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"¡Son piratas, son piratas!", es lo único que le dio tiempo a decir al patrón del Alakrana por radio antes de tenerlos en cubierta. Eran las 5.30 de ayer, hora española, y el atunero, con la red echada, no pudo escapar. El Alakrantxu, otro pesquero propiedad de la misma empresa, Echebastar Fleet SLU, de Bermeo (Vizcaya), oyó la llamada de socorro.
"Abandonan a su suerte a los atuneros de bandera española", le dijo al Gobierno el día 22 de septiembre el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, en el pleno del Congreso. Y la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró siete días antes en la Cámara que la solución es que los armadores contraten seguridad privada para proteger los barcos.
La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso aprovechó ayer el secuestro del atunero Alakrana para arremeter contra la ministra de Defensa, Carme Chacón, culparla por la falta de seguridad de los barcos que faenan en el Índico y forzar su comparecencia en la Cámara.
Bermeo, un importante municipio pesquero vizcaíno situado a unos 34 kilómetros de Bilbao, se movía ayer entre la esperanza y el pesar. Con el reciente asalto que sufrió el atunero Alakrana hace apenas un mes -del que logró escapar- aún fresco en la memoria, a muchos de los vecinos del municipio pesquero, donde el barco tiene su base, les vencía la indignación.
"Estamos reviviendo el peor momento de nuestras vidas". Los tripulantes del pesquero vasco Playa de Bakio, que estuvo secuestrado durante siete días por piratas en las costas de Somalia, en abril del año pasado, no podían contener la rabia y la impotencia que les producía saber que su dolorosa experiencia "no ha servido para evitar que otros compañeros hayan acabado corriendo la misma suerte", lamentaba Ignacio Abal, primer oficial gallego, de 39 años, en conversación telefónica desde aguas del océano Atlántico.
Mónica Oltra, portavoz del Grupo Parlamentario valenciano Iniciativa pel Poble Valencià (IpPV), presentó ayer a la Fiscalía General del Estado una denuncia por un supuesto delito de prevaricación de Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en las decisiones sobre el caso Gürtel.
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol ajusta cuentas con el PSOE en la segunda parte de sus memorias. El veterano político catalán asegura en el libro -que la semana próxima saldrá a la venta- que los socialistas se plantearon forzar la dimisión del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez para poner en su lugar a un militar "de talante democrático".
Abusar de su condición de magistrada para obtener un trato preferente le ha costado muy caro a María Dolores Barragán Ladrón de Guevara, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Úbeda (Jaén). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ha inhabilitado por un año.
El Tribunal Constitucional está inmerso desde hace tres años en las discusiones del Estatuto de Cataluña. Esta tarea ha ocultado otros casos que están pendientes de resolución desde hace mucho más tiempo y que pueden tener consecuencias irreversibles.
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