Los defensores de los derechos humanos piden a Biden que acelere las reformas para proteger a los migrantes

La cuenta atrás para el 20 de enero, el día que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, está en marcha y ante la amenaza de deportación masiva que el republicano ha anticipado no hay tiempo que perder. Las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes se están uniendo para protegerlos con dos frentes principales: pidiendo a los que pueden estar afectados que se dirijan a los grupos que los defiendan y se informen e instando a las autoridades locales, estatales y al Gobierno de Biden a que aprovechen los poco más de dos meses que quedan para aprobar medidas que eviten las expulsiones.

“Puede que estén oyendo ruido mientras hablo. Es gente trabajando en mi casa, porque quiero estar segura de que puedo ver cuando los agentes del ICE y del CBP estén llamando a mi puerta. Esto no es un simulacro”, explicó Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, durante una sesión online en nombre de una coalición de 38 organizaciones pro derechos humanos de 32 Estados programada para anunciar sus acciones ante las amenazas de Trump. Martínez es una de las beneficiarias de DACA, el programa por el que medio millón de migrantes que entraron en el país de forma ilegal cuando eran niños (los llamados dreamers) residen legalmente. Pero es uno de los programas que están en la mira del presidente electo en su cruzada contra la migración, que pretende empezar el primer día de su mandato.

Los defensores de los migrantes están advirtiendo a quienes les quiera oír que la situación es muy grave, y que va en serio. “La amenaza de deportación no es una promesa de campaña. Lo hemos presenciado en la última administración (de Trump). Vimos redadas en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios. Fuimos testigos de cómo nuestras familias venían a Chirla y pedían recursos porque estaban recogiendo a su papá, su mamá, incluso abuelitas”, afirmó Areli Hernández, también beneficiaria de DACA y directora de Asuntos Ejecutivos de Chirla (Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, por sus siglas en inglés).

Las alarmas saltaron para la comunidad migrante nada más conocerse la victoria de Trump, pero los nombramientos anunciados de los defensores de la línea dura contra la migración, Tom Homan, Stephen Miller y Kristi Noem, no dejan lugar a dudas de las intenciones del republicano.

Para estar preparados ante lo que pueda venir, las organizaciones piden al presidente Joe Biden que adopte con celeridad medidas que les protejan, porque este es un momento “que requiere liderazgo moral y político”, apunta Martínez Rosas. Tres son las prioridades por las que presiona a la actual Administración, a quien culpa de no haber hecho lo necesario en cuatro años para protegerlos: activar la protección temporal el TPS; acelerar los procesos de las personas que están en centros de detención, y “no hacer más daño”, asegurándose de que cualquier nueva medida que se tome será para proteger a los migrantes.

Según estos grupos, una de las herramientas más efectivas con las que cuentan es la difusión de información. “Los inmigrantes tienen derechos, derechos humanos, derechos civiles, eso es lo más importante que debemos recordar”, dice Hernández. Una de las recomendaciones que hace es que se saquen una “tarjeta de derechos” en su web en la que se recuerda que tienen el derecho de permanecer en silencio. “No tenemos que decirle a la gente nuestro estado (migratorio) cuando nos preguntan. Eso sigue siendo un derecho”, sostiene.

Las organizaciones que los defienden han empezado a movilizar todos sus recursos para informar a los migrantes de sus derechos a través de talleres, recursos legales y servicios de educación. También aseguran haber aumentado los recursos para reforzar la ayuda psicológica que necesitarán los migrantes por la situación de ansiedad que el miedo a la deportación y la separación familiar puede desatar.

La batalla contra las medidas opresivas que apruebe la nueva Administración se librará en los tribunales, para lo que los servicios legales ya se están preparando, como en el caso de Arizona. El Estado fronterizo aprobó en los comicios una propuesta para autorizar a la policía a detener a los migrantes indocumentados. “Lucharemos contra la agenda de deportaciones masivas de Trump en cada paso del camino. Trabajaremos con los aliados en la legislatura y emprenderemos acciones legales para defender a las familias inmigrantes de Arizona”, afirmó Karime Rodríguez, directora de servicios de Living United for Change in Arizona (LUCHA).

Mientras se preparan para las contiendas legales que puedan llegar, estos grupos están apelando a las organizaciones civiles, como sindicatos, empresas y universidades para que se unan en la protección de los migrantes. A su vez, se están dirigiendo a las autoridades locales y estatales para que aprueben con celeridad medidas que aumente su protección.

Sin el apoyo de las autoridades, reconocen, el margen de maniobra es pequeño. “La ventana dentro de la cual podemos tomar medidas es corta, y debemos trabajar juntos para llegar hasta el Congreso y la presidencia y asegurarnos de que haya resultados. Mientras tanto, hacemos un llamado a la acción a nuestros afiliados para que se protejan”, señaló Mireya Reith, codirectora de FIRM (Movimiento de Reforma Inmigratoria Justa).