México rechaza los señalamientos de la ONU que estiman que existe la desaparición forzada sistemática en el país

México se mantiene firme en su lucha para negar que las desapariciones en el país sean sistemáticas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido este jueves un comunicado en el que ha vuelto a rechazar el proceso que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) activó en abril para tratar de determinar si las desapariciones que ocurren en el país son generalizadas y sistemáticas. Los colectivos y el Gobierno mexicano enviaron en septiembre el informe que abordaba la materia. El Ejecutivo pidió entonces que su documento fuera confidencial. El Gobierno mexicano reconoce hasta este jueves la desaparición de casi 134.000 personas.

“La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”, ha defendido la Cancillería. La ONU respaldó en abril la postura de algunos colectivos, investigadores y periodistas, al afirmar que en el país sí existían esas desapariciones “sistemáticas y generalizadas”. La afirmación llevó a que el CED activara su artículo 34, un mecanismo que permitía llevar “la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario General”.

La Cancillería ha defendido que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, pero ha expuesto que las afirmaciones del CED “carecen de sustento”. “El fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, han asegurado en la nota, donde también han buscado hacer eco de la estrategia de Paz y Seguridad. Y continúa: “Se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas”.

El artículo 34 activado en abril expone que “si el CED recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio [...] podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General”. Las reacciones no tardaron en saltar en aquel momento. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se lanzaron entonces contra la institución internacional; y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, llegó a decir que esa postura era una “estrategia para descarrilar” el Gobierno.

Naciones Unidas alzó la voz una década atrás para afirmar que el México había “un contexto de desapariciones generalizadas”. Fue tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, durante el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lo volvió a exclamar en 2018 tras la impedimenta del Ejecutivo a que el organismo internacional realizara su investigación. Pero no fue hasta finales de 2021 que el CED logró hacer su primera visita al país. Recogió las conclusiones en un informe que presentó al año siguiente, donde señalaban que la desaparición se había convertido en México en el crimen perfecto.