El año en que se destapó el gran agujero del huachicol fiscal heredado del último lustro

El cese esta semana de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México, señalado por tener un estilo de vida no acorde a su sueldo, fue la última muesca en un año terrible para las aduanas del país. Márquez Hernández era el encargado de combatir, entre otros delitos, el huachicol fiscal, el gran pecado que salió a la luz en marzo y que manchó el buen nombre de la Secretaría de Marina, tras la desarticulación de una banda criminal comandada por dos hermanos almirantes, el mayor golpe contra la corrupción de los últimos años. En este escenario, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promovió una reforma mayúscula a la Ley de Aduanas, con la que busca aumentar la recaudación fiscal cerrando tanto los espacios al contrabando técnico como otras formas de engañar al fisco. El 2025 fue un año en el que los mexicanos miraron, con gran asombro, hacia sus fronteras comerciales.

Fue en Tamaulipas, a mediados del mes de marzo, cuando el concepto del huachicol fiscal —la importación ilegal de combustibles simulando que son otro producto para evitar el pago de impuestos— entró en el imaginario colectivo. Un petrolero, el Challenge Procyon, fue decomisado en la aduana de Tampico. Aunque su carga declarada era aditivos para aceites lubricantes, el barco fue inspeccionado, descubriendo que en realidad transportaba combustible. Este hallazgo llevó a un cateo en un predio cercano, donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. Este fue el primer gran caso mediático y la pieza clave para desmantelar la mayor conspiración criminal de los últimos años: la red de los hermanos Farías Laguna. Según aseguró la presidenta, Márquez Hernández dio el pitazo de que algo pasaba en esa aduana.

Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y sobrinos del secretario de Marina del presidente Andrés Manuel López Obrador, coordinaron desde junio de 2023 hasta marzo de 2025 al menos 69 operaciones de contrabando en los puertos mexicanos, acumulando ganancias por al menos 150 millones de dólares. Los hermanos usaban su influencia dentro de la Marina para poner a gente de su confianza en puestos clave de varias aduanas y operar su multimillonaria trama criminal.

El desmantelamiento de esta red, anunciado el 7 de septiembre con la detención de 14 personas , ha sido el mayor golpe a la corrupción en lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum y un disparo a la credibilidad de las fuerzas armadas. La trama incluía crimen organizado, aduanas y bolsas negras llenas de dinero en efectivo, con apodos y alias criminales como Capitán Sol, Los Primos o El Santo, y hubo muertes extrañas de marinos involucrados.

Pero el contrabando de combustible llevaba sucediendo desde hacía años y no solo en los puertos donde estaba involucrada esta organización. Al menos 21 aduanas en 13 Estados, de acuerdo a una investigación de este periódico, registraron un crecimiento ilógico y desmesurado de las importaciones de aceites lubricantes, una mercancía que se usa como disfraz para introducir en el país gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes. Entre 2021 y 2022, hubo un exceso de 27.000 millones de litros, unos 2.700 barcos petroleros, con un daño potencial a la Hacienda pública de 120.000 millones de pesos, sobre 6.000 millones de dólares.

Las evidencias recopiladas indican que la fiebre del huachicol fiscal comenzó con la Administración de López Obrador. A partir del año 2019, se puede observar que crece la disparidad entre las exportaciones de combustible que se declaran en Estados Unidos y las importaciones que se registran en México. Esto se confirma con documentos de la Secretaría de la Defensa filtrados por Guacamaya Leaks, donde se pone, negro sobre blanco, que el contrabando usando como disfraz los aceites lubricantes se remonta a 2020.

Pese a estos indicios, la Administración anterior dejó crecer el problema a lo largo de todo su sexenio. Además, la decisión del expresidente de que la gestión de las Aduanas pasara a control militar por su supuesta incorruptibilidad, fue un regalo envenenado para la Marina, que falló en su prueba de fuego al demostrar que los cuerpos castrenses tienen los mismos defectos que los simples civiles.

En este contexto, con las Aduanas bajo escrutinio público, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha la aplanadora legislativa durante el mes de octubre y en menos de dos semanas se aprobó una profunda reforma a la Ley de Aduanas. Esta toca tres aspectos principales: se acota y aumentan las responsabilidades del agente aduanal; hay menos casos donde pueden usarse los recintos fiscalizados estratégicos para la introducción temporal de mercancías con menores impuestos y se dota de mayores capacidades de inspección a las autoridades. Para dar tiempo a las afectados a adaptarse, la reforma entra en vigor en 2026.

Mientras la red de los Farías Laguna operaba principalmente en aduanas al norte del país, en noviembre una nueva investigación reveló que el contrabando de hidrocarburos también ocurría en la frontera sur. Otra conspiración criminal—ésta comandada por antiguos políticos, ingenieros en activo y el empresario dueño actual de Miss Universo—, se dedicaba al tráfico de armas, el lavado de dinero, el despojo de viviendas y, también, al contrabando de combustible, estando en activo al menos desde diciembre de 2024.

El empresario Raúl Rocha Cantú, en su papel de socio capitalista, junto Jacobo Reyes León alias El Licenciado, Daniel Roldán Morales, El Inge, y Jorge Alberts Ponce, Yoryi; eran los cabecillas de una red que se dedicaba a cruzar miles de litros de combustible por la frontera con Guatemala sin pagar impuestos y con protección de las autoridades. También hay pruebas de que traficaron 3.000 millones de litros desde Estados Unidos, concretamente desde la refinería Deer Park, en Houston, instalaciones que el Gobierno de México compró durante el sexenio de López Obrador.

Justo al final del año, se hizo público que Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera y cuestionado por un estilo de vida fuera de las posibilidades de su sueldo, había sido cesado de su cargo. Márquez Hernández era el encargado de combatir, entre otros delitos, el huachicol fiscal y, de acuerdo a lo que dijo la presidenta en su conferencia diaria, ayudó a desmantelar la red de contrabando de combustible de los Farías Laguna.

Además, la presidenta aseguró que la investigación sobre el personal de la Secretaría de Marina no ha terminado, pero, de momento, pese a que varias veces se anunciaron nuevas acciones, no ha habido más detenidos dentro de esta gran trama. Es más, una de las figuras principales de esta conspiración está huido de la justicia mexicana. El contraalmirante Fernando Farías Laguna sigue prófugo, sin responder por el mayor caso de corrupción de los últimos años en México.