La Suprema Corte aplaza la decisión sobre la liberación de Mario Aburto

Mario Aburto va a seguir en prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aplazado la decisión sobre el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio al menos otras dos semanas. La primera sala del alto tribunal ha pedido más tiempo para analizar el recurso de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca impedir que el homicida sea liberado este 23 de marzo, tras haber cumplido 30 años de prisión, como ha ordenado un tribunal colegiado. Esta prórroga llega en un momento álgido en el que ...

Mario Aburto va a seguir en prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aplazado la decisión sobre el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio al menos otras dos semanas. La primera sala del alto tribunal ha pedido más tiempo para analizar el recurso de la Fiscalía General de la República (FGR), que busca impedir que el homicida sea liberado este 23 de marzo, tras haber cumplido 30 años de prisión, como ha ordenado un tribunal colegiado. Esta prórroga llega en un momento álgido en el que la Fiscalía ha derribado la teoría de que Aburto actuó en solitario aquel miércoles de 1994 en Tijuana.

El proyecto 805/2023 ha llegado con expectativa al máximo tribunal de México, después de un largo camino por los juzgados. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión el 22 de diciembre de 1994 por el homicidio calificado de Colosio, que era en ese momento el candidato a la presidencia del PRI. Esa sentencia se basó en las penas que contemplaba el Código Penal Federal, en las que se podía sancionar un asesinato con hasta 50 años de cárcel. Sin embargo, en Baja California, el Estado donde se cometió el magnicidio, la pena máxima para ese delito era entonces de 30 años.

Con base en esta diferencia, la Defensoría Pública Federal interpuso un amparo a favor de Aburto, porque “desde el año 2010 existe jurisprudencia firme de que, cuando los jueces federales juzgan delitos del orden común por su conexidad o relación con delitos federales, las normas penales que deben aplicarse son las de la entidad federativa en la que se cometió el hecho delictivo”. Con ese argumento, los defensores solicitaban que la pena de Aburto se ajustara al Código Penal de Baja California y, por tanto, se rebajara a 30 años, que se cumplirían este 23 de marzo.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito admitió el amparo en octubre de 2023 y ordenó que se dictara una nueva sentencia para el homicida, teniendo en cuenta el Código Penal de Baja California, por lo que no podía superar las tres décadas de cárcel. Como Aburto lleva encarcelado desde el 23 de marzo de 1994, su salida de prisión, según esta decisión judicial, era inminente. Ante esa posibilidad, la FGR interpuso un recurso de revisión contra la sentencia del tribunal colegiado. Esa reclamación de la Fiscalía es la que está ahora en manos de la Suprema Corte, a cargo de la ponencia de la ministra Margarita Ríos.

El presidente de la primera sala, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, se ha declarado impedido para analizar el caso. Pardo era juez federal en 1996 y participó en la exoneración de Othón Cortés, quien era el chófer Colosio y al que la antigua Procuraduría General de la República acusaba de haber colaborado con Aburto y ser el segundo tirador que había acabado con la vida del candidato. Los ministros acordaron en sesión privada aplazar la votación dos semanas para estudiar más a fondo el asunto. El proyecto de la ministra Ríos proponía desechar la reclamación de la Fiscalía, lo que implicaba que la liberación de Aburto se concretase en los próximos días.

A punto de cumplirse 30 años del asesinato de Colosio, el caso ha recobrado actualidad política, en el contexto del proceso electoral presidencial de este año en México. A la par de sus esfuerzos por impedir la liberación de Aburto, la Fiscalía ha reabierto el expediente y ha desempolvado la teoría del segundo tirador. La Fiscalía sostiene ahora que Aburto formó parte de una conspiración para asesinar al carismático candidato presidencial del PRI el 23 de marzo de 1994 en el poblado de Lomas Taurinas, Tijuana, y ha retomado la antigua hipótesis de que, además de él, hubo un segundo asesino en la escena del crimen (aunque cambió de sospechoso). La nueva investigación apunta a la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno.

La Fiscalía llevó la acusación contra Sánchez Ortega ante la justicia y pidió una órden de captura, pero el juez la negó. También se implicó en el caso al omnipresente Genaro García Luna, que en ese momento era subdirector de Operaciones del Cisen y se encargó de maniobrar para encubrir al segundo tirador y sacarlo sano y salvo de Tijuana, según la Fiscalía. García Luna, a la postre, escalaría posiciones en el aparato estatal y se convertiría en el zar del Gobierno de Felipe Calderón en la lucha contra el crimen organizado. Hoy está detenido en EE UU, a la espera de una sentencia por colaborar con el narco.

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