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Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto.
La Generalitat valenciana tocó a rebato entre los empresarios para celebrar ayer en Valencia un acto masivo con el presidente Francisco Camps. Ante unos 400 representantes de distintos sectores económicos, el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, afirmó que "quienes tratan de ofender y dañar" al presidente "ofenden y dañan a la Comunidad Valenciana".
Por mucho que lo intenta, Mariano Rajoy no logra que el interés informativo y los comentarios internos en su partido se centren en su innegable éxito electoral en las gallegas. Las constantes novedades de la trama corrupta en la que están implicados hasta 15 dirigentes del PP le obligan en cada discurso a dedicar unos minutos al asunto.
Después de consumar en cuatro sesiones el carpetazo a la investigación parlamentaria sobre el presunto espionaje político en Madrid -argumentando que no puede haber responsabilidades políticas porque "no hubo espionaje"-, el PP le pasó ayer la pelota a los tribunales y expresó su confianza en que éstos lleguen al "total esclarecimiento de los hechos". ¿Qué hechos, si no hubo espionaje?
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, y Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, se cruzaron ayer un breve saludo y una mirada esquiva en la presentación de 1.141 nuevos policías que se incorporan a Madrid.
La dirección federal del PSOE pretende casi un imposible: desalojar al PNV del gobierno, pero sin que se sienta marginado y manteniendo abierto el diálogo con dicho partido tanto en el Congreso como en Euskadi.
"¿Qué es eso de la deuda histórica?". A esta pregunta se ha tardado en responder 27 años, cuando en el primer Estatuto de Autonomía para Andalucía se acordó que la comunidad tenía que recibir anualmente un dinero extra del Estado por el déficit de las transferencias en vivienda, sanidad y educación y por la situación de subdesarrollo de la que partía Andalucía.
El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, intenta dar carpetazo a la polémica de los informes externos de dudosa utilidad encargados por su Gobierno en 2007. El método que ha escogido es negarle a la oposición copia de los estudios encargados por el Departamento de la Presidencia tal como le había solicitado Convergència i Unió en el Parlamento catalán.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, justificó en su comparecencia en el Congreso la reciente protesta de jueces por la "insostenible situación" de la Justicia.
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