La Fiscalía detiene a El Gil, testigo protegido del ‘caso Ayotzinapa’, que ya estuvo en prisión cuatro años
A tres semanas de que se cumpla una década del ataque contra los estudiantes normalistas, la dependencia sorprende con la captura de Gildardo López, hasta ahora colaborador en la investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que atacó a un grupo de estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa, hace casi diez años, y desapareció a 43. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, El Gil se había convertido en testigo protegido de la Fiscalía, bajo el seudónimo de Juan. López Astudillo había estado preso de 2015 a 2019, acusado del secuestro de los 43 y de delincuencia organizada, acusaciones que la justicia desestimó.
La FGR no ha informado oficialmente del motivo de la captura. En la página del Consejo de la Judicatura figura un acuerdo en la causa penal 7/2016, que atañe a López Astudillo y otros presuntos integrantes del grupo criminal, caso de José Luis Ramírez Arriaga, alias El Churros, fechado el 26 de agosto, día en que el juez a cargo del juzgado que ve la causa, con sede en Iguala, lugar del ataque contra los estudiantes, podría haber otorgado la orden de detención a la Fiscalía. En esa causa, Ramírez Arriaga estaba acusado de delincuencia organizada en la modalidad de traficar drogas. La misma acusación podría recaer ahora sobre López Astudillo.
El movimiento de la FGR resulta sorprendente, por el papel que ha jugado El Gil estos años en la investigación por el caso Ayotzinapa. Tras su liberación, los equipos de investigación del caso le convencieron para que testificara y les contara del grupo criminal, de sus apoyos institucionales y, sobre todo, del destino de los muchachos. En febrero de 2020 dio su primera declaración, bajo su nuevo seudónimo. Ahí señaló que policías de Iguala y otros municipios cercanos, agentes estatales y militares, repartieron a los 43 en diferentes grupos, después de los ataques, registrados la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. Militares y agentes habrían entregado a los muchachos más tarde a Guerreros Unidos.
Según El Gil, diferentes grupos de sicarios acabaron con los muchachos en diferentes lugares de Iguala. A un grupo, aseguró, los “destazaron” y llevaron a quemar a una funeraria. Luego, el grupo criminal esparció las cenizas en diferentes puntos de la zona. De otro grupo de muchachos se encargó una de las células asociadas a Guerreros Unidos, Los Tilos, que integraba a los hermanos Benítez Palacios. Según El Gil, los deshicieron en ácido y tiraron los restos por el desagüe. En todos estos años nunca se han podido probar buena parte de los dichos del ahora detenido. A la vez, fueron pistas suyas las que condujeron a los investigadores al hallazgo de dos trocitos de hueso que en vida habían pertenecido a dos de los 43, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero.
El Gil también señaló que la Fiscalía de Guerrero, entonces a cargo de Iñaky Blanco, negoció con el grupo criminal una solución, ante el escándalo que había generado el ataque contra los muchachos, quienes, según López Astudillo, habían llegado a Iguala junto a integrantes de un grupo criminal conocido como Los Tlacos. Una reunión con un enviado de Blanco tuvo lugar, por ejemplo, sigue el acusado, en un rancho de Erick Román, presunto integrante del grupo criminal, detenido a principios del mes pasado.
Las declaraciones de El Gil, aireadas en la prensa, fueron escandalosas. Los señalamientos contra Blanco eran solo una de las flechas que el presunto criminal lanzó contra las autoridades. Acusó a militares de alto rango de los batallones de la región, el 27 y el 41, de estar en la nómina del grupo criminal. Acusó igualmente al entonces jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, antaño jefe de la desaparecida Policía Federal en Guerrero, de recibir igualmente dinero del grupo...
Lo que siempre llamó la atención –y levantó sospechas– es que su relato dejaba al margen el actuar de uno de los principales operadores de Guerreros Unidos sobre el terreno aquella noche: él mismo. En un documento de inteligencia militar liberado durante esta administración, la sociedad mexicana pudo leer un intercambio de mensajes, supuestamente entre El Gil y un jefe policial de Iguala. El Ejército tenía intervenidos sus teléfonos. En los mensajes, los dos hablaban de un grupo de 17 estudiantes, parte de los 43, justo después del ataque, mientras la entente criminal los desaparecía.
La publicación de ese documento, origen de las discordias actuales entre las partes, las familias, por un lado, y las autoridades, por otro, provocó en último término que el Ejército señalara al mismo López Astudillo, diciendo que quizá tenía más información. Los señalamientos de López Astudillo contra el Ejército, que sirvieron para armar las acusaciones en contra de varios militares, le habían puesto en una posición complicada. En algunos casos, había pruebas que constataban sus acusaciones contra los militares. En otros, como la presunta retención de parte de los 43 en las instalaciones del 27 Batallón, durante los hechos, no.
Su detención abre la puerta ahora a nuevas revelaciones. A menos de tres semanas de que se cumplan diez años del ataque, a menos de un mes de que concluya el mandato de López Obrador, que prometió resolver el caso cuando llegó a la presidencia, la vuelta a la cárcel de El Gil muestra las prisas de los investigadores por retomar la iniciativa de un caso en vía muerta.
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