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El periódico de Campeche que ya no escribe sobre la gobernadora Layda Sansores por miedo a la censura

El veterano medio ‘Tribuna Campeche’ denuncia una campaña judicial en su contra. El último fallo cautelar les obliga a entregar por anticipado sus textos sobre la mandataria, que les acusa de delitos de odio y violencia política de género

Hace no tanto, Jorge González y Layda Sansores iban a desayunar juntos, se felicitaban los cumpleaños y compartían confidencias. Decir que eran amigos quizá sería demasiado, más bien era la clásica relación cordial entre un político y un periodista veterano. Pero todo empezó a cambiar hace unos siete años, cuando Sansores pasó de senadora por Campeche a alcaldesa de un barrio de la capital mexicana. Y sobre todo, desde que regresó a su tierra hace cuatro años como gobernadora por Morena. Empezaron los roces, las acusaciones mutuas y desde el año pasado las denuncias y los fallos judiciales. El último, la obligación de entregar, como máximo 30 minutos antes de su publicación, cualquier texto de Gónzález y su diario digital, Tribuna Campeche, que haga referencia a la gobernadora para que un funcionario judicial revise que no haya nada ofensivo.

El “censor”, como le llaman los periodistas de Tribuna, un diario con solera y muy leído en el Estado, puede exigir modificaciones en la información e incluso prohibir su publicación. En caso contrario, llegarán las multas y las sanciones. Pero de momento, nada de eso ha ocurrido en la semana que lleva en vigor el fallo. Porque la decisión del periódico ha sido directamente no escribir ni una palabra relacionada con Sansores. “Se está manejando información general pero que no represente un peligro. Si nos van a estar censurando, mejor no hablamos de la gobernadora”, cuenta Lorenzo Chin, otro periodista veterano y, hasta hace unos meses, el jefe de información del diario.

Poner la venda antes de que se abra más la herida. Esa está siendo la estrategia de Tribuna, incluyendo la retirada de su medio del único espacio que le quedaba a González después de ser el director durante más de 30 años. “Yo grababa un programa de televisión semanal de resumen político que se subía a la web. Ahora lo hago por Zoom”, cuenta por teléfono. Y añade que desde hace dos semanas apenas sale de casa por miedo.

Un vistazo rápido a la página de Tribuna confirma que desde el 15 de septiembre no hay nuevas entradas del espacio de González. En las antiguas que todavía están publicadas, abundan adjetivos dirigidos a Sansores como “corrupta octogenaria”, “clasista”, “racista” y “terca”. En otros espacios de opinión, como En las tripas del Jaguar, al que ha apuntado más de una vez la gobernadora, se repiten los adjetivos gruesos y en alguna columna aparece una ilustración de Sansores caracterizada como una rata.

Los periodistas de Tribuna consideran que estas columnas están amparadas por el derecho de libertad de expresión, que tratándose además de un personaje público, y publicadas por un medio, cuenta con aún más margen de protección en las leyes. Pero Sansores decidió empezar una cruzada contra González y su periódico por vía penal, denunciándoles por delitos de odio y violencia política de género. Consultada por este periódico para conocer más sobre su postura, la gobernadora no ha dado respuesta.

González considera que la gobernadora está usando sus palancas tanto en la judicatura local como en la fiscalía para acallar las voces críticas. La acusa incluso de estar detrás de una paliza que le dieron unos policías cuando medió en un conflicto de tráfico. “No le gusta que le critiquen sus errores, su nepotismo, que le digan que es ella la que insulta. A mi me llama ‘Don Pirañón’ y en sus programas de televisión me ataca diciendo que soy un mentiroso. He ganado dos veces el concurso de ‘El pinocho de Oro”.

Son habituales los ataques a adversarios desde la televisión pública desde que Sansores llegó al poder. Hace tres años emprendió una agresiva campaña contra el exgobernador del Estado y presidente actual del PRI, Alejandro Moreno, aireando audios privados durante su programa semanal, Los Martes del Juagar. Sansores, 80 años, proviene de una estirpe de poderosos políticos en Campeche. Su padre, Carlos Sansores, fue gobernador y presidente nacional del PRI, donde la hija militó durante más de 30 años.

Organizaciones de defensa de la libertad de expresión están últimamente insistiendo en que está creciendo el acoso judicial contra periodistas. En su último informe, Artículo 19 denuncia “un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”. La organización ha registrado hasta 52 casos abiertos en lo que va de año contra medios o periodistas. Uno, cada cuatro días. Y subraya en concreto el uso extendido y fraudulento de la figura de violencia política en razón de género, a la que se está acogiendo Sansores, entre otras políticas mexicanas, “para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder”.

Además de la denuncia penal, que aún está en fase cautelar, González tiene otra demanda civil, presentada por el vocero de Sansores. Walther David Patrón ha ganado ya la primera instancia contra un artículo publicado en Tribuna que denuncia una trama de corrupción de la gobernadora, en la que está incluido. La defensa de González es que no es un artículo suyo ni de su periódico. “Es un artículo de una agencia, que nosotros reprodujimos. Y, sin embargo, se nos obliga a contrastar fuentes que no son nuestras. Es un despropósito”, añade González, de 72 años y semiretirado desde hace unos siete. El fallo judicial le obliga a pagar una multa de dos millones de pesos (106.000 dólares) y amenazan con embargar su casa si no paga.

El panorama para Tribuna no es mucho mejor en este año en el que cumple medio siglo de vida. De llegar a tener 300 empleados ahora son apenas una decena. Una de las medidas judiciales es que debía cerrar cautelarmente hasta que se resuelva el juicio penal por delitos de odio. Los más veteranos de la cabecera están descorazonados. Dicen que ni en los peores tiempos del PRI de hierro habían sufrido unos ataques parecidos. Su última esperanza es que los tribunales federales asuman los casos y puedan revertir la situación.

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