La policía desaloja por la fuerza el campamento que los migrantes levantaron tras el incendio en Ciudad Juárez
El Gobierno municipal ha obligado a los migrantes a retirarse, aunque muchos no quieren entrar en un albergue gestionado por las autoridades después de la tragedia en la que murieron 40 hombres encerrados en un centro federal
La policía municipal ha desalojado el campamento que los migrantes levantaron frente al centro de detención de Ciudad Juárez después del incendio que acabó con la vida de 40 hombres. El Gobierno encabezado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar ha obligado a los migrantes a retirarse bajo el argumento de que las condiciones del campamento eran insalubres y propensas a sufrir accidentes. La Administración municipal ofrece a cambio un refugio que cuenta con baños y regaderas...
La policía municipal ha desalojado el campamento que los migrantes levantaron frente al centro de detención de Ciudad Juárez después del incendio que acabó con la vida de 40 hombres. El Gobierno encabezado por el morenista Cruz Pérez Cuéllar ha obligado a los migrantes a retirarse bajo el argumento de que las condiciones del campamento eran insalubres y propensas a sufrir accidentes. La Administración municipal ofrece a cambio un refugio que cuenta con baños y regaderas. Sin embargo, muchos de los migrantes no quieren entrar en un albergue gestionado por las autoridades. Decenas de policías han terminado levantando por la fuerza a los que han opuesto resistencia.
Un total de 57 días han durado las tiendas de campaña y el altar por los compañeros fallecidos entre las rejas de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Situado entre dos puentes internacionales hacia El Paso y a unos metros del muro que separa México de Estados Unidos, el campamento se había convertido en un símbolo de protesta y resistencia. Los migrantes lo instalaron el 28 de marzo, un día después del brutal incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (Inami).
Allí llegaban todos los que querían solidarizarse con los hombres que habían muerto encerrados con las llamas dentro del edificio federal. Con los días se instalaron los retratos de los fallecidos, velas y rosas, también pancartas críticas con la política migratoria de México. También se convirtió en el punto en el que organizaciones de la sociedad civil organizaban actos de protesta. Después se cronificó como un lugar seguro al que acudían los migrantes que acababan de llegar a Ciudad Juárez. Hasta este lunes.
Desde la mañana, los policías advirtieron a los migrantes que debían abandonar el espacio, que está situado al lado de la Presidencia municipal. A cambio ofrecían unas carpas situadas a apenas 100 metros y que contaban con baños y electricidad. Algunos migrantes accedieron, pero otras decenas se negaron por el miedo de entrar en otro albergue que pueda encerrarlos. Horas después llegaron decenas de agentes uniformados que retiraron una por una las tiendas de campaña y las tiraron a la basura. Las imágenes muestran que a muchos migrantes no se les permitió recuperar sus pertenencias.
En Ciudad Juárez hay alrededor de 40 albergues, públicos y privados —gestionados por organizaciones religiosas—, y la mayoría cuenta con espacio de alojamiento. Sin embargo, muchos migrantes se niegan a encerrarse y prefieren quedarse en la calle, mientras esperan que el Gobierno de Estados Unidos les otorgue una cita para pedir asilo.
Hace meses que Juárez está convertida en una olla a presión por la llegada de miles de migrantes que quieren cruzar a EE UU y por los que la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés) retornaba en caliente bajo el Título 42. El brutal incendio del 27 de marzo puso el dedo en la herida de una política migratoria que vulnera los derechos humanos.
Los videos de ese día han revelado que decenas de personas fueron llevadas detenidas y esposadas al centro migratorio del Inami. A lo largo de las horas, 68 hombres se quedaron encerrados tras los barrotes, sin agua potable. A las ocho y medio de la noche iniciaron una protesta quemando unas colchonetas. Los agentes y guardias que los resguardaban se fueron sin abrirles la reja. 40 fallecieron y 27 resultaron heridos. Hay una decena de funcionarios imputados, entre ellos el comisionado del Inami en Chihuahua, el contralmirante Salvador González, y el propio titular de la agencia migratoria, Francisco Garduño, quien sigue en su cargo pese a la vinculación a un proceso judicial.
El fin del Título 42, el pasado 11 de mayo, puso de nuevo contra las cuerdas la capacidad de respuesta de Ciudad Juárez. Después de días de incertidumbre en el que cientos de migrantes se entregaron a las autoridades estadounidenses, se ha vuelto a instalar una tensa calma en la ciudad fronteriza, que se ha convertido en el último punto más caliente de cruce, especialmente entre los migrantes venezolanos.
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