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Josep Lluís Carod-Rovira, José Montilla y Joan Saura / REUTERS
No todo está perdido. La sentencia es solo el comienzo de una nueva etapa de tira y afloja permanente entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para repescar por la vía de la negociación política lo que el Tribunal Constitucional ha podado del Estatuto catalán.
De momento, el PSOE y el PSC han encontrado en el ataque al PP su único punto de enlace tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. "La sentencia supone un fracaso rotundo de la estrategia del PP", proclama el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso.
Si hay que atenerse solo a los datos, el PP se ha llevado un varapalo notable con la sentencia del Constitucional. Hay 72 artículos que este partido recurrió y el tribunal deja intactos. Sólo le hace caso en 14, y muy parcialmente. El Estatuto que va a quedar tras la sentencia, por tanto, es muy distinto del que le gustaría al PP.
Una decena de las 48 leyes aprobadas hasta ahora en Cataluña con el Estatuto como referencia pueden sufrir modificaciones debido al fallo del Tribunal Constitucional. A la espera de conocer la sentencia y la argumentación completa de los magistrados, la Generalitat ha encargado a un grupo de juristas que examine qué salidas puede tomar a partir de ahora.
El catedrático y abogado Gregorio Peces-Barba Martínez ha sido galardonado con el XVI Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, por su "larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española".
La guerra abierta en la que se ha convertido la política de Castilla- La Mancha desde que estalló el caso Bono se recrudece cada día. El lunes, el presidente del Congreso aseguró que eran Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, quienes estaban detrás de las denuncias contra él.
El PSOE pidió ayer, en un comunicado oficial, explicaciones a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por las supuestas "operaciones dudosas" realizadas por su marido, Ignacio López del Hierro, en la Caja de Castilla-La Mancha (CCM).
La capital se convirtió ayer en una ciudad colapsada. Más de dos millones de personas se quedaron en Madrid sin su medio habitual de transporte. El metro amaneció cerrado y durante todo el día no circuló ni un solo tren, algo que no había pasado desde hacía 23 años.
El intento sindical de paralizar Euskadi se quedó finalmente ayer a medio camino. La sociedad vasca protagonizó la huelga más contundente de la última década. Un paro convocado de forma separada por las centrales nacionalistas y CC OO cuyo seguimiento, sin embargo, fue desigual en función de comarcas o sectores y que distó de ser general, como pretendían los convocantes.
La red corrupta del caso Gürtel pescó también en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía de Delincuencia Económica recabaron ayer en Palma y en Madrid los contratos y facturación a Administraciones públicas de la agencia de publicidad Over MC y de la firma Easy Concept.
El subteniente en la reserva Francisco Morcillo Moya, de 61 años, murió ayer por la mañana tras una explosión en el Servicio Central de Desactivación Explosivos (Sedex) de la Guardia Civil, con sede en el colegio de guardias jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid).
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