El desastre del río Sonora: 10 años de contaminación y promesas rotas

Fue el peor desastre de la minería que se recuerda en México. El 6 de agosto de 2014 miles de litros de residuos tóxicos fueron vertidos al río Sonora por la minera Grupo México. El derrame impactó en la salud y la vida de 22.000 personas, en sus campos y sus animales. Muchos afectados han muerto, otros se arruinaron y la mayoría se fue de sus casas. Los pocos que quedan resisten junto al peligro. Sin acceso al agua, sin acceso a atención médica, abandonados por los Gobiernos que miraron y siguen mirando hacia otro lado. Mientras tanto, la zona cero del desastre sigue contaminada. La mina sigue abierta y tiene una de las mayores concesiones de agua potable del país. Las tierras y los pozos guardan altos niveles de metales pesados que han acabado en la sangre de los habitantes del río. Diez años después de aquello, las víctimas del desastre exigen justicia, reparación y condenas que no llegan.

Martha Patricia Velarde es una de esas personas que continúa luchando. Tiene 66 años y muchos problemas de salud. Ella y sus vecinos crearon los llamados Comités de Cuenca del Río Sonora, una agrupación que reúne a afectados de varios pueblos. “Desde hace 10 años tengo problemas en el hígado y niveles altos de arsénico, plomo, cadmio y mercurio en la sangre, bueno, todos lo tenemos”, dice la mujer. En 2023 un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el Instituto de Tecnología Mexicano del Agua (IMITA) reconoció lo que la gente de los pueblos llevaba diciendo todo este tiempo: que el agua, el aire y el suelo estaban contaminados “tanto por el derrame tóxico de 2014, como de la actividad minera de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México”, dice el documento.

Bien es sabido que la justicia es lenta en México. Tan lenta, que tuvieron que pasar nueve años para que el Estado reconociera que la contaminación seguía ahí. Aquel dictamen fue “muy importante” para los Comités de Cuenca del Río Sonora, dice Velarde. Por primera vez se tumbaba la versión que Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto insistieron en difundir, esa que decía que la zona del desastre estaba limpia y libre de tóxicos. “El documento explica que no se trató de un accidente, sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico de la empresa”, señala Elena Arengo, codirectora de Poder, la organización que ha acompañado a los afectados en su lucha por obtener justicia. Semarnat también reconoce en el dictamen que existe una sobreexplotación “muy grave” de los mantos acuíferos en la zona y que los metales encontrados en el agua superan los niveles que puede resistir el cuerpo humano. “Las personas reportan afectaciones en la salud: piel, enfermedades gástricas, respiratorias, prevalencias del cáncer y estos temas no se han abordado de manera sistemática”, agrega Arengo.

“El vertido a las aguas del río llegó hasta los pozos que la gente utiliza para su consumo”, señala Antonio Romo, químico de la Universidad de Sonora. El investigador advierte que el 98% de los pozos analizados en el río Sonora siguen contaminados y que se extiende a lo largo de 400 kilómetros llegando hasta la ciudad de Hermosillo, capital del Estado. “Hace 10 años se prometieron 36 plantas potabilizadoras que se redujeron a 10, después a seis y ahora solo hay una en funcionamiento”, explica Arengo. “Las personas no saben si el agua a la que tienen acceso es segura y potable”, sentencia.

En 2020 la Suprema Corte consideró que el fideicomiso creado para compensar económicamente a las víctimas no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados, dejando la posibilidad de que el Gobierno actual volviera a abrirlo. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con Poder. Esto representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver la crisis.

Como respuesta, el Gobierno de López Obrador anunció en 2021 un Plan integral de Atención para Cananea, el enclave minero más importante del país, donde fue incluida la remediación del derrame. El presidente no solo se propuso resolver el problema ambiental de la región, de la mano del nuevo gobernador Alfonso Durazo, sino que declaró su interés en solventar viejos conflictos laborales que hay en las empresas mineras. También buscaba cerrar viejas heridas con Germán Larrea, el dueño de Grupo México y el segundo hombre más rico del país. “Me siento traicionada”, dice la señora Velarde. “En Sonora el Estado no tiene poder, tiene poder la mina. Es lastimoso que las autoridades les allanen el camino y estén en contra de quienes les votamos. Es muy evidente la captura corporativa del Estado”, apunta.

Junto al plan de remediación, el Gobierno prometió construir un hospital especializado para los afectados en el pueblo de Ures y reabrir el fideicomiso como ordenó la Suprema Corte. Nada de esto ha sucedido. El fideicomiso fue un mecanismo de 2.000 millones de pesos (107 millones de dólares) destinado por Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto a respaldar económicamente a las víctimas, sin embargo, solo se entregó el 60% del dinero y en 2018 la empresa cerró el acuerdo de manera unilateral. “Se tenía la esperanza de que al llegar López Obrador al poder, el mandatario gestionaría una remediación de los daños, pero todo quedó en puras promesas”, comenta la periodista sonorense Priscila Cárdenas.

A punto de terminar el sexenio de López Obrador, el hospital no ha sido construido y el fideicomiso no volvió a ser abierto. La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, hereda una cuenta pendiente con los afectados del río Sonora y sus familias. Martha Patricia Velarde dice que es más “cauta” con las promesas que hacen los políticos en campaña. “Hasta el momento solo han condenado de antemano a la gente”, dice.

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