Los republicanos de Texas cargan contra la suspensión de los nuevos mapas electorales que los beneficiaban

La más reciente réplica del terremoto político de los rediseños de los mapas electorales en Estados Unidos sacudió Texas esta semana. El martes, un panel de jueces federales bloqueó el nuevo mapa congresional aprobado por el Estado que beneficiaba al Partido Republicano, y, en el proceso, no solo alteró los preparativos para las elecciones de 2026, sino que también desató una revuelta interna sin precedentes entre los propios republicanos. El fallo —redactado por el juez Jeffrey Brown, designado por Donald Trump y de tendencias claramente conservadoras— concluyó que el mapa aprobado este verano es un gerrymandering racial inconstitucional. En respuesta, la cúpula republicana del Estado de Texas, en el que controlan todos los poderes de gobierno, ha cerrado filas y lanzado una ofensiva para restaurar el mapa presentado en el verano, recurriendo directamente al Tribunal Supremo de Estados Unidos a la vez que denuncian lo que califican de ataque judicial contra la autoridad legislativa.

Pero la figura en el centro de esta tormenta no es un jurista progresista, ni un nombramiento demócrata, sino Brown. Durante más de dos décadas, Brown ha sido un aliado ideológico fiable para gobernadores, fiscales generales y grupos de defensa conservadores texanos. Su sentencia, por lo tanto, sacudió al Partido Republicano estatal, provocando acusaciones de traición y una cascada de ataques.

Brown ascendió rápidamente en la jerarquía judicial texana. Nombrado en 2001 por el entonces gobernador Rick Perry para el Tribunal de Distrito 55, llegó al Tribunal Supremo de Texas, donde formó parte de una bancada enteramente republicana. Sus fallos le granjearon elogios entre activistas conservadores: se posicionó repetidamente del lado de los opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo y expresó abiertamente posturas contrarias al aborto. Cuando Donald Trump lo nominó para la judicatura federal en 2019, el fiscal general Ken Paxton lo celebró como un jurista de “fidelidad a la Constitución”, mientras que el gobernador Greg Abbott alabó su “compromiso con el imperio de la ley”.

Ese largo historial hizo aún más inesperado su fallo del martes. Brown y el juez David Guaderrama —nombrado por Barack Obama— concluyeron que el mapa de 2025 no era simplemente una maniobra partidista, sino una reingeniería racial deliberada de los límites congresionales de Texas. Aunque el gerrymandering partidista es legal bajo la legislación federal, el racial no lo es. Según el tribunal, los funcionarios texanos cruzaron esa línea cuando intentaron desmantelar los llamados “distritos de coalición” —donde ningún grupo racial tiene la mayoría— y reemplazarlos por distritos diseñados expresamente para tener mayorías hispanas, que han comenzado en la última década a votar consistentemente por los republicanos por primera vez en la historia del Estado.

Brown escribió que el gobernador Greg Abbott “ordenó explícitamente a la Legislatura redistribuir los distritos basándose en la raza” y priorizó eliminar distritos de coalición para cumplir con lo que los líderes estatales interpretaron como una instrucción del Departamento de Justicia. Los legisladores “manipularon deliberadamente las cifras raciales de los distritos”, concluyó.

Los líderes republicanos reaccionaron de inmediato. El fiscal Paxton apeló ante el Tribunal Supremo, acusando a la “izquierda radical” de intentar “socavar la voluntad del pueblo”, pese a las intachables credenciales conservadoras del juez Brown. El gobernador Abbott calificó el fallo de “claramente erróneo” y sostuvo que la judicatura había usurpado poderes reservados al Legislativo.

Mientras tanto, el engranaje político-electoral del Estado cayó en el caos. Los condados ya habían comenzado a reconfigurar distritos electorales, contratar funcionarios de casilla y procesar candidaturas basadas en el mapa ahora suspendido. De repente, se han visto obligados a improvisar soluciones a menos de tres semanas del plazo del 8 de diciembre para el registro de candidaturas. Muchos aspirantes republicanos ya habían empezado a hacer campaña —y a recaudar fondos— en distritos que ya no existen legalmente.

