho que le gustaría en el futuro ser magistrado de la Corte Constitucional. Pero ese deseo contrasta con la larga lista de desencuentros que ha mantenido con ese alto tribunal, a los que viene a sumarse la sentencia de esta semana. La Corte, entre otras, enterró las objeciones del mandatario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la cadena perpetua a violadores de niños que promovió el Ejecutivo y también ordenó al Gobierno garantizar la seguridad y la vida a los exguerrilleros de las FARC, al señalar sus incumplimientos al acuerdo de paz. Duque también rechazó en febrero la despenalización del aborto, que equiparó a “una práctica anticonceptiva”, después de otro emblemático fallo de la Corte, celebrado como histórico por los colectivos feministas en toda América Latina.

La polémica también rodea al presidente sobre la manera en que ha copado los poderes independientes, al lograr instalar a personas muy cercanas en distintos organismos de control. En su mandato, el Congreso eligió como fiscal general a Francisco Barbosa, íntimo amigo de Duque desde que fueron compañeros en la Universidad Sergio Arboleda; como defensor del pueblo al político conservador Carlos Camargo, otro abogado de su alma mater; y como procuradora general de la nación a Margarita Cabello Blanco, que había sido su ministra de Justicia. En ese ambiente se ha reavivado la discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de distintas entidades con respecto al Ejecutivo.

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