Los ajustes al presupuesto anticipan una nueva batalla entre el Gobierno y el Poder Judicial
El oficialismo prepara una reducción millonaria a los recursos destinados a los jueces para reasignarlos a programas sociales y grandes obras de infraestructura, abonando más tensión a una relación institucional prácticamente rota
El presupuesto para 2024 comienza a perfilarse como el más importante para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el más disputado del sexenio. López Obrador requiere de una bolsa robusta que le permita, en el último año de su Administración, concluir los proyectos clave de infraestructura y ensanchar el fondo para financiar los programas sociales para los pobres. El telón de fondo es que el próximo año no solo es el último del sexenio: también ...
El presupuesto para 2024 comienza a perfilarse como el más importante para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el más disputado del sexenio. López Obrador requiere de una bolsa robusta que le permita, en el último año de su Administración, concluir los proyectos clave de infraestructura y ensanchar el fondo para financiar los programas sociales para los pobres. El telón de fondo es que el próximo año no solo es el último del sexenio: también se celebrarán unas elecciones presidenciales y legislativas en las que el oficialismo se juega su continuidad. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados intentan sobreponerse a las amenazas de ruptura del grupo fiel a Marcelo Ebrard y aprobar con su tambaleante mayoría el paquete de egresos anhelado por el presidente. El grupo oficialista ya explora los ajustes y tiene entre manos un recorte millonario al Poder Judicial, con cuya titular, la ministra Norma Piña, López Obrador ha sostenido un pulso desde hace meses.
La relación institucional está prácticamente rota. La última muestra fue la no invitación de Piña a los actos conmemorativos de la Independencia por parte del Ejecutivo. Un acto simbólico sin precedentes recientes. La campaña de López Obrador contra los jueces ha escalado durante los últimos meses con señalamientos personales y acusaciones de corrupción, que van más allá de la estrategia polarizadora de considerar al poder judicial como parte del bando adversario de “los conservadores”. Fuentes judiciales confirman que la hostilidad no se limita solo a las declaraciones públicas. Los canales de comunicación han saltado por los aires y todo parece encaminado a un nuevo choque de trenes de aquí a finales de año, seguramente la última gran batalla en la agenda de López Obrador.
Piña solicitó en agosto un presupuesto de casi 85.000 millones de pesos para el Poder Judicial, que comprende a la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal (TEPJF). López Obrador consideró que la bolsa solicitada era excesiva y volvió a cuestionar los fideicomisos para el pago de prestaciones médicas y pensiones de jueces. Según información pública, los tres órganos del Poder Judicial tienen en conjunto 12 fideicomisos con un saldo con casi 15.500 millones de pesos. Aunque eliminar esos instrumentos para liberar los fondos requiere de un trámite legislativo de otro tipo (es decir, no relacionado con la elaboración del paquete económico anual), el señalamiento de López Obrador fue un anuncio velado de lo venidero.
Funcionarios judiciales consultados por este periódico estiman que la reducción al presupuesto será de al menos 6.000 millones de pesos y se aplicará específicamente al gasto de la Judicatura y la Corte. La bancada oficialista busca formar mediante reasignaciones de diversas dependencias una bolsa de 10.000 millones de pesos para destinarlos a los proyectos de infraestructura y los programas sociales. Parte de esa bolsa se financiará con un recorte ya acordado con el INE de 3.500 millones de pesos —pensados originalmente para una posible consulta popular—; el resto provendrá del Poder Judicial, han afirmado las fuentes.
Esto solo es, por ahora, una declaración de intenciones del oficialismo. La confección del presupuesto de egresos no será tan sencilla para Morena como en los años anteriores. Es decir, las reducciones y reasignaciones están a expensas de que sean aprobadas por el pleno de la Cámara baja. A lo largo del sexenio, el partido en el poder había usado su mayoría simple con los votos de sus aliados el Partido del Trabajo y el Partido Verde para sacar adelante el proyecto de gasto público de cada año. Pero, esta vez, la aplanadora legislativa está en vilo.
La crisis causada por los desacuerdos de Ebrard con el proceso interno de definición de la candidatura presidencial ha impactado en la configuración de fuerzas en el Congreso. Una treintena de diputados federales se ha declarado fiel a la causa del excanciller, que ha usado esa potencia como moneda de cambio para presionar dentro del partido. Durante varios días, la dirigencia de Morena había hecho oídos sordos a las exigencias de Ebrard de que se reponga la interna, en la que Claudia Sheinbaum fue electa como abanderada presidencial. Pero, esta semana, el excanciller se hizo escuchar y logró sentar a la mesa de negociación al líder de la bancada, Ignacio Mier. Fue una señal de que el Gobierno y el partido necesitan del excanciller y sus números para materializar el presupuesto de cierre de sexenio, con sus recortes aquí y reasignaciones allá. A la salida de esa reunión, los legisladores allegados a Ebrard prometieron unidad con el partido.
Si se cumplen los acuerdos allí negociados y Morena logra aprobar en bloque los ajustes al gasto del Poder Judicial, se habrá apagado un fuego —el de la división interna—, pero inmediatamente después se abrirá otro frente de conflicto, con la Suprema Corte. La ministra Piña declaró en agosto que el acceso a la justicia es un derecho de los ciudadanos consagrado en la Constitución y que ese acceso depende materialmente del presupuesto público. Al llevar el asunto del dinero al terreno de los derechos, Piña dejó ver que la Corte no admitirá recorte alguno y que impondrá su poder de control constitucional sobre el Legislativo. “Desde el Poder Judicial federal reiteramos nuestro compromiso […] de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para, así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”, dijo la ministra.
El oficialismo acusó recibo del mensaje. Mientras López Obrador afirmó que los ministros eran “capaces de no respetar el mandato constitucional” —esto es, acatar el monto de los recursos tal como lo asigne el Congreso—, el diputado Mier señaló que Piña había lanzado a los legisladores una amenaza de tipo “siciliana”. La disputa por los recursos anuncia un conflicto de envergadura constitucional, un choque de poderes sin precedentes.
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