Los papeles del Ejército, las órdenes de captura y la reaparición de Zerón: las claves para dar un nuevo impulso al ‘caso Ayotzinapa’

Tomás Zerón abandona el sótano mediático y medio México se pregunta qué será de él. La entrevista que concedió hace unos días a un influyente medio de Israel, donde vive desde hace casi tres años, resucita una de las grandes preguntas de los últimos tiempos en el país: ¿Volverá Zerón? ¿Aceptará Israel la petición de extradición? Acusado de tortura y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa, parte del éxi...

Tomás Zerón abandona el sótano mediático y medio México se pregunta qué será de él. La entrevista que concedió hace unos días a un influyente medio de Israel, donde vive desde hace casi tres años, resucita una de las grandes preguntas de los últimos tiempos en el país: ¿Volverá Zerón? ¿Aceptará Israel la petición de extradición? Acusado de tortura y desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa, parte del éxito o del fracaso del Gobierno —y del Estado— este sexenio, tiene que ver con su suerte.

El exjefe de investigadores de la Fiscalía juega con el reloj a favor. Pocos esfuerzos ha realizado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, torpezas y resistencias mediante, como el dedicado a intentar resolver el caso Ayotzinapa. Pese a ello, la vuelta de Zerón, que los investigadores piensan que cuenta con información valiosa para resolver el caso, parece cada vez más complicada. A juzgar por la entrevista en Israel, Zerón se siente cada vez más seguro y confiado en que su país de acogida no lo entregará. México de momento guarda silencio.

Se ha intentado de varias formas. Tanto el jefe de la comisión presidencial que investiga el caso, uno de los varios grupos que participan en las pesquisas, como el fiscal encargado de llevar el proceso ante el juez, han viajado a Israel estos años para allanar el camino a la vuelta de Zerón. Este último, Omar Gómez, trató de explicar a sus pares allá las acusaciones que penden sobre él, relativas al caso Ayotzinapa, sobre todo la que tiene que ver con desaparición forzada, difícil de entender en Israel.

Gómez Trejo, que dimitió por presiones en septiembre, explicó que, aunque suene muy fuerte acusar a alguien de un delito como ese, si no ha tenido participación directa en los hechos, la ley permite calcular el grado de culpa según su implicación, activa u omisa, caso de Zerón. Para los actuales investigadores, Zerón no se esforzó en investigar el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de los 43. En cambio, organizó un montaje para cerrar el caso en falso, evitando que se buscara a los normalistas, todavía en una etapa muy temprana de las pesquisas.

También viajó a Israel el jefe de la comisión presidencial, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Lejos del andamiaje institucional, Encinas viajó de tapado a encontrarse personalmente con Zerón. El funcionario trató de convencerle para que volviera, ofreciéndole garantías y ventajas procesales, asunto que el mismo Zerón, que contrató a un equipo de detectives para que grabara el encuentro, se ha dedicado a airear en los últimos meses. De hecho, en la entrevista en Israel, Zerón casi se burlaba de la intentona de Encinas. “Tiene que ser muy ingenuo o estar muy desesperado para pensar que con esas promesas podría convencerme de volver a México”, dijo.

La salida de Gómez Trejo y el ruido que generó en Israel el viaje de Encinas, según los autores de la entrevista con Zerón, parecen haber complicado el caso. Y eso, en un contexto de parálisis como el que viven las pesquisas desde finales del año pasado, no son buenas noticias. Ni para el Gobierno, que daba por resuelto el caso para diciembre, ni para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, cansadas de un proceso que dura casi ya 10 años.

Se expande la desesperanza en torno al caso, una sensación parecida a la vivida en los últimos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Las circunstancias son, sin embargo, claramente distintas. Entonces, la opinión pública empezaba a conocer los malos manejos de Zerón y su equipo. Y nacía una idea, asumida ahora, de que el relato que el Gobierno había trasladado a la sociedad, el asesinato de los 43 en un basurero, la quema de sus cuerpos y la desaparición de los restos en un río, podía ser un montaje.

