La Iglesia pide la palabra

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Los religiosos mexicanos desempeñan un activo papel en la lucha contra la violencia que en unas ocasiones los sitúa como mediadores con los capos de las bandas armadas y en otras, como víctimas mortales de ellas. En decenas de pueblos donde la seguridad no la garantiza nadie, muchos sacerdotes se esmeran en proteger la integridad de la gente mediante acuerdos cuyos términos se desconocen. El bélico escenario en el que se desenvuelven varios Estados mexicanos en las últimas semanas ha acabado con la vida de un cura en Chiapas, Marcelo Pérez, y la Iglesia católica ha vuelto a alzar la voz: a los numerosos comunicados de sacerdotes y obispos que reclaman medidas a la Administración se ha unido ahora la condena del Papa de Roma. De igual forma ocurrió cuando dos jesuitas cayeron a balazos en junio de 2022 en Chihuahua. Entonces gobernaba Andrés Manuel López Obrador y las esperanzas que en un primer momento de su mandato despertó entre los representantes de la Iglesia ya se habían esfumado. Los reclamos se dirigen ahora a su sucesora, Claudia Sheinbaum, con quien se están abriendo nuevos puentes de diálogo.

El inicio del nuevo sexenio no ha podido ser más sangriento: bombas en Guanajuato, alcaldes asesinados, Sinaloa acusando los efectos de una guerra intestina de carteles, Guerrero sin tregua entre fusilamientos y desaparecidos… Y Chiapas, un territorio antaño tranquilo que hoy se desdibuja bajo el fuego cruzado de las bandas criminales, que se disputan una frontera de migración y drogas, y el del Ejército, que tantas veces apunta donde no debe. En el corazón del Estado, San Cristóbal de las Casas, como su propio nombre indica, tiene una larga historia en la que los religiosos han sido protagonistas por su valentía en la defensa de los más humildes. Hoy, como ayer, sacerdotes y obispos pagan caro su coraje frente a la adversidad que llega desde cualquier frente. No es de extrañar, por tanto, que la muerte a tiros de Marcelo Pérez al salir de misa se haya leído en clave de eternidad: la violencia en México no tiene fin ni brújula.

En este paisaje sin horizonte se atisba algún cambio, quizá formal, pero no desdeñable para un país donde el combate a la violencia debe ser cosa de todos: la cúpula religiosa y el Ejecutivo han abierto un diálogo que, solo por serlo, se antoja esperanzador. El secretario general de la Conferencia Episcopal mexicana, Ramón Castro, ha contado la reunión mantenida esta semana pasada con Clara Luz Flores, titular de Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación. Es un comienzo. En este asunto de las balas, los religiosos saben de qué están hablando y su experiencia en lugares donde no conocen a la policía también debe tenerse en cuenta. Entre el 8 y el 10 de noviembre, la jerarquía católica renovará sus puestos y a esos encuentros están invitadas la propia Flores, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta Sheinbaum.

La vida es el primer mandamiento. En México, donde faltan viviendas dignas, escasea la alimentación y el sistema de salud deja que desear, un asunto se alza por encima de todos: la seguridad. Son miles las víctimas en territorios donde el crimen organizado se divide entre asesino y protector, patrón y castigo, benefactor y policía. Acabar con esa espiral de terror es bandera prioritaria. Todos lo saben, el problema es por dónde empezar. Diálogo es siempre una buena palabra.