El verano sin retorno

México se encamina a echarse de cabeza a un tobogán político que le hará aterrizar en un lugar inédito. La elección de hace mes y medio se ha transformado en un vendaval que coge fuerza conforme pasan los días en una sola dirección: demoler el sistema de justicia existente.

El 2 de junio arrojó un panorama de pronóstico reservado. El oficialismo da por hecho que tendrá las mayorías constitucionales para arrancar el aparat...

México se encamina a echarse de cabeza a un tobogán político que le hará aterrizar en un lugar inédito. La elección de hace mes y medio se ha transformado en un vendaval que coge fuerza conforme pasan los días en una sola dirección: demoler el sistema de justicia existente.

El 2 de junio arrojó un panorama de pronóstico reservado. El oficialismo da por hecho que tendrá las mayorías constitucionales para arrancar el aparato judicial y sembrar un modelo donde, de inicio, jueces, magistrados y una Corte surgirán de elecciones populares.

Insuflado por la enorme cantidad de votos de su delfina, Andrés Manuel López Obrador decidió que el vértice donde su sexenio y el de Claudia Sheinbaum converjan sea, pico en mano, el momento de la demolición total de la forma en que se aplicaba la ley hasta ahora.

La operación derribo del Poder Judicial no tiene precedente. Y mucho menos garantía de que habrá de salir medianamente bien. La temeridad con que AMLO emprende la tarea no encuentra resistencia alguna digna de ese nombre, y tampoco auxilio real de los suyos.

A lo mucho, representantes de los bandos participan con argumentos o soflamas, según sea el caso, en foros sobre “Qué Poder Judicial tenemos” y “Qué Poder Judicial queremos”. Mas lo hacen a sabiendas de que digan lo que digan, una sola voluntad tendrá la última palabra.

La nación pendiente de un único pulgar que podría decretar que los leones del caos sumerjan a México en una torre de Babel donde la interpretación de las leyes de quienes surjan de este proceso sea fundamentalmente incompatible entre un juzgador y otro.

En este sexenio logró pasaporte de legitimidad la proclama de que la “no me vengan con que ley es la ley”, y que es no solo válido sino meritorio que cualquier autoridad privilegie su entendimiento de la justicia independientemente de la norma e incluso de la Constitución.

Lo anterior no se puede desvincular de lo que está por ocurrir, salvo un milagro, en la refundación del Poder Judicial federal. El reino de las justas intenciones será exitoso, cree el presidente, porque surgiría del alma pura de los recién egresados de las escuelas de derecho.

¿Qué será más difícil de explicar a un fuereño que en el verano de 2024 de pronto se entera de que en septiembre habrá una reforma judicial como la que se pretende?

¿La “justificación” sobre la forma en que se elegirá a los juzgadores, la negativa del gobierno y la próxima presidenta a negociar nada de la reforma, la prisa que tiene AMLO, el cinismo de exministros que creen que si se pierde una generación de jueces profesionales es peccata minuta, la pasividad de la sociedad, el sentido de inevitabilidad que se ha instalado en buena parte de la opinión pública, el silencio de la iniciativa privada, la complicidad de funcionarios del actual y del próximo gobierno que cuentan con la experiencia suficiente para saber de primera mano que los experimentos institucionales pueden convertirse en calamidades, el acompañamiento acrítico de cierta prensa? ¿El silencio de las calles? ¿Lo insustancial de la oposición?

De seguir las cosas como van, a partir del 1 de octubre la agenda de la nueva presidenta demandará que se destinen energía, tiempo y recursos a implementar una reforma judicial que no ayudaría a que en el siguiente sexenio baje la impunidad. La distraerán de urgentes tareas y no hará de México un país más justo.

Porque el corazón de la reforma que Palacio Nacional es la captura política del Poder Judicial, no la mejora de la impartición de justicia.

Movida o no por una revancha de Andrés Manuel, el resultado será una justicia a la orden del Ejecutivo y de otros entes de poder. Justicia que no se dirimiría con normas y procedimientos previsibles, sino al son del capricho del dueño del juzgado.

Entre las muchas aristas que alteran el aliento por la reforma, está la posibilidad de que el régimen esté construyendo, de manera simbólica pero absolutamente eficaz, enormes cárceles bukeleanas.

Dado que no existen las fiscalías autónomas, ese dueño del ministerio público que es el gobierno acelerará y aumentará las sentencias de culpabilidad gracias a jueces amaestrados y leyes donde cada día se meten más causales para utilizar la prisión preventiva oficiosa.

Con todos los defectos del Poder Judicial, sus integrantes tienen hasta hoy una vocación de independencia. Salir a la calle a buscar el voto los comprometerá con sus patrocinadores. Y estos serán los verdaderos dueños de las llaves que abren o cierran cárceles.

Nadie como Morena para garantizar triunfos electorales. Es ocioso dar la lista de factores por los que hoy se da por descontada la ventaja del oficialismo en cualquier ejercicio de voto o consulta. Si hay elección de jueces, será muy difícil derrotar a la maquinaria oficial. Muy.

Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte, además de las barras de abogados y colectivos similares, e incluso los trabajadores del Poder Judicial, serán retratados en los próximos días como la casta (bien mileianos los obradoristas) a desplazar con jueces del “pueblo y para el pueblo”.

¿Quién habrá de articular un contraargumento en un país donde antes del modelo llamado oral el juez era un fantasma que prácticamente nunca daba la cara a los acusados y a los acusadores, que nunca se hizo cargo de inocentes presos por años sin sentencia o con sentencia equivocada e injusta?

La mala fama del sistema judicial precede al 2018. Tiene en general muchos de los defectos que les endilgan sus detractores. Pero la reforma no plantea soluciones y sí abre una caja de Pandora de cuyos monstruos López Obrador no se hará cargo desde su rancho.

Aunque solo fuera por eso, porque a diferencia de esa especie de mantra de su sexenio, de que solo haría obras que pudiera terminar, por ego —para inaugurarlas él— o por responsabilidad, la que está a punto de heredar es la más riesgosa de sus iniciativas. Y activará el problema para luego lavarse las manos. Reforma sí, en septiembre, no.

¿Dónde andarán los abogados que tanto ayudaron a López Obrador en su desafuero, los que con justa dimensión se pusieron de su lado a la hora de la barbaridad antidemocrática emprendida por Fox, Creel y secuaces? ¿Hoy validan lo que su defendido pretende?

En el oficialismo nadie se atreverá a atemperar al presidente. Y tras la elección terminó de gravitar lo poco que había de la oposición, incluyendo la de Movimiento Ciudadano, que tanto presume la virtud de no acompañar al frente que postuló a Xóchitl Gálvez.

Algunos analistas proponen enfocar baterías a tratar de que la autoridad electoral interprete la ley de forma que impida una sobre-sobrerrepresentación de las tres fuerzas del oficialismo en el Congreso de la Unión. Ese debate sin embargo no ha prendido. Para nada.

En cambio, la agenda mediática supura el grotesco espectáculo encabezado por el priísta Alejandro Moreno, que a saber si de modo deliberado sirve a la causa de López Obrador a la hora de cometer tanta tropelía y abuso que hace imposible la unión de la oposición.

El caso es que, a cual más, tras el 2 de junio cada fuerza opositora se ha perdido en su grisura en el momento más crítico de la democracia mexicana en medio siglo.

No podemos culpar a la temporada estival de esta modorra social frente al enorme riesgo. O no solo a eso, aunque en algo podría ser que influya. El verano ha instalado su lógica distractora en el momento más inoportuno. Después ya nada será igual. Sin exagerar.