California, la trinchera de la resistencia contra Trump
El Estado demócrata se prepara para liderar una nueva batalla legal contra las políticas del presidente electo en migración, derechos reproductivos y medioambiente
Dos días después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales, el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a la legislatura del Estado 25 millones de dólares para financiar posibles demandas contra la nueva Administración de la Casa Blanca. Fue solo el primer gesto. California se prepara para ser de nuevo una trinchera de resistencia liberal contra las políticas de Trump, que toma posesión este 20 de enero, en temas como migración, derechos reproductivos, asistencia social y conservación del ambiente. California y Newsom ya jugaron este papel en la primera presidencia del republicano, pero ni el gobernador, ni el presidente reelecto, ni las opiniones políticas del electorado californiano son las mismas que hace cuatro años.
Pese a que Trump perdió las elecciones en el Estado (38,3% frente al 58,5% de Harris), ganó las votaciones en 31 de 58 condados —entre ellos, varios mayoritariamente latinos como San Bernardino, Riverside y Fresno, que en 2020 votaron demócrata. En el mapa electoral, toda la cara Este del Estado, predominantemente rural, luce roja, el color que identifica a los republicanos. En esa franja del mapa, uno de los sectores que dio su apoyo a Trump fue el de los granjeros, que emplea a buena parte de la mano de obra indocumentada del Estado y a quienes el presidente electo aspira deportar.
Newsom también se encuentra en un momento cumbre de su carrera política. En sus últimos dos años como gobernador, según sus palabras, busca construir una “California contra Trump” y ya se perfila como aspirante del Partido Demócrata para las presidenciales de 2028. “Las libertades que apreciamos en California están bajo ataque y no nos quedaremos de brazos cruzados”, dijo Newsom en el comunicado donde convocó una sesión especial de la legislatura para aumentar los fondos del Departamento de Justicia destinados a litigar y defenderse de las políticas de la Administración que vayan en contra de las leyes estatales.
El fiscal de California, Rob Bonta, ya se está preparando para impugnar medidas en temas como las restricciones al aborto, las protecciones para los dreamers amparados por DACA o los derechos civiles de los jóvenes transgénero. “Ya hemos pasado por esto antes, y estamos listos para defender sus derechos y proteger los valores de California”, aseguró el fiscal.
En el primer mandato de Trump, California introdujo o se unió a más de un centenar de demandas que lograron poner freno a varias de las políticas de Trump en inmigración y salud. Estas consiguieron, por ejemplo, defender las “leyes santuario”, que limitan la cooperación de las autoridades locales con las autoridades federales de inmigración; y mantener los estatus de protección temporal (TPS) y el programa DACA, que protege de la deportación a los dreamers que llegaron al país en la infancia. También consiguieron preservar la ley de salud asequible (Affordable Care Act), conocida como Obamacare, que permite a los estadounidenses sin seguro contratar una póliza de salud a bajo costo.
De acuerdo a un memorando de la gobernación filtrado al medio Politico, Newsom también planea crear una red de apoyo a los inmigrantes indocumentados y sus familias para brindar recursos de ayuda legal y económica, con la colaboración de organizaciones civiles y comunitarias.
California es el Estado del país con mayor población inmigrante (con 23% del total nacional, según cifras del Pew Research Center), seguido de Texas (11%), Florida (10%) y Nueva York (10%). La mayoría de estas personas (82%) están naturalizadas o tienen algún tipo de residencia legal. Mientras, 18% no tienen residencia legal ni visas para permanecer en el país y corren el riesgo de ser expulsadas del país si Trump lleva a cabo el plan de deportaciones masivas que anunció en su campaña.
En un editorial publicado el 24 de diciembre, el diario Los Angeles Times advirtió sobre el impacto negativo que tendrían las deportaciones masivas en California: “Las personas que podrían verse afectadas por los planes de deportación masiva incluyen maestros y entrenadores, proveedores de cuidado infantil y trabajadores de atención médica domiciliaria y de largo plazo. Las granjas de California, que proporcionan más de un tercio de las verduras del país y tres cuartas partes de sus frutas y nueces, se sostienen en gran medida por mano de obra inmigrante — al menos la mitad de los trabajadores agrícolas del estado son indocumentados — al igual que muchas otras partes de la economía del Estado como la construcción y el trabajo de servicios”.
Nueva York era el otro polo donde la batalla contra las políticas de Trump se preveía más dura, pero las últimas declaraciones del alcalde de la ciudad, Eric Adams, han confirmado a soledad de California en la resistencia. Adams se ha mostrado dispuesto a colaborar desde Nueva York, ciudad que ha recibido a más de 225.000 migrantes desde la primavera de 2022, con los planes del republicano de deportar a los indocumentados que han cometido crímenes violentos. “No vamos a ser un refugio seguro para aquellos que cometen repetidamente crímenes violentos contra migrantes inocentes, inmigrantes y neoyorquinos de larga data”, dijo el alcalde tras sostener una reunión con Tom Homan, designado por Trump como futuro “zar de la frontera”. El presidente electo, decidido a agarrar la mano tendida de Adams, ha dicho que está dispuesto a considerar un perdón presidencial a favor del alcalde, acusado formalmente de corrupción en septiembre de este año.
En el polo opuesto a California, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aspira convertirse en el mayor aliado de Trump en el planeamiento y ejecución de deportaciones masivas y en la culminación del muro fronterizo. El republicano ha dicho que hará “lo que haya que hacer” para detener el flujo de migrantes sin documentos. Hasta ahora el gobernador ha desplegado a la guardia nacional en la línea fronteriza y ha levantado obstáculos para impedir el paso en el río Grande. También anunció que pondría vallas publicitarias en México y Centroamérica con crudos mensajes que desanimen a los migrantes a cruzar a Texas sin papeles.