En cambio, el avance estos años ha sido claro. Se han encontrado restos de dos de los 43 en un paraje distinto al mentado basurero, se ha desenredado buena parte de la madeja generada por Zerón y su gente, se ha documentado el conocimiento que diferentes corporaciones de seguridad tenían de lo ocurrido, a veces en tiempo real. Se han alumbrado buena parte de los lazos entre el crimen organizado en la zona y el aparato del Estado, principalmente el Ejército. Pero desde finales del año pasado, todo parece parado, quieto, percepción que han rechazado tanto el nuevo fiscal, Rosendo Gómez, como el propio Encinas.

Hace un par de semanas, el tercer grupo de investigadores, además de la comisión y la Fiscalía, el grupo de expertos que la CIDH comisionó para el caso, el GIEI, detalló la parálisis, centrada en dos puntos cruciales para ellos y para las familias de los 43. Por un lado, denunciaron, como ya habían hecho antes, las resistencias al interior del Ejército para entregar información recopilada en la época del ataque, mensajes interceptados con software espía a la red criminal de Iguala.

Lo anterior es importante, primero, porque ayudaría con el dibujo de la estructura mafiosa en la zona. Y segundo, derivado de lo primero, porque alumbraría posibles rutas de búsqueda de los estudiantes, o sus restos, desconocidas hasta ahora. El GIEI dijo que la información en cuestión la componen alrededor de 100 documentos, que personas al interior de la Secretaría de la Defensa (Sedena) han movido, incluso de lugar, para entorpecer la búsqueda.

El problema para el Ejército es que todo ruido o escándalo alrededor de estos documentos redunda en una situación incómoda para la dependencia: la constatación de que Sedena sabía en tiempo real qué ocurrió antes, durante y después del ataque contra los normalistas, información que, hasta donde se sabe, no compartió con nadie, asfixiando así las labores de búsqueda en los primeros momentos.

El otro punto importante, señalado igualmente por el GIEI, es la reactivación de una serie de órdenes de captura que la unidad de la Fiscalía para el caso, en tiempos de Gómez Trejo, obtuvo del juez, 21 en total, entre ellas 16 contra militares, una para detener a un coronel. La cancelación de las órdenes ocurrió por pedido de superiores de Gómez Trejo, en un contexto de presiones al fiscal por diferencias en cómo encarar parte de la investigación. Todo esto en medio, además, de la enorme polémica suscitada tras la publicación del informe de la comisión presidencial, que señaló, con pruebas ahora declaradas como inválidas, que altos cargos del Ejército mandaron asesinar aparte de los muchachos.

Las críticas a la cancelación de las órdenes, vigentes, comparten espacio con las dudas sobre la solidez del escrito de acusación, señalado por el nuevo fiscal, Gómez Piedra, según han informado fuentes cercanas al caso consultadas por EL PAÍS. Estas mismas fuentes señalan que el nuevo fiscal podría estar por reactivar al menos seis de las órdenes, aunque de momento no se sabe de cuáles se trataría.

Las órdenes de captura, los papeles del Ejército y la extradición de Zerón figuran como exigencias en el mapa de lo posible del caso Ayotzinapa. Lo mismo ocurre con el proceso contra el exprocurador general durante la primera parte del Gobierno de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, en prisión desde agosto de 2022, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, por el caso Ayotzinapa.

Para Gómez Piedra, llevar a buen puerto la acusación es una prioridad. El caso aguarda el inicio de la etapa intermedia, en que la FGR presentará las pruebas que sustentan sus acusaciones. Los abogados de Murillo han estado difiriendo los tiempos, según otra fuente cercana al proceso, pidiendo a la Fiscalía que incorpore testimonios de actores vinculados al caso que, a su juicio, desvirtúa las imputaciones de los investigadores.

En septiembre, el ataque contra el contingente de estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa cumple nueve años. El objetivo que se marcó el Gobierno al inicio de su mandato, resolver el caso, descubrir por qué atacaron a los muchachos, dónde se los llevaron, qué hicieron con ellos, quiénes participaron, se antoja lejano. Se ha avanzado en algunas partes, pero a año y medio para el final del sexenio, responder en su totalidad a todas las preguntas parece cada vez más difícil.

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