Un tribunal ordena a la ferroviaria Kansas City pagar 5.524 millones de pesos en impuestos

Los magistrados descartaron por unanimidad un recurso de impugnación que presentó la empresa canadiense contra una serie de gravámenes de 2014

Una locomotora de Canadian Pacific Railway tira de un tren en Calgary, Alberta, Canadá, en marzo de 2021.Alex Ramadan (Bloomberg)

La compañía ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha sufrido un revés fiscal por parte del Poder Judicial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ordenado a la trasnacional canadiense el pago de impuestos por 5.524,9 millones de pesos de hace una década. Los magistrados determinaron de manera unánime que es improcedente el recurso de impugnación que presentó la firma para esquivar este monto por concepto de impu...

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La compañía ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha sufrido un revés fiscal por parte del Poder Judicial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ordenado a la trasnacional canadiense el pago de impuestos por 5.524,9 millones de pesos de hace una década. Los magistrados determinaron de manera unánime que es improcedente el recurso de impugnación que presentó la firma para esquivar este monto por concepto de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2014. La empresa ha dado a conocer a El País que no está de acuerdo con esta decisión y presentará un recurso legal: “Confiamos en que CPKC de México finalmente prevalecerá en una decisión judicial definitiva”, indicó la ferroviaria por escrito.

La magistrada Luz María Anaya calificó como “inoperantes” los argumentos de la Kansas City para que el pleno de ese tribunal se pronunciara sobre las sentencias en controversia. En su proyecto de resolución, Anaya añadió que el Tribunal de Justicia Administrativa no tiene competencia para pronunciarse sobre los amparos que se tramitan ante el Poder Judicial Federal, por lo que propuso reconocer la validez de las resoluciones impugnadas. Los ocho magistrados avalaron unánimemente el proyecto de Anaya: “La parte actora (la ferroviaria canadiense) no probó su acción, en consecuencia, se reconoce la validez de la resolución impugnada”, concluyó el tribunal en la sesión del pasado 24 de abril.

La empresa impugnó ante el fisco mexicano la resolución original en septiembre de 2022 a través de un recurso de revisión que fue desechado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presentarse de forma extemporánea. El SAT determinó en abril de 2022 que la firma debía pagar esa cantidad ante el fisco. Ante este rechazó, la firma presentó el recurso de impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que ha sido rechazado. La empresa aún puede intentar un amparo directo contra este reciente fallo.

Los impuestos en pugna no son un asunto menos para una de las principales ferroviarias en México. El país latinoamericano supone un 16% de los ingresos totales de CPKC, mediante el transporte de carga: vehículos terminados, enseres domésticos, granos y autopartes, acero, cemento y combustibles, entre otros. Además, la firma ha sido una de las compañías que ha respondido al llamado de este Gobierno para reactivar los trenes de pasajeros.

La batalla de Kansas City en tribunales es un botón de muestra de la estrategia de este Gobierno para cobrar los créditos fiscales de sexenios anteriores a grandes contribuyentes. El mandatario se ha negado a implementar una reforma fiscal progresiva para financiar las políticas de Estado, guiado por la convicción de que basta con que las grandes empresas paguen los impuestos justos y, sobre todo, los adeudos fiscales que arrastran de hace años. El Gobierno ha celebrado por todo lo alto que las empresas están rindiendo más cuentas al fisco. Los grandes contribuyentes ingresaron 2,2 billones de pesos en impuestos en 2023, el 51% de la recaudación total, superior a 4,5 billones de pesos del año pasado. De acuerdo con los datos del SAT, en 2023, se recaudaron 248.651 millones de pesos por actos de fiscalización y se logró la regularización total o parcial de 918 grandes empresas.

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