El ‘caso Ariadna’ abre un conflicto entre los congresos de Ciudad de México y Morelos
El Legislativo capitalino exhorta a la Cámara morelense a remover el fiscal Carmona. Diputados denuncian que la petición es una “violación a la soberanía”
El Congreso de Ciudad de México se ha alineado con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El órgano legislativo ha exhortado este jueves a su institución homóloga en Morelos a remover al fiscal estatal, Uriel Carmona, por el caso de Ariadna Fernanda López. La titular del Ejecutivo capitalino había acusado la semana pasada a Carmona de encubrir el presunto feminicidio de la joven, después de una disputa por dos necropsias contradictorias h...
El Congreso de Ciudad de México se ha alineado con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. El órgano legislativo ha exhortado este jueves a su institución homóloga en Morelos a remover al fiscal estatal, Uriel Carmona, por el caso de Ariadna Fernanda López. La titular del Ejecutivo capitalino había acusado la semana pasada a Carmona de encubrir el presunto feminicidio de la joven, después de una disputa por dos necropsias contradictorias hechas al mismo cuerpo. La jugada del Congreso de Ciudad de México ha desatado el enojo de algunos diputados morelenses, que denuncian una violación a la soberanía que otorga la Constitución a cada Estado.
El partido de Gobierno ha mostrado una vez su mayoría en la Cámara legislativa de la capital. La polémica desatada la semana pasada a raíz del hallazgo de un cuerpo junto a una carretera en Tepoztlán llegó este jueves al órgano, que ha tomado una medida en línea con