Lorenzo y la democracia en riesgo

Estaba la democracia mexicana en un predicamento, y parió Lorenzo Córdova. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral terminó de complicar un sombrío panorama político que podría desmontar cuatro décadas de avances en la confiabilidad de las elecciones en México. ¿Cuánta de la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador no capture el INE pasa porque esa institución no sucumba también por protagonismos de sus defensores?

El Gobierno de...

Estaba la democracia mexicana en un predicamento, y parió Lorenzo Córdova. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral terminó de complicar un sombrío panorama político que podría desmontar cuatro décadas de avances en la confiabilidad de las elecciones en México. ¿Cuánta de la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador no capture el INE pasa porque esa institución no sucumba también por protagonismos de sus defensores?

El Gobierno de la República que se inauguró provocando una escasez de gasolina nunca vista; la administración que está por cumplir cuatro años sin resolver un desabasto de medicamentos de un nivel que antes no existía; el Gabinete que ve pasar meses y meses sin poder recuperar la degradación internacional en la seguridad aérea… ese grupo sin credenciales de eficacia ni eficiencia –vaya, ni sus consultas le salen bien— pretende arreglar el sistema electoral mexicano.

Si la intención fuera noble, de lo cual no hay en la forma ni el fondo del intento lopezobradorista indicio alguno, habría que apuntar que las elecciones mexicanas sí necesitan un apretón, un ajuste que ataque un problema añejo y una sombra amenazante.

De tiempo atrás hay un elefante en las urnas: las candidaturas en México se compran. Para competir, quienes pretendan abanderar uno u otro partido han de tener o conseguir rebosantes alforjas de dinero no rastreable. El alegato oficialista de que la democracia sale muy cara es hipócrita: no es el presupuesto del INE, ni siquiera el de los partidos, lo que resulta gravoso. Por mucho que esos montos constituyan ingentes volúmenes, estos —paradójicamente— son poco frente a lo que realmente se gasta en los comicios.

Tres décadas atrás había partidos políticos que no recibían el presupuesto que el Gobierno disponía para esos organismos. Querían así garantizar una independencia frente al autoritarismo priista. Cuando la oposición, a mediados de los noventa, al fin aceptó el subsidio público, se argumentó que con ello se impediría que intereses oscuros patrocinaran campañas y políticos, que ya en el puesto tendrían dueño privado antes que mandato popular o lealtad con el partido que les postulaba.

Un cuarto de siglo de financiamiento público ha creado burocracias partidistas dependientes del erario sin evitar que, en no pocos casos, las candidaturas para disputar asientos de Gobierno o de representación se decidan sobre todo por la capacidad de atracción monetaria que demuestren los aspirantes —y/o sus patrocinadores— mucho antes de las campañas.

Ese pendiente de la democracia mexicana pervierte la equidad en la competencia y usurpa a los electores la posibilidad de reclamar a sus elegidos el actuar de la manera que más convenga a la comunidad.

Y si por algo es caro el INE es porque no pocas de sus actividades son de fiscalización. La ley ha sido modificada continuamente en un intento de cerrarle la puerta a las trampas, pero instrumentar esas medidas de monitoreo y vigilancia, y sus inherentes procesos sancionadores, además de laborioso supone una tarea sin fin mientras partidos y políticos sigan recurriendo a mañas propagandísticas o de operación aceitadas con recursos negros.

Esa perniciosa conducta no está en el centro de la reforma que pretende Palacio Nacional. Ni ésa ni —el otro tema de urgente atención— la creciente amenaza del crimen organizado, cuya mano antes se notaba en el patrocinio de candidatos pero que recientemente ha asumido incluso un papel de masivo operador electoral, como en Sinaloa en 2021, por mencionar un caso emblemático más que documentado.

La injerencia de actores con grandes cantidades de dinero manchado, entonces, sí es un pendiente de la democracia mexicana.

Pero a López Obrador no le interesa esa discusión. Lo que pretende es improvisar una nueva columna vertebral para la organización de las elecciones, incluida la forma de dirimir eventuales diferendos, y empoderar a las dirigencias de los partidos políticos —que manipularán como nunca los candidatos legislativos, que solo serán de lista—, al tiempo de que desde el poder, con más recursos y menos escrúpulos que nadie, Morena sacará ventaja en los comicios venideros.

El INE es producto de reformas electorales que le posibilitan constituirse en un freno ante autoridades que pretendan tripular elecciones. Fue articulado de tal forma que ante atropellos puede usar la voz y, de ser necesario, enseñar los dientes. No es perfecto pero su funcionalidad quedó demostrada, si alguna duda había para entonces, cuando el candidato que más renegó de esa institución ganó en un proceso ejemplar y sin regateos de nadie, y menos que de nadie de consejeros y magistrados electorales.

En tiempos de polarización y posverdad, en la era de incontrolables redes sociales y de evasivas criptomonedas, y en un momento en que el Poder Ejecutivo Federal reniega del pluralismo de la sociedad mexicana, se requiere de un INE más profesional, y también uno más sereno y juicioso. Se requiere que la institución, reconocida por la ciudadanía de manera mayoritaria, no sea confundida con personas que la integran o incluso la dirigen.

Lorenzo Córdova es presidente del Consejo General del INE. Su periodo, y el de tres consejeros más, concluye la primavera entrante. A Morena este académico se le atraganta. Lo critican por sistema, le denostan para debilitarlo en lo personal y al instituto que preside en lo esencial. Esa táctica dura ya años, es encabezada por el presidente mismo y parece estar a punto de rendir los máximos frutos: ¿destempladas acciones convertirán a Córdova en el más inesperado de los aliados de López Obrador en contra del INE?

