“A ver si atino”

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El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar al Senado una terna de mujeres para ocupar la plaza que deja libre Arturo Zaldívar con su renuncia a la Suprema Corte. Todas ellas tienen un puesto en el actual gobierno: María Estela Ríos es consejera jurídica del presiden...

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El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar al Senado una terna de mujeres para ocupar la plaza que deja libre Arturo Zaldívar con su renuncia a la Suprema Corte. Todas ellas tienen un puesto en el actual gobierno: María Estela Ríos es consejera jurídica del presidente; Bertha María Alcalde, asesora jurídica de la comisión contra los riesgos sanitarios (Cofepris); y Lenia Batres es consejera de legislación. La primera pregunta es quién de ellas es la verdadera elegida del presidente, porque esa será la nueva magistrada de la Corte. Hagan sus quinielas, a ver si atinan.

La Constitución mexicana podría decir: el presidente de la República designará a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fácil y rápido. Nada cambiaría sobre lo que ahora ocurre, pero hay que guardar ciertas formas, ¿verdad? Apariencia de imparcialidad y división de poderes. Se necesita que una mayoría calificada del Senado apruebe a alguna de las candidatas para su nombramiento, pero normalmente los senadores rechazan la primera terna. Se lo ponen fácil. Argumentarán que la independencia judicial queda menoscabada con perfiles tan afines al Gobierno. Entonces, el presidente presentará otra terna en la que probablemente sustituya a dos y deje a una de las primeras, su favorita para el puesto. El mensaje está enviado. De nuevo, la Cámara puede rechazar las tres postulaciones. En tal caso, el presidente designaría un nombre y ya está. El presidente siempre gana. Por eso el Senado no suele hacer eso, en esta segunda ronda prefiere negociar algo a cambio de concederle su inevitable deseo. Los magistrados como moneda de cambio, pues.

En una de sus Mañaneras, hablando sobre este asunto, López Obrador dijo: “¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado”. Es un punto de vista. La oposición pensará lo contrario.

Si lo anteriormente descrito es lo que suele ocurrir, la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué el presidente no guarda esa apariencia constitucional de división de poderes? Bien podría haberse ahorrado aquella frase en la que daba por hecho que trata de proponer siempre a personas afines a sus principios políticos, no a juristas de irrefutable independencia. “A ver a quién propongo, a ver si atino, porque de cuatro que he propuesto, dos me salieron conservas”. Todo el mundo sabe que la subjetividad es característica del ser humano, sea este juez, médica, cocinero o maestra. Pero no hay por qué ensuciar a priori la imagen de un magistrado presumiendo que su oficio estará marcado por su ideología, no por la autonomía de criterio. A la vuelta de la moneda quedarán también señalados los que no son conservas, a quienes se situará, por contrapartida, al lado de los postulados del Gobierno. Se traslada así al máximo órgano jurídico la batalla política habitual. El poder judicial como una extensión paniaguada del legislativo. Triste.

Con semejante fórmula, los únicos que salen ganando son los conservas, porque cabría da por bueno que están actuando con objetividad, dado que fueron propuestos por López Obrador pero no siempre sentencian a su favor. Qué cosas.

Los embates del gobierno contra la Suprema Corte y casi la justicia en general han sido este sexenio protagonistas. El presidente ha soltado un costal de calificativos e insultos contra los jueces para sustentar una de las medidas que persigue, cambiar el sistema para que los magistrados sean elegidos por el pueblo. Aparentemente, podría considerarse una iniciativa progresista y democrática, pero los países con ese modelo no han ofrecido evidentes resultados de ello. Finalmente, el pueblo elige a quien sostiene el partido o el presidente de turno con sus campañas públicas y se conocerá de qué pata cojea. El elegido, por su parte, sabrá a quién tiene que agradecerle el puesto. Ningún modelo tiene que ser mejor que el otro. Lo que puede ser de ayuda es garantizar los recursos suficientes, sin privilegios ni guardaditos, de modo que el sistema judicial pueda hacer su trabajo sin riesgos y con solvencia. Para asegurar una independencia jurídica bastaría con que el resto de los poderes dejaran de meter su cuchara en el plato equivocado. Difícil.

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