La caótica situación judicial del fiscal Uriel Carmona

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, enfrentaba este jueves una nueva causa judicial. El funcionario fue arrestado el pasado el 4 de agosto, acusado de obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Un t...

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, enfrentaba este jueves una nueva causa judicial. El funcionario fue arrestado el pasado el 4 de agosto, acusado de obstrucción de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Un tribunal ordenó su liberación la noche de este miércoles, pero justo antes de salir del penal, le ejecutaron una nueva orden de aprehensión. El funcionario hace frente ahora a una cuarta y nueva acusación por supuestamente torturar a Luis Alberto Ibarra Martínez, alias El Diablo, cuando este estaba en una cárcel estatal por dos homicidios y un feminicidio. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos —quien le acusaba— desistió de buscar la vinculación a proceso en el inicio de la audiencia de este jueves. Sin embargo, el juez decidió, en una insólita maniobra, seguir adelante. Permitió que ingresara la Fiscalía General de la República (FGR) y llevara a cabo la imputación. La vinculación a proceso ha quedado pendiente hasta el próximo martes; de momento, el fiscal ha vuelto a quedar en prisión preventiva.

La caótica situación judicial de Uriel Carmona tiene más de política, que de judicial. En un hecho inédito para la historia de la justicia mexicana, el fiscal estatal fue detenido y vinculado a proceso por una Fiscalía de otra entidad, la de Ciudad de México, después de diferir ambas en un caso de feminicidio. La prueba fuerte contra él era una polémica conferencia de prensa, en la que aseguraba que la autopsia de la víctima —que murió en Ciudad de México y cuyo cuerpo apareció en Morelos— señalaba que había muerto por broncoaspiración, cuando una persona se asfixia con su propio vómito. Eso le valió una guerra abierta con Claudia Sheinbaum, quien le acusó públicamente de encubrir el delito; y luego una detención espectacular, con agentes de la Secretaría de la Marina a las puertas de su casa.

Sus abogados consiguieron dejar sin efecto la primera medida de detención preventiva. Pero no alcanzó a salir de prisión nunca, porque le emitieron una segunda orden de aprehensión, en el mismo caso de feminicidio, esta vez por encubrimiento. La defensa volvió a conseguir que se eliminara la prisión preventiva por tener fuero, y lo mismo le volvió a pasar, con una nueva acusación de feminicidio en grado de auxiliador. Siempre por la muerte de Ariadna Fernanda López. Pedro Nava, parte de su equipo de defensa, asegura a este periódico que las autoridades no tienen pruebas en contra de Carmona, y que son falsos los dichos de la Fiscalía capitalina, que ha afirmado que forzaron a los funcionarios de Morelos que encontraron el cuerpo de la mujer a cambiar sus declaraciones con el fin de encubrir el feminicidio.

La defensa del fiscal logró nuevamente su liberación la noche de este miércoles, momento en el que le ejecutaron la cuarta orden de aprehensión. En este caso, y por primera vez, por algo que no está relacionado al feminicidio de López. Anticorrupción de Morelos le acusaba de haber torturado en un penal estatal a El Diablo, un presunto delincuente que fue detenido en abril del año pasado por el Ministerio Público a cargo de Carmona. Sobre las acusaciones de tortura, el abogado Nava explica que las cárceles estatales no son jurisprudencia de la Fiscalía, sino de la policía estatal, que depende del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Horas antes de iniciar la audiencia de este jueves, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos había cambiado de titular, con la salida de Juan Salazar y la entrada de Isaías Moreno. Luego cambió de opinión sobre la vinculación a proceso del fiscal y descartó seguir adelante. La dependencia emitió un comunicado en el que daba a entender que quienes ayudaron en la detención y el avance contra Carmona ahora están bajo investigación. Por lo tanto, solicitaba al juez: “Hacemos un llamado a las autoridades judiciales y administrativas de que en virtud de la importancia de mantener la integridad y la legalidad de las funciones de las instituciones no se permitan sorprender por quienes ya no continúan desempeñando funciones que puedan comprometer la ética y la responsabilidad del servicio público a su cargo”.

La denuncia de tortura

El caso de El Diablo atravesó la política estatal. Para la Fiscalía, se trataba de “uno de los integrantes de un grupo delictivo que opera en los poblados de Tres Marías, Parres, Fierro del Toro”, una zona asediada por la tala ilegal y la violencia. Le detuvo por dos homicidios y un feminicidio, pero le acusaba además de estar vinculado a otros delitos, como robo de vehículo, secuestro y tala clandestina. Dos días después, sin embargo, el hombre fue liberado por una jueza de control por supuestas irregularidades en los cateos a la casa de El Diablo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja en los cuatros días que Ibarra Martínez estuvo detenido, después de recibir la llamada de la hermana en la que les decía que estaba “siendo golpeado y torturado por personal de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social Morelos” y por otros presos. Por aquellos días se difundió un video en el que se veía a El Diablo acusar a Carmona de tener vínculos con el crimen organizado. La Fiscalía rechazó los dichos del presunto criminal, y pidió que se analizaran las imágenes para establecer “la licitud” del material que decían había sido grabado en el penal. Además reclamaron la decisión de la jueza de liberarlo, a quien acusaron de “realizar su labor sin perspectiva de género y realizando acciones que representan una violación al debido proceso”.

El único caso que en este momento mantiene en prisión al fiscal de Morelos es la acusación de tortura, una investigación que desarrolló la FGR, pero que no había podido llevar a juicio porque en julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el fuero del funcionario abarcaba delitos federales —como es el caso de la tortura—. Esa misma carpeta fue la que sirvió para evitar de manera exprés que saliera de prisión esta semana.

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