El miedo a ir al médico se extiende entre los migrantes de Texas

En temas de salud reproductiva, el pánico y la incertidumbre han mostrado diversas caras en Estados Unidos desde la reelección de Donald Trump. Por un lado, las solicitudes de anticonceptivos de largo plazo y las esterilizaciones permanentes han aumentado desde noviembre entre la población general. Y por otro, entre las poblaciones migrantes ha disminuido el número de personas que acuden al médico, especialmente entre las mujeres indocumentadas y en los Estados con gobiernos republicanos como Texas, que ya han implementado políticas migratorias agresivas y políticas que obstaculizan el acceso a la atención obstétrica y ginecológica. Allí donde ir a un médico implica presentar documentos —una licencia de conducir, un seguro médico, papeles— no lo hacen por miedo, aunque necesiten una simple prescripción de pastillas anticonceptivas.

“En un Estado como Texas, que no solo tiene una criminalización del aborto, sino también una política antimigratoria tan fuerte, las comunidades migrantes tienen susto de ir a los médicos”, ha dicho la directora ejecutiva del Women’s Equality Center, Paula Ávila Guillén en una entrevista telefónica con EL PAÍS. La información que ella recibe de las organizaciones que trabajan en el Estado es que ha disminuido la cantidad de personas que acuden a estos servicios y se prevé que las mujeres sean quienes enfrenten las peores consecuencias de la falta de atención. “En el momento en que conviertes un hospital en una sala de interrogación, estás diciéndole a las mujeres que no vayan (...) El miedo a la criminalización o la deportación puede ser muy grande. Esos miedos pueden llevar a la gente a no buscar servicios de salud y a que las mujeres decidan (incluso) dar a luz en casa. Y si se presentan complicaciones, ¿qué pasa?”, dice Ávila Guillén.

Texas tiene las prohibiciones al aborto más restrictivas de Estados Unidos. En ese Estado está prohibido terminar un embarazo después de las primeras seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y también practicar abortos en caso de complicaciones médicas, sin cumplir ciertos criterios que para los médicos son difusos. “Cuando los médicos tienen casos de mujeres que llegan al hospital con embarazos deseados, pero con complicaciones, terminan llamando primero al abogado antes de actuar. Porque los protocolos no son claros en términos de si está en riesgo o no la vida de la persona embarazada o no. En la mayoría de los casos permiten que estas mujeres terminen en cuidados intensivos antes de ofrecerles unos servicios de aborto que les podrían salvar la vida”, explica la directora del Women’s Equality Center.

Una investigación de ProPublica reveló en noviembre que al menos dos mujeres de Texas fallecieron luego que los médicos retrasaran la atención de abortos espontáneos, en casos de embarazos deseados. Una de ellas fue Joselin Barnica, una inmigrante de Honduras de 28 años, residenciada en Houston, que tuvo complicaciones a las 17 semanas de gestación y murió por un “síndrome séptico” relacionado con “productos de la concepción” en 2021. En marzo de 2023, 13 mujeres de Texas a las que se les negó un aborto —pese a que sus vidas o las de sus fetos se encontraban en peligro— demandaron al Estado para que clarifique en qué casos puede haber excepciones cuando los embarazos se complican por motivos de salud.

Estas restricciones y la desinformación que gira a su alrededor también han tenido un efecto indirecto en el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva para las mujeres migrantes y personas embarazadas en situación vulnerable. “La gente deja de asistir al doctor a hacerse sus chequeos anuales o a hacerse pruebas de embarazo, porque prefieren no conocer la verdad, no saber si están embarazadas o no pensar qué van a hacer si necesitan un aborto. Entonces dilatan ese cuidado médico y para nosotros eso es lo más preocupante”, explica la directora de comunicaciones de Planned Parenthood en asuntos latinos, Alejandra Soto, durante una entrevista telefónica. Planned Parenthood es el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva y planificación familiar en Estados Unidos, con filiales en 49 de los 50 Estados del país, tres de ellas ubicadas en Texas.

Para mitigar el temor entre sus clientes, Planned Parenthood ha formado coaliciones con organizaciones comunitarias y consulados latinoamericanos que lleven a los migrantes el mensaje de que sí pueden confiar en los médicos. También han revisado sus protocolos para guardar la información de los pacientes para que esté protegida y recopilar solo los datos que sean médicamente necesarios.

“Hasta ahora no ha habido un caso donde un médico se vea forzado a divulgar información privada y protegida bajo las leyes que protegen esas conversaciones de médico-paciente (...) Pero nos preocupa qué leyes o medidas puede intentar el Gobierno de Trump para forzar a proveedores, hospitales y centros de salud a compartir información”, avanza Soto.