El Gobierno de Claudia Sheinbaum arranca su plan de vivienda: construir un millón de casas en seis años

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha arrancado con la hoja de ruta para cumplir la promesa de construir un millón de viviendas en seis años. El Congreso debe todavía sentar todas las bases constitucionales que amplíen las facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para convertirlo en una constructora pública. Con ese fin, la Cámara de Diputados ha dispuesto sacar adelante este miércoles la reforma constitucional, herencia de Andrés Manuel López Obrador, como el primer paso para materializar uno de los 100 compromisos de la mandataria en su sexenio. El plan incluye el inicio de la construcción de los inmuebles en febrero del año que viene.

Convertir al Infonavit en constructor de vivienda supone un giro de tuerca a la naturaleza del organismo, que hasta ahora ha fungido solo como administradora del fondo para vivienda al que los patrones están obligados a hacer aportaciones periódicas. La reforma, que incluye algunas novedades con respecto a la de López Obrador, también le dará la facultad para la compra de terrenos. Los cambios implicarán una fuerte inversión para construir la parte que le toca, 500.00 viviendas para sus derechohabientes, y que no represente un impacto a la Hacienda pública. “El infonavit está sobrecargado de dinero [...], lo que tiene que hacer es movilizar todos sus recursos a nivel nacional”, sostiene Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara Baja, cercanisímo a la presidenta y encargado de llevar a buen puerto todas las modificaciones legales necesarias para cumplir con la proyección que se ha dividido en objetivos anuales.

La otra parte del proyecto, los 500.000 inmuebles para personas no derechohabientes del Infonavit, se lograrán con recursos de los tres órdenes de gobierno e inversión privada. El oficialismo ha echado a andar la maquinaria para arrancar en tres meses con el programa de vivienda. Desde la semana pasada, legisladores y funcionarios de Estado han sostenido sendas reuniones con el director del Infonavit, Octavio Romero, líderes sindicales y cámaras de comercio e industriales para afinar los detalles sobre el entramado legal que se requiere para implementar el Programa Nacional de Vivienda. El oficialismo, con mayoría parlamentaria suficiente, ha integrado una mesa de trabajo con todos estos sectores para construir consensos.

Además de la reforma constitucional, también hay una batería importante de enmiendas a leyes secundarias en materia de vivienda, salud y códigos civiles que deben quedar listos antes de que concluya el año para iniciar con la operación lo antes posible, según los planes del Gobierno. Otra de las modificaciones que avanzará con la aprobación de la reforma es que el Infonavit ponga en renta viviendas para los trabajadores, principalmente jóvenes a precios controlados, ajenos a los costos del mercado inmobiliario. Como parte de los cambios al proyecto se ha quitado el candado de 10 años para poder comprar un inmueble en renta, ahora se podrá realizar en cualquier momento.

El Gobierno de Sheinbaum ha apostado no sólo por cumplir con la construcción de este millón de viviendas a precios accesibles y cercanos a los centros de trabajo, la apuesta contempla incluso superarla. El primer paso después de que se concreten los cambios constitucionales y legales será impulsar una coordinación eficiente entre los tres niveles de gobierno, organismos de vivienda, desarrolladores e instituciones financieras públicas y privadas, señala uno de los documentos del proyecto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para ejecutar el Programa de Vivienda y Regularización se ha proyectado una inversión de al menos 600.000 millones de pesos. El mapa prevé la construcción estratégica en cuatro regiones del país: 325.000 en el sur, 239.400 en el centro, 228.800 en el centro-norte y 206.800 en el norte. Además se llevarán a cabo 450.000 acciones de mejoramiento y ampliaciones en áreas con alto grado de marginación. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la construcción de las primeras viviendas iniciará en Los Cabos, Baja California Sur.

La compra de terrenos será uno de los puntos más complicados para lograr el objetivo. Para ello se creará una entidad del Estado que administre, de viabilidad, proporcione la infraestructura y garantice la compra de terrenos a precios accesibles. “Por mucho dinero que tengamos, ahorita tenemos casi un billón de pesos, el problema es que no hay suelo barato. Entonces es imposible construir vivienda para jóvenes y para los sectores de menores ingresos y mucho menos para aquellos que no tienen un empleo formal”, apunta Ramírez Cuellar.