Aborto en Aguascalientes. ¡Ni un paso atrás!

La semana pasada el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal para limitar el acceso al aborto consentido a un plazo de seis semanas. Con esta decisión se restringe de manera prácticamente absoluta la protección mínima de los derechos reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binaries gestantes.

Hace apenas unos meses, ...

La semana pasada el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal para limitar el acceso al aborto consentido a un plazo de seis semanas. Con esta decisión se restringe de manera prácticamente absoluta la protección mínima de los derechos reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binaries gestantes.

Hace apenas unos meses, en diciembre de 2023, ese mismo Congreso, con la misma integración, había despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin duda la decisión tomada la semana pasada va en contra del principio de progresividad garantizado en la Constitución mexicana.

Es, además, una decisión inconstitucional, ya que incumple con lo establecido en la Constitución mexicana y en las recientes sentencias de la Suprema Corte, incluida la sentencia del 30 de agosto del año pasado en la que se ordena reformar la ley. Siendo el máximo tribunal de este país quien ha señalado expresamente que cualquier legislación sobre aborto consentido debe hacer posible ejercer el derecho a decidir, es decir, no puede imponer requisitos que lo anulen o dificulten, como es precisamente el plazo de seis semanas. En la práctica, esto se trata de una prohibición disfrazada, ya que muchas personas ni siquiera se darán cuenta de que están embarazadas en ese corto plazo.

En 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó las directrices para la atención del aborto seguro, en donde clasificó al aborto como un servicio de salud esencial. Regularlo en el Código Penal, en lugar de en la normativa sanitaria, pone en riesgo tanto la salud física como el bienestar social y psicológico de las personas gestantes, por esta razón recomendó expresamente eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, entre ellos, menciona los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto y nunca menciona que deban de ser 12 y mucho menos 6 semanas de gestación para el acceso al aborto legal y seguro. Es por ello que la decisión del Congreso de Aguascalientes abiertamente violenta el derecho a la salud de miles de personas.

Es también una decisión reaccionaria porque se dio como una respuesta a los avances contundentes en la legalización del aborto, no solo en México, sino a nivel mundial. Durante los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes sobre el aborto. Lejos de mantenerse dentro de la tendencia que reconoce la ciudadanía y los derechos de las personas gestantes, 19 diputados y diputadas del Congreso de Aguascalientes decidieron restringir y criminalizar una de las decisiones más íntimas de una persona: continuar o no con un embarazo. Sumándose al retroceso que hemos visto en países como Polonia, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos, donde las restricciones han impactado de forma desproporcionada a la libertad y la salud de miles de personas, afectando en mayor medida a las que se encuentran en condiciones de marginalidad.

Aún falta que esta reforma sea publicada por el Gobierno del Estado, ojalá que la gobernadora Teresa Jiménez devuelva al Congreso este decreto de reforma dada la clara violación a los derechos humanos que representa. Al final del día es obligación de todas las autoridades del país reconocer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas.

Criminalizar el aborto y restringir su práctica, no salva vidas. Al contrario, su penalización vulnera los derechos fundamentales; afecta de manera concreta las vidas de aquellas mujeres, hombres trans y personas no binaries que viven contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva negándoles la posibilidad de tomar la decisión de continuar o no con un embarazo.

Desde GIRE continuaremos trabajando por la despenalización total del aborto voluntario como una vía para lograr la justicia reproductiva, por el derecho de toda persona a tomar decisiones de vida en libertad.

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