El Ranchero, la última detención de alto perfil para el ‘caso Ayotzinapa’

En la última reunión antes del cambio de Gobierno, las autoridades informan a las familias de los 43 de tres capturas de sospechosos relacionados con la desaparición de los estudiantes

Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa protestan frente a Palacio Nacional, en Ciudad de México, en marzo de 2024.Raquel Cunha (Reuters)

Dentro de la extensa red de procesos, rutas de investigación, trabajos de búsqueda y desencuentros entre las partes que componen el universo del caso Ayotzinapa, el Gobierno aprovechó la última reunión del sexenio con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, este lunes, para informar de la detención de tres personajes presuntamente implicados en el ataque. Son detenciones importantes, que podrían ayudar a profundizar en los hechos, sobre todo en el caso de uno de ellos, Erick Román Fernández, un cacique del área de Apetlanca, en Guerrero, punto recurrente en las búsquedas de los investigadores sobre el terreno estos años.

Apodado El Ranchero, Román Fernández es un ganadero conocido en la zona, parte supuestamente del grupo criminal Guerreros Unidos, organización que perpetró el ataque contra los estudiantes normalistas, apoyado por autoridades, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Su nombre aparece en el tercer informe del GIEI, el equipo de investigadores que la CIDH comisionó a México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y que volvió años más tarde, ya con Andrés Manuel López Obrador en el poder. Uno de los principales operadores del grupo criminal en la época, convertido en testigo protegido bajo el seudónimo de Juan, señala que Román Fernández integraba el segundo escalafón de mando de la organización.

En el informe del GIEI, Román Fernández aparece en la página 226. Los investigadores, que elaboraron sus pesquisas en paralelo a las autoridades mexicanas, rescataban un documento interno del Ejército, el “F.C.A. Nº 0999″, referente a “una persona de nombre Erick Román Fernández, que trasladó a los alumnos de la escuela Normal Isidro Burgos a la comunidad de Apetlanca, Municipio de Cuetzala”. El GIEI señala que el documento tiene relación con el 41 Batallón de Infantería, que lo habría elaborado o recibido el 10 de octubre de 2014, unas semanas después del ataque.

Dentro de la documentación castrense que revisó el GIEI, destaca además una denuncia anónima que recibió el 7 de octubre la policía estatal, que señalaba que “los Guerreros Unidos se encuentran refugiados en Apetlanca”, que su jefe en la zona se apoda El 21, personaje que habría llegado a la comunidad de la mano de “un joven llamado Erick Román Fernández, que pertenece a los Guerreros Unidos, que participaron en la matanza de los normalistas de Iguala y está escondido en Apetlanca y Tianquizolco”. Al parecer, esta denuncia habría motivado el mensaje posterior, el F.C.A. Nº 0999. Se ignora si el Ejército o la policía estatal la pusieron en manos de los investigadores.

Apetlanca y otras comunidades de Cuetzala, caso de Tianquizolco, han aparecido desde el principio en el radar de los investigadores. Ya en 2014, se presumía que los tentáculos de Guerreros Unidos llegaban a ese lado de la sierra, camino de la región de Tierra Caliente. A finales de octubre de 2014, la Armada detuvo allí a tres presuntos participantes del ataque y posterior desaparición, Jonathan Osorio, alias Jona, Patricio Reyes, alias Pato, y Darío Morales. Liberados años después por falta de pruebas –invalidadas sus declaraciones autoinculpatorias por haberse obtenido mediante tortura–, Jona y Pato fueron señalados como parte del grupo de perpetradores principales, primero del ataque y luego de la desaparición de los muchachos.

En el último informe de la comisión presidencial que ha investigado el caso este sexenio, la Covaj, los investigadores apuntan igualmente Apetlanca como uno de los posibles destinos de parte de los muchachos. Lo hacen a partir de las declaraciones de dos implicados. El primero, Walter Deloya, parte de la estructura de Guerreros Unidos, decía que “a los estudiantes que trasladaron por a carretera de Cocula, los pudieron haber llevado Tianquizolco, Apaxtla y Cuetzala”. El segundo, el testigo protegido Charly, señala que a un grupo de los estudiantes se los llevaron “en dirección a Apetlanca, atravesando por las localidades de Machito de Flores y Tianquizolco. Él señala tres posibles destinos, La Capilla, Loma Alta y Las Cuevillas”. La Covaj ha buscado estos años en esos tres lugares, sin éxito.