“No me preocupa”, insistió el representante Pete Sessions, republicano de Waco, según el Texas Tribune. “Esto llegará al Tribunal Supremo y estaremos bien”. Pero otros han reconocido errores estratégicos. El exlegislador estatal y expresidente del Partido Republicano de Texas Matt Rinaldi escribió en X que los líderes del partido “cometieron un error no forzado” al fiarse de la interpretación equivocada de una carta del Departamento de Justicia que llevó a los republicanos a modificar los distritos de coalición. Ese enfoque, dijo, podría dar a los tribunales en su decisión final la impresión de que motivos raciales —y no políticos— guiaron la redistribución.

Si el estamento político estalló, el judicial no se quedó atrás. El juez Jerry Smith, nombrado por Ronald Reagan y tercer miembro del panel, el único en desacuerdo con la suspensión de los mapas, emitió un enérgico disenso particular de 104 páginas que se asemeja más a un alegato político que a un texto jurídico técnico.

“¡Abróchense los cinturones. Va a ser una noche movida!”, comienza la opinión, antes de lanzar acusaciones de que Brown y Guaderrama lo marginaron, apresuraron el fallo y le impidieron disponer de tiempo suficiente para redactar su disenso. Describió su comportamiento como una “perniciosa mala conducta judicial” y calificó a Brown de “mago inexperto” atrapado en una “camisa de fuerza ilógica”.

Smith argumentó no solo que los autores del mapa actuaron movidos por intereses partidistas —un motivo constitucionalmente permitido— sino también que la decisión de la mayoría favorecía a las élites demócratas. Llegó incluso a afirmar que los principales beneficiarios del fallo de Brown eran el filántropo multimillonario George Soros y el gobernador de California, Gavin Newsom, alegaciones que recuerdan conspiraciones de larga data en la derecha y que desencadenaron críticas inmediatas de organizaciones latinas de derechos civiles.

LULAC, una de las organizaciones demandantes, rechazó la interpretación de Smith por estar “en abierta contradicción con los hechos” y afirmó que proteger a los votantes de la discriminación racial “es una obligación constitucional, no activismo”.

Una carrera contrarreloj para decidir la apelación

La apelación de Texas está ahora en manos del juez Samuel Alito, responsable de las peticiones de emergencia procedentes de los Estados del Quinto Circuito. El Tribunal Supremo podría suspender temporalmente el fallo y permitir que Texas utilice el mapa impugnado en las elecciones de medio mandato de 2026 mientras continúa el litigio. La decisión deberá llegar en cuestión de días: el registro de candidaturas ya está en marcha, y los administradores electorales advierten que los cambios de último minuto entre mapas podrían confundir a los votantes y paralizar los preparativos para las primarias de marzo.

Pese al caos, el tribunal de distrito insistió en que la culpa no recae en la judicatura, sino en los legisladores. “La Legislatura —no el Tribunal— redibujó el mapa congresional de Texas semanas antes de la apertura de los periodos para registrar candidatos y presidentes de distrito”, señala el fallo. “El Estado eligió jugar con sus leyes electorales a las puertas de las elecciones de 2026”. Esa decisión, a orden expresa del presidente Trump, fue la que desató una batalla nacional de rediseño de los mapas electorales, en la que California ya ha aprobado una nueva distribución que daría a los demócratas cinco escaños más en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

El fallo también subraya una realidad: los jueces, incluso los conservadores, a veces se apartan de las expectativas políticas. Es algo que conviene recordar ahora que el caso se dirige al Tribunal Supremo, donde los conservadores tienen una mayoría de 6-3. Por ahora, sin embargo, los republicanos de Texas no muestran señales de introspección. Su estrategia es clara: confrontar, desafiar y escalar, apostando a que el Supremo acabará dándoles la razón.