El macabro asesinato del alcalde de Chilpancingo abre un nuevo frente en la crisis de violencia en México

Le ha durado poco la luna de miel a Claudia Sheinbaum, que un día juraba el cargo de presidenta y al otro enfrentaba su primera crisis de violencia, la masacre de seis migrantes a manos de un grupo de militares confundidos en Chiapas, la semana pasada. La situación no ha hecho más que empeorar desde entonces. En Culiacán, la guerra civil del Cartel de Sinaloa deja muertos y desaparecidos a puñados cada pocos días. En Guerrero, criminales asesinaron el domingo al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Su ejecución rivaliza en salvajismo con el espectáculo que armaron los sicarios a costa de su cuerpo: le cortaron la cabeza y la dejaron en el toldo de una camioneta.

Guerrero cuenta el tiempo a partir de estos actos macabros, igual que tantas regiones de México. Muchos en el Estado del Pacífico aún recuerdan las primeras cabezas cercenadas que aparecieron por allí, hace ya unos cuantos años. Fue en Acapulco, en 2006, y entonces anunciaban una guerra extremadamente violenta, vinculada entonces a siglas y nombres ya extintos, Los Zetas, el Cartel de los Beltrán Leyva, etcétera… Una guerra extinta, pero parecida a las nuevas, en Acapulco y otras regiones del Estado. Cambian los nombres y la mano de obra del crimen, se mantiene la pulsión de matar para someter. De bajada durante los años finales del Gobierno de Héctor Astudillo, los asesinatos aumentaron el año pasado (1.720), cifra que seguramente volverá a crecer este año.

El caso de Alejandro Arcos es un ejemplo de la extrema violencia de las mafias regionales, ahora en Guerrero, vinculadas a la extorsión y la explotación de industrias legales, como el transporte público o los mercados. El alcalde no llevaba una semana en el cargo cuando lo mataron. Antes, criminales ya habían asesinado al secretario del Ayuntamiento, el segundo al mando de la institución, y a un militar que sonaba para jefe local de policía. Esos ataques apuntaban a la barbarie del domingo, que ocurría horas después de que el alcalde visitara zonas afectadas por las intensas lluvias de estas semanas.

La victoria de Arcos en las elecciones de junio abría una gran cantidad de interrogantes. El político se imponía en los comicios encabezando a la coalición opositora, PRI, PAN y PRD, enfrentada a Morena, el partido gobernante. ¿Cómo haría el alcalde para apartar a la capital del Estado, sus vecinos y economía, de los tentáculos de las mafias? ¿Era ese acaso su objetivo? No son preguntas menores. A principios de año, la zona centro de Guerrero había sufrido la violenta refriega de dos grupos criminales, Los Tlacos y Los Ardillos, por el control de rutas de transporte público. La alcaldesa saliente, Norma Otilia Hernández, será recordada por el vídeo filtrado en que se le ve departiendo con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega.

Entonces, la pregunta no era si el nuevo alcalde se sentaría a hablar con el crimen local, sino en qué términos lo haría. Poco ha trascendido de los últimos pasos de Arcos, más allá de su visita horas antes de su asesinato a Tepechicotlán, una comunidad rural de Chilpancingo, camino a la región de La Montaña. A pocos se le escapa que la comunidad está ya muy cerca de Quechultenango, guarida de Los Ardillos. Las especulaciones van que vuelan en Guerrero y no es difícil pensar en la posibilidad de una reunión el mismo domingo. Desde luego, no hay forma de comprobarlo. Y si ha ocurrido, y hay pruebas, trascenderán cuando a alguien le interese, como en el caso de la exalcaldesa.

Es público desde hace tiempo el interés de Ortega y su grupo con la política. Uno de sus hermanos, Bernardo, ha sido desde hace años uno de los pesos pesados del PRD local. En una entrevista que dio el propio Celso Ortega este año, señaló que la reunión con la exalcaldesa Hernández respondía a una negociación en curso. Los Ardillos, decía Ortega, le habían apoyado para llegar a la alcaldía, a cambio de que esta les cediera el control del rastro municipal. No hay forma de comprobar si esto es cierto o no. Morena expulsó a Hernández del partido en septiembre.

En una entrevista con este diario en febrero de 2022, el entonces obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, protagonista de un extraño episodio de desaparición en Morelos hace unos meses, señalaba que Ortega y su grupo habían apoyado al PRI en las elecciones de 2021. Entonces, Morena se hizo con el Gobierno del Estado y de la capital. Rangel decía que Ortega había organizado mítines a favor de los candidatos del PRI. Aunque no hay pruebas de esto, la presunta cercanía de Ortega con el PRI estos años forma parte del contexto en que han ocurrido los últimos asesinatos en Chilpancingo, el de Arcos, su secretario y el posible jefe de policía local.

El contexto exige la formulación de preguntas cuyas respuestas integran un mundo escurridizo. ¿Hubo conversaciones preelectorales de la coalición opositora con Los Ardillos u otros grupos? Y si las hubo, ¿qué consecuencias tuvieron? Desde enero, la batalla entre Tlacos y Ardillos en el centro del Estado parecía cerrada, gracias a una tregua fraguada al calor de la intervención de la iglesia, a partir de figuras como la de Rangel. El cambio de partido en el Gobierno local interpelaba la misma tregua y los acuerdos que se desprendieron de ella.