El limbo tras la negligente muerte de siete cadetes que se tiraron al mar en Ensenada

La novatada costó la vida de siete soldados. La noticia había llegado a la portada de la prensa nacional. El 20 de febrero pasado, un grupo de soldados realizaba prácticas en la playa Corona de Ensenada, Baja California, como parte de su preparación para ingresar a la Guardia Nacional. Al concluir el entrenamiento, el director del Centro de Adiestramiento ‘El Ciprés’, David López —quien estaba a cargo de los reclutas— les ordenó entrar al agua supu...

La novatada costó la vida de siete soldados. La noticia había llegado a la portada de la prensa nacional. El 20 de febrero pasado, un grupo de soldados realizaba prácticas en la playa Corona de Ensenada, Baja California, como parte de su preparación para ingresar a la Guardia Nacional. Al concluir el entrenamiento, el director del Centro de Adiestramiento ‘El Ciprés’, David López —quien estaba a cargo de los reclutas— les ordenó entrar al agua supuestamente para limpiarse los uniformes y botas, que estaban llenos de arena. Pero una vez dentro, les ordenó permanecer ahí como parte de una “prueba”, ya que el mar tenía alto oleaje y amenazó con castigarlos si no obedecían.

Los jóvenes cumplieron la orden de su superior y, como era de esperarse tras una alerta de oleaje de más de cuatro metros de altura, once reclutas fueron arrastrados por el mar. Salvavidas del cuerpo de Bomberos lograron rescatar a cuatro de ellos esa misma tarde, los otros siete estaban desaparecidos, pero sus familiares ya estaban enterados de la situación e iban camino a Ensenada.

Reunidas ahí, alojadas en la Guarnición Militar —con gastos de viaje pagados por la Sedena, según el testimonio de una de las madres— las familias se organizaron el día 22 de febrero para enviar una carta al presidente López Obrador y a la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, en la que les pidieron respuestas sobre lo ocurrido, ya que las autoridades militares no les daban información sobre el paradero de sus hijos, sobre por qué fueron obligados a entrar al mar si no eran marinos, ni sobre el responsable de estos hechos.

“Nos dirigimos a usted con la esperanza de obtener respuestas y justicia ante el suceso ocurrido en el Campo Militar El Ciprés, dirigidas por el Teniente Coronel de zapadores, David López Ordaz, llevando a cabo prácticas militares irresponsablemente, ya que había una alerta”, apuntaba la misiva.

A lo largo de las siguientes dos semanas después de los hechos, fueron apareciendo los siete soldados desaparecidos: primero Carlos Omar Frías, de 21 años, quien fue hallado el 25 de febrero, aunque no gracias al operativo militar sino a un pescador, que encontró el cuerpo sobre las rocas y a un kilómetro de la bahía, según reportó EL PAÍS. Después, Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola; Brando Francisco Gastélum Ayala; Luis Manuel Vilchis Díaz; Fernando Isaías Pérez López; Michael Arellano Wilkinson y, por último, Oscar Abraham Sánchez Reyna. Todos de entre 18 y 29 años.

Una vez hallados todos los cuerpos, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval salió a dar un reporte sobre la muerte de los siete soldados, dos semanas después, el 5 de marzo. En la conferencia matutina del presidente López Obrador de ese martes, el secretario informó que el Teniente Coronel David López Ordaz, director del Centro de Adiestramiento El Ciprés estaba detenido por el delito de “desobediencia”, es decir, realizar prácticas que no estaban contempladas en ningún ordenamiento militar, lo que les hizo suponer que se trataba de una “novatada” para los reclutas que estaban por graduarse, el 2 de marzo.

100 días después de la denuncia ante la Fiscalía de Baja California, los familiares de los soldados asesinados no han recibido ninguna información. La carta que enviaron a López Obrador y a la gobernadora nunca tuvo respuesta, o sigue sin tenerla. Consuelo López, madre del soldado de 18 años, Fernando Isaías Pérez López, afirma que ninguna de las familias ha recibido ninguna comunicación del Gobierno federal, lo sabe porque todas mantienen contacto a través de un grupo en redes sociales. Tampoco se ha comunicado con las familias la Fiscalía de Baja California, a propósito de las denuncias: no han recibido oficios, ni citatorios, ni llamadas. Nada en cuatro meses.

Tampoco vieron nunca al teniente David López ni les mostraron ninguna prueba de su detención. En materia judicial, el caso está totalmente en el limbo, al menos para las familias de las siete víctimas mortales. El único documento que Consuelo ha recibido es el oficio en el que la Sedena reconoce el cargo militar de Fernando y, por lo tanto, le reconoce el derecho a recibir un beneficio económico tras la muerte del soldado (pensión), pero aún no la ha recibido porque la está tramitando. Y no es retroactiva, así que no se le pagará desde febrero sino hasta concluir el trámite, posiblemente en julio próximo. Por cierto, en este mismo documento la Sedena señala que “no cuenta con atribuciones para la investigación de hechos que pudieran constituirse en faltas administrativas o penales, delitos tanto del fuero de guerra como del fuero común”. El documento no precisa si esto significa que Sedena no puede investigar el homicidio, sino solamente la “desobediencia”, como indicó el general secretario; o si significa que no puede investigar del todo.

Como siempre ocurre en las tragedias, los que se quedan no vuelven a ser los mismos, Consuelo, madre de Fernando, me cuenta su vida 100 días después. “Mi vida dio un cambio drástico. Es como si me faltara una parte de mi cuerpo importante, porque se fue… se fue mi hijo. Mi vida ya no es la misma de antes. Yo siento que algo me falta para estar completa. Yo todos los días a la foto de mi hijo le hablo, yo tengo la esperanza, la certeza de que él en cualquier momento pueda llegar todavía y decirme ‘mamá, todo esto fue una pesadilla, perdón, aquí estoy, volvamos a la vida normal de antes’, pero cuando voy al panteón, a ver dónde quedó sepultado, ahí se me viene todo abajo”.

Fernando Isaías nació en Ciudad de México (2005), pero Consuelo decidió sepultarlo en Veracruz para que esté junto a su abuela, a quien no pudo ver cuando falleció. El próximo 6 de julio, Fernando cumpliría 19 años. El ritual de Consuelo esta vez no será pastel, festejos y comida en casa; en vez de eso, repetirá el ritual de los últimos cuatro meses: ir a visitarlo al panteón y llorarle, como no pudo hacer en aquellos días de febrero y marzo, cuando, dice, estaba contenida por todo lo que tuvo que hacer en Ensenada y por el traslado del cuerpo desde Baja California hasta Puebla y de ahí a Veracruz.

Casarse, tener hijos... todos sus planes se esfumaron por una novatada. Pero Consuelo le va a cumplir un deseo de cumpleaños: prepararle mole verde y llevárselo a su tumba, comer ahí con él.

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