Luisiana sigue los pasos de Texas y aprueba su propia ley antinmigrante

Luisiana se mete al fango de la batalla migratoria. Este miércoles la Cámara de Representantes del Estado sureño, dominada por el Partido Republicano, aprobó un proyecto de ley que convierte en delito la inmigración irregular y permite a la policía local detener y encarcelar a personas sospechosas de estar indocumentadas. La legislación es muy similar a otras leyes que han avanzado en los últimos meses en varios Estados conservadores ―notablemente Texas, pero también Iowa y Oklahoma, entre otros― y sube la temperatura de la batalla nacional entre esos Estados y el Gobierno federal sobre cómo manejar la inmigración.

En medio de este clima caldeado a nivel nacional alrededor de la migración, azuzado sin vacilación por Trump en su campaña a la presidencia, ahora la ley pasará al Senado estatal, también controlado por los republicanos, donde seguramente se aprobará fácilmente, un mero trámite. Y de ahí deberá ser firmada por el gobernador, Jeff Landry, quien ha apoyado abiertamente la idea de que los Estados puedan tener competencias migratorias, el centro de la disputa legal y política de los Estados republicanos con Washington. Por eso, aunque Landry apruebe la ley, como es de esperarse, solamente entrará en efecto si el Tribunal Supremo sostiene la ley de Texas o si se enmienda la constitución para permitir mayor control local de cuestiones migratorias.

La ley que avanza sin obstáculos por el Congreso de Luisiana —donde alrededor de 322.000 personas son latinas, el 7% de la población— busca expandir la autoridad del Estado y el poder de las fuerzas del orden locales. A pesar de no contar con una frontera internacional, crearía el crimen de “entrada o reingreso ilegal”, con una pena de hasta un año de prisión y una multa de cuatro mil dólares por una primera infracción; y hasta dos años y diez mil dólares de multa por una segunda. Junto con esta ley, otras dos propuestas que están en marcha buscan prohibir las llamadas ciudades santuario en el Estado e impedir el acceso de los indocumentados a licencias de conducir, aunque esta última todavía debe ser debatida en el Comité de Transporte.

Además, según la senadora Valarie Hodges, quien está detrás de la ley, también permitiría “comenzar el proceso de deportación”. Aunque esta competencia hasta ahora ha sido exclusiva del gobierno federal, quienes están proponiendo estas nuevas leyes alegan que son necesarias para proteger a los ciudadanos y hacerle frente a la supuesta inacción de la administración de Joe Biden frente a la crisis migratoria.

Por su parte, el Gobierno federal ha dicho que esta norma, y las otras similares que se han aprobado recientemente, se apropia de la autoridad federal en la aplicación de leyes de migración. Y, en la misma línea, otros oponentes alegan que es inconstitucional, inefectiva y simplemente alimenta una retórica violenta y falsa sobre los migrantes.

En marzo, cuando entró en vigor la ley SB4 de Texas —promulgada por uno de los gobernadores más beligerantes con el tema de la inmigración en el país, Greg Abbott— solo estuvo en efecto durante unas cuantas horas convulsas, pues los recursos legales la paralizaron hasta nuevo aviso.

Si bien la texana obtuvo más atención por ser la más drástica, no fue el único lugar donde se aprobó legislación en la misma línea. En Oklahoma se pasó una ley que prohíbe el uso de dinero estatal en beneficio de indocumentados que residan en el Estado. En Tennessee, una nueva norma dicta que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben cooperar con las autoridades migratorias estatales si descubren personas que están en el país de manera irregular. Está estipulado que entren en vigor en julio.

La deriva conservadora

La actividad legislativa de corte ultraconservador en Luisiana no se limita a temas migratorios, también ataca otro de los grandes puntos de contención política: el aborto. A pesar de ya tener una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos, con el aborto prohibido por completo con muy contadas excepciones, la semana pasada el Congreso votó por apretar todavía más las tuercas de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. Aprobaron una norma que reclasifica los dos medicamentos más usados para interrumpir embarazos como sustancias controladas y peligrosas, y castiga su posesión sin receta con multas o penas de cárcel de hasta cinco años. Cuando sea ratificada por el gobernador Landry, la mifepristona y el misoprostol quedarían en la misma lista que el fentanilo o la heroína.

Ambos fármacos son los más usados en los abortos no quirúrgicos, y concursan en el 63% de las interrupciones del embarazo, según los datos más recientes del Instituto Guttmacher. Su uso se ha extendido tras la sentencia del Tribunal Supremo de Washington que tumbó el precedente sentado por el fallo Roe contra Wade (1973), que durante casi medio siglo garantizó la protección federal del aborto.

Esa decisión devolvió a cada Estado la potestad para legislar sobre el tema, después de 50 años en los que fue un derecho federal. Al menos 21 lo han prohibido o restringido severamente desde entonces, pero el tema, incluido en algunas votaciones de las elecciones de medio mandato, sirvió a los demócratas para ganar en algunas plazas inesperadas. Para las elecciones de este año, seguramente volverá a ser un tema central.