El INE tiene algo que a López Obrador frustra como pocas cosas. Su autonomía le parece una aberración. El presidente no concibe que quien ganó no mande en todas partes. Y menos que se le resistan, como lo ha hecho el INE en estos años.

Esto hay que subrayarlo porque no se puede normalizar o racionalizar el embate presidencial contra la autoridad electoral, y menos culpar a ésta por el avasallamiento de aquel. Sin embargo, también hay que revisar lo que funcionarios hacen para zafarse de trampas y para no provocar ataques que podrían devaluar lo que se les encargó.

Una de las cosas que en el futuro se debatirá sobre este INE es si pudo haber sido más astuto frente al garlito de la austeridad del lopezobradorismo. ¿Le habría servido de algo rebajar sueldos y cambiar las condiciones de los contratos de su burocracia para hacer que ese organismo rimara perfectamente con el discurso de Palacio? ¿Habrían sido reconocidos o de cualquier manera padecerían el desdén presidencial? ¿Había margen para ese ajuste sin comprometer la nada sencilla la organización y vigilancia de comicios?

Son preguntas para el Lorenzo que pasará a la historia, pues preside el último, y algunos consideran que el más importante, bastión que recibe la metralla de Andrés Manuel; y pocos se atreven a pensar en qué ocurrirá si Palacio logra imponer consejeros y magistrados electorales aupados a niveles de máxima decisión por el mayoriteo oficialista, si en la antesala de un polarizado proceso electoral se improvisa una nueva forma de repartir el poder y una endeble burocracia (porque habría miles de despidos).

Defender al INE va más a allá de defender al actual instituto y, por supuesto, tiene poco qué ver con defender a las y los consejeros que hoy lo integran. Defender al INE es como votar: un derecho y un deber. Porque defender al INE significa rechazar cualquier cambio a la manera de elegir representantes que no sea por consenso, que no refleje la pluralidad de México.

El INE es el producto de una manera democrática de hacer leyes. Tiempo ha que las y los mexicanos no saben de la amargura de ir a la urna con la certeza de que su voto no será contado, de que su voluntad será burlada. Ese gigantesco cambio se logró con arduas negociaciones a lo largo de muchos años donde no siempre todos terminaban igual de satisfechos. Pero lo que hoy tenemos es motivo de orgullo general: votamos en libertad, votamos a sabiendas de que cualquiera puede ganar, votamos empoderados.

Esa manera democrática de hacer leyes está en riesgo porque López Obrador y los suyos recurren a argumentos simplistas en su intento por imponer una reforma, que encima es inoportuna —por lo cercana que está la elección federal— y riesgosa, porque desmontaría, sin hacerse cargo de la complejidad de nuestras elecciones, el actual sistema de consejeros para sustituirlos de golpe y sin que haya garantía de profesionalismo e imparcialidad en los que lleguen por un nuevo método de elección popular.

Precisamente en ello estriba la gravedad del tropezón de Córdova esta semana. Una vez que se supo que el INE tenía una encuesta, levantada hace semanas y donde se muestra apoyo a la elección vía popular de consejeros y magistrados, queriéndolo o no contribuyó al simplismo oficialista. El enredo está servido: por qué no divulgó en su momento esa encuesta, por qué aceptó unas preguntas que no contextualizaban lo que hay implícito en cada interrogante, y por qué dice ahora que ese mayoritario respaldo ha cambiado.

Sí, Morena aprovecharía el más mínimo desliz de la autoridad que quiere desaparecer para atacarla. Y éste ha llegado en pésimo timing: es lo que menos se necesitaba en este momento, en estos días en los que con ver una mañanera cualquiera adquiere conciencia de que el régimen se empleará en una reforma al INE que, sacada sin consenso, será una pésima noticia para el México del hoy y del futuro y una regresión de gris pronóstico.

Córdova cargará con el peso de haber aceptado una encuesta que no advertía a sus consultados sobre los escenarios que las preguntas implicaban. Como bien explicó Lorena Becerra el viernes en Reforma, la gente apoya al Instituto Nacional Electoral y sopesa su respaldo a cambiarlo cuando se le exponen eventuales consecuencias negativas de la iniciativa lopezobradorista. Pero Lorenzo no cuidó eso. Y para colmo no hizo buen control de daños al verse sorprendido por la difusión periodística de su encuesta.

Este incidente le costará autoridad moral y pone la mesa a quienes buscan pintarlo como actor parcial y de paga excesiva. Ahora Lorenzo ha de lograr que su persona no contamine la resistencia del INE. Eso es lo que se espera de él: que frente a quienes desde el poder ostentan partidismo e indolente impericia, dé muestras de que hay una forma democrática y efectiva de ejercer una responsabilidad. Con eso contribuiría a la defensa del INE.

Porque hoy se requiere más INE no menos INE. Más profesionales en ese instituto y más templanza en todos los que lo encabezan. Menos mezquindad de quienes, dentro del propio consejo, ven la crisis de Lorenzo como una oportunidad para sus ambiciones.

Y se requiere tener en mente, durante las próximas semanas, que Córdova ni nadie de ellos son el problema así a veces compliquen las cosas. El problema es que triunfe una manera de hacer leyes sobre derechos donde se violente la cultura, incipiente pero aún actual para México, de que no se puede, desde la mayoría, cambiar reglas sin incluir a las minorías. Eso –y no otra cosa— es defender al INE.

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