Mueren otras tres mujeres dentro del Cefereso 16, “el cementerio para vivas” de Morelos

Las muertes se siguen acumulando dentro de los muros del Cefereso 16. En menos de tres meses, Yadira, Samantha y Giovanna han fallecido en la prisión de máxima seguridad. Las autoridades reportan los tres decesos como suicidios, como ya hicieron con las 11 mujeres que murieron en 2023 dentro de esta cárcel federal de Morelos. Desde entonces, el penal está siendo investigado y acumula acciones legales en su contra por tortura, aislamiento y falta de acceso a medicamentos para las internas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y las organizaciones de derechos humanos reclaman a las autoridades medidas urgentes para este penal, definido como un “cementerio para vivas”.

Las condiciones dentro de la única cárcel federal para mujeres en México hace tiempo que dejaron de ser un secreto. Las presas están 23 horas al día dentro de la celda. Las llamadas están limitadas a una a la semana, de máximo 10 minutos, y las internas deben elegir entre su familia o su abogado. No hay actividades laborales, ni de capacitación, deportivas, educativas, culturales o recreativas. Además, las mujeres se enfrentan a una brutal desatención médica. El centro no cuenta con abasto de medicamentos para enfermedades crónicas ni para generales. Se puede tardar tres meses en conseguir un paracetamol. “La atención médica odontológica, psiquiátrica y ginecológica es inexistente”, sentenciaba la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) en su última recomendación sobre la prisión.

Ante esta situación, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) presentó 611 peticiones administrativas y 64 controversias en materia de salud solo en 2023, para exigir al penal que se hiciera cargo de la atención médica. Además, ante la crisis de suicidios, en la que 11 mujeres fallecieron en solo nueve meses, la Defensoría Pública presentó dos amparos para garantizar atención médica urgente para 58 de las internas. Un juez del Estado de Morelos se lo concedió de manera provisional, pero la prisión no cumplió. Samantha, de 41 años, era una de estas quejosas; murió el 20 de junio esperando esa atención.

Samantha había llegado desde un penal de Monterrey al Cefereso 16 para cumplir con una condena de 29 años. En diciembre de 2023 fue entrevistada por el IFDP, en la que reveló el deterioro de su salud mental. Había recibido un diagnóstico de ansiedad y había tratado de suicidarse antes. Las autoridades penitenciarias “como parte del tratamiento psiquiátrico” la habían sometido a sujeción forzada. Una práctica contraria a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que está identificada como “un riesgo en la atención psiquiátrica, siendo potencialmente peligrosa y no terapéutica”, pero que se ha vuelto la norma dentro del penal federal.

La Defensoría trató de ingresar al Cefereso 16 en mayo para una nueva entrevista con Samantha y las autoridades penitenciarias no se lo permitieron. Tampoco recibió respuesta a una petición administrativa presentada en julio, en la que se requería expresamente atención psiquiátrica para ella, por tener pensamientos suicidas. Ahora, ante su deceso, el IFDP promovió una denuncia contra el Cefereso 16 por incumplimiento. El juez décimo de distrito de Morelos les ha dado la razón y ha concluido: “La autoridad denunciada no proporcionó un adecuado seguimiento en materia de salud mental. Debió haber tomado las medidas necesarias para garantizar el adecuado tratamiento y canalizarla a alguna institución pública de salud o gestionado su traslado”. La cárcel no hizo ninguna de estas acciones.

Tampoco ayudó en su traslado a Yadira, de 42 años, quien falleció el 29 de mayo a las cuatro de la mañana. Había tramitado una controversia para ser movida de centro, pero no tuvo éxito. No lo consiguió tampoco Giovanna, conocida como Sherlyn, quien había pedido “insistentemente” un cambio de penal o, al menos, de módulo dentro de la cárcel. “Ella percibía la ruptura de su vínculo familiar, que ya no estaba pudiendo tener comunicación con sus hijos, se sentía bastante mal al respecto y estaba preocupada”, explica a EL PAÍS Ruth Zenteno, directora de investigación y acceso a la información de la Defensoría Pública. El 6 de agosto habló por última vez con su defensor y volvió a solicitar el cambio. El 18 de agosto encontraron su cuerpo.

En las entrevistas recientes con sus compañeras, describen a Giovanna como “una persona muy amable, joven, que no tenía conflictos con nadie”. Ella provenía de Tamaulipas y estaba representada por la Defensoría desde que fue detenida en 2015, y denunció tortura en su detención. Acusada de delincuencia organizada, después de nueve años todavía no había recibido una sentencia. “En agosto de 2023, el Instituto había promovido una revisión para cambio de la medida cautelar, que es un tema central, porque justamente si se hubiera atendido el cambio de la medida cautelar, Samantha estaría en otras condiciones distintas a las que tuvo que estar todo este año”, explica Sofía de Robina, secretaria Técnica de Combate a la Tortura del IFDP.

En el Cefereso 16, están presas unas 1.050 mujeres. El 40% de ellas no ha sido condenada, según el Cuaderno de Estadística Penitenciaria de agosto. Es decir, hay 434 mujeres en prisión preventiva, que son a ojos de la justicia todavía inocentes y están siendo obligadas a seguir su proceso judicial durante años en una cárcel de alta seguridad. El de este año es el porcentaje más bajo desde que empezó a operar la prisión. En los primeros años de funcionamiento, el 70% de las mujeres no tenía una condena, estaba de forma preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sancionado a México por el abuso de esta figura.

La Fiscalía General de la República es quien está investigando las condiciones de estos decesos. Las muertes bajo custodia del Estado son responsabilidad del Estado, según el Protocolo de Minnesota. Además, como el Cefereso 16 es una cárcel público-privada, también es responsable la empresa. En 2019, Capital Inbursa, una de las ramas del grupo controlado por Carlos Slim, compró las compañías que administran el CPS Morelos. La prisión le supone el ingreso mensual, al menos, de 136 millones de pesos (más de ocho millones de dólares al mes). A cambio, Capital Inbursa debe proveer “un conjunto de elementos físicos, materiales y tecnológicos, así como ciertos servicios auxiliares”.

La cárcel depende del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), que a su vez es parte de la Secretaría de Seguridad federal. En ningún momento, desde que estalló la crisis, las autoridades han salido a dar respuesta sobre el funcionamiento del centro. Pero en el último mes, al menos 51 mujeres, acusadas de delitos del fuero común, han sido trasladadas a prisiones del Estado de México y Ciudad de México, como Santa Martha Acatitla. Esa era una de las peticiones, puesto que el traslado de muchas mujeres, procedentes cárceles estatales, hacia el 16 ha sido identificado como uno de los detonantes de estas muertes. En enero de 2022 había 781 mujeres en el penal de Morelos y se llegó a 1.224 en mayo de 2023. En poco más de un año, casi 500 mujeres llegaron como nuevas reclusas y ni la cárcel ni ellas estaban preparadas para alojarlas.

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