Los antecedentes de los secuestrados de Matamoros elevan la confusión sobre el caso

Shaeed Woodard y Zindell Brown, los dos ciudadanos estadounidenses asesinados en Tamaulipas tenían antecedentes penales por posesión de drogas, según la página de registro de arrestos de Carolina del Sur. Además, Woodard, de 33 años, fue acusado de distribuir cocaína cerca de una escuela en 2015. Los dos hombres fueron secuestrados por un grupo criminal el pasado viernes en Matamoros junto a Latavia Washington McGee y Eric Williams, ...

Shaeed Woodard y Zindell Brown, los dos ciudadanos estadounidenses asesinados en Tamaulipas tenían antecedentes penales por posesión de drogas, según la página de registro de arrestos de Carolina del Sur. Además, Woodard, de 33 años, fue acusado de distribuir cocaína cerca de una escuela en 2015. Los dos hombres fueron secuestrados por un grupo criminal el pasado viernes en Matamoros junto a Latavia Washington McGee y Eric Williams, que fueron rescatados el martes con vida. No está confirmado que estos datos guarden alguna relación con el crimen, pero están siendo considerados por las instituciones mexicanas para trabajar en una nueva hipótesis sobre el ataque. Además, la aparición de cinco individuos presuntamente vinculados al Cártel del Golfo, maniatados y con un cartel en el que piden disculpas a las sociedad por el asesinato, ha elevado la confusión sobre un caso que ha estado cerca de convertirse en un grave conflicto diplomático entre México y Estados Unidos.

Casi una semana después no queda claro el motivo del ataque a los cuatro estadounidenses. En un primer momento, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, señaló que la principal línea de investigación es que fue una confusión, aunque no dio más detalles. A su lado, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, matizó que no había que descartar otras líneas. Un informe de las autoridades mexicanas, al que ha tenido acceso Reuters, lanza ahora como nueva hipótesis que miembros del crimen organizado consideraran que otro grupo estaba entrando en su territorio: “No se puede descartar que el ataque contra los estadounidenses pueda estar directamente relacionado con operaciones de narcotráfico”, se lee en el documento. En ese informe se incluyen los antecedentes de Woodard y Brown.

Woodard fue detenido en dos ocasiones en 2015 por posesión de marihuana y tráfico de cocaína. Su último registro penal es por un hurto en diciembre de 2019. El único vínculo de Brown, de 28 años, con delitos relacionados con la salud es una detención en febrero de 2015 por posesión de menos de 10 gramos de marihuana o hachís. También fue acusado en 2019 de violencia familiar. Reuters ha confirmado que Eric Williams también fue condenado en 2017 por distribución de cocaína. Por su parte, la única mujer del grupo, Latavia Washington McGee, de 33 años, ha sido detenida desde 2012 en siete ocasiones en el condado de Florence, en Carolina del Sur, por distintas causas, como alteración del orden público o conducir sin licencia. En dos ocasiones fue arrestada por negligencia en el cuidado de una menor. El periódico inglés Daily Mail, que ha obtenido las fichas de antecedentes de los jóvenes, apunta que Washington McGee fue encontrada culpable después de que su hija, de ocho años, diera positivo a anfetaminas y cannabis.

Estos registros, sin embargo, no explican el ataque. Tampoco hay respuesta a cómo los atacantes a este lado de la frontera pudieron saber de estos delitos menores en Carolina del Sur como para considerar a los jóvenes una amenaza, en el caso de que ese fuera el motivo.

Los amigos salieron de Lake City, en Carolina del Sur, hacia Matamoros para acompañar a Washington McGee a una supuesta operación estética. Un viaje de 2.300 kilómetros a bordo de una miniván Chrysler Pacífica. Atravesaron la frontera a la altura de Brownsville a las 9.18 del pasado viernes. Los familiares perdieron contacto con ellos desde que cruzaron, debido a la mala señal telefónica. Ya en México, el grupo fue vigilado durante 45 minutos por hasta ocho vehículos distintos.

Alrededor de las 11 de la mañana, los jóvenes son interceptados y obligados a subir a una camioneta blanca. En la escena grabada en video, se observa como los atacantes arrastran dos cuerpos inconscientes a la batea de esa camioneta. La Fiscalía de Tamaulipas cree que los atacantes se llevaron en un primer momento al grupo de amigos, pero estos intentaron huir. Fue entonces cuando les dispararon.

La dependencia ha señalado en un comunicado que han asegurado una ambulancia, en la cual fueron llevados a bordo los jóvenes, y una clínica médica donde les ofrecieron “primero auxilios”, aunque no se ha especificado con qué motivo ni en qué momento se utilizaron. Los estadounidenses fueron encontrados al interior de una caseta de madera cerca de la playa Bagdad, en el paraje de La Lagunona. Los agentes detuvieron a un hombre de 24 años, José Guadalupe N, quien supuestamente se encargaba de la seguridad de la vivienda.

Allí hallaron los cuerpos de Woodard y Brown y con vida a Williams y McGee. Todavía no se ha desvelado la causa de la muerte de los dos hombres, cuyos cadáveres van a ser entregados supuestamente este jueves a Estados Unidos. Los dos supervivientes ya fueron entregados el mismo martes a Estados Unidos, donde Williams recibió tratamiento médico.

Dentro de las muchas preguntas sin respuesta que todavía deja el caso está quiénes fueron los perpetradores del ataque. El fiscal Barrios solo señaló que en la zona del secuestro, Matamoros y alrededores, el grupo criminal dominante es el Cartel del Golfo. Sin embargo, esta red se ha dividido progresivamente desde 2003 en varias escisiones y ahora podría haber dado cabido hasta a 14 cédulas, entre las que está el grupo Escorpión o Los Ciclones.

El Ejército encontró ayer a cinco supuestos sicarios al que los Escorpiones acusan de haber matado a los estadounidenses y “se disculpan con la sociedad matamorense”. Una fuente cercana a la Fiscalía ha confirmado a EL PAÍS que fueron halladas armas en el lugar del hallazgo de los individuos, por lo que se está valorando si son entregados a la Fiscalía General de Justicia o la General de la República, puesto que la posesión de armas de uso exclusivo del ejército compete a esta última.

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