Berber y el policía

Integrantes de un colectivo de búsqueda y de la Brigada Humanitaria de Paz, buscan fosas clandestinas en el municipio de Huitzuco de los Figueroa (Guerrero), en julio de 2020.Dassaev Téllez Adame (Cuartoscuro)

Las otras dos detenciones resultan igualmente relevantes, por motivos distintos. La de Marco Antonio N, alias La Pompi, es un guiño a las familias, que estos años han visto como un buen puñado de acusados salía de prisión por falta de pruebas. La Pompi fue uno de los primeros detenidos del caso, cuando las investigaciones todavía estaban en manos de la Fiscalía de Guerrero, a principios de octubre. El tercer detenido es Hugo C. un policía de Huitzuco, corporación que participó en uno de los dos escenarios de la desaparición, el Palacio de Justicia de Iguala.

El caso de La Pompi es relevante. En su primera declaración, ante los investigadores de Guerrero, señaló que él y otros colegas, bajo el mando del presunto jefe de sicarios del grupo criminal en Iguala, alias Choky, acabaron con la vida de nueve de los 43, en un cerro cerca de Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala. La Pompi disparó contra dos de ellos, según dijo él mismo. Ocurre, sin embargo, que La Pompi denunció que los fiscales de Guerrero le habían torturado y en posteriores declaraciones, ya ante la Fiscalía federal, omitió su participación activa en estos asesinatos. En la del 6 de octubre solo habla de tres de los muchachos, que ve cómo matan. En la del 21 de octubre, vuelve a hablar de nueve muchachos asesinados, de un grupo total de 13, parte de los 43.

El grupo que refiere La Pompi formaría parte de los muchachos que, en la ruta de desaparición, pasaron por la instalación de Barandilla de la policía de Iguala, que actuó de la mano de Guerreros Unidos. Así lo refiere en su declaración ante la Fiscalía de Guerrero. Ignorado al principio, los investigadores tienen claro hoy día que un grupo de muchachos pasó por allí. No es seguro si fue el grupo detenido en el escenario norte del ataque, el cruce de la calle Juan N. Álvarez con Periférico, o en el sur, el Palacio de Justicia. Pero por los dichos de La Pompi, parecería el primero. En sus declaraciones repite varias veces que es allí a donde va, siguiendo a una de las caravanas de buses de los estudiantes, por orden del jefe de halcones –vigías– del grupo en el municipio, David F. alias Chino.

El nombre de la Pompi aparece también uno de los documentos más importantes del caso, conocido en 2021, intercepciones de mensajes a integrantes de la red criminal en la región, llevadas a cabo por el Ejército. En uno de los dos documentos que la Covaj divulgó entonces, El Cholo Palacios, presunto cabecilla de Guerreros Unidos en Huitzuco y alrededores, habla con un tal Ramón, al parecer un policía del pueblo cercano de Tepecoacuilco. Ramón le dice al Cholo que “se ponchó feo La Pompi”, aludiendo a su detención ese mismo día. Era el 4 de octubre de 2014.

La detención de La Pompi, torturas mediante, condujo a los investigadores a la primera red de fosas clandestinas halladas durante los primeros meses de investigación del caso Ayotzinapa, las fosas de Pueblo Viejo. Decenas de cuerpos salieron del subsuelo, revelando una realidad terrible: el ataque contra los normalistas era la punta del iceberg, Guerreros Unidos y su red de apoyo institucional llevaban años matando y desapareciendo personas en la región. En todos estos años, los investigadores no han encontrado pistas de ninguno de los 43 en Pueblo Viejo y alrededores.

El último detenido, Hugo C., era parte de la policía de Huitzuco en el momento del ataque. En la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa que habían llegado a Iguala a tomar autobuses, salieron de la terminal del centro, a bordo de cinco unidades. Dos se fueron hacia Juan N. Álvarez y tres hacia el sur, rumbo al Palacio de Justicia. Allí, policías de Iguala atacaron al que abría la marcha. Todos los muchachos que iban a bordo de ese vehículo, entre 15 y 20 desaparecieron. Se ha especulado mucho estos años con el destino de este grupo. De lo que no hay duda es que policías de Huitzuco participaron en el traslado de los muchachos. La cuestión es a dónde. Los principales responsables de la corporación, el jefe, Javier Núñez, y sus hijos, Celedonio y Ariel, están prófugos.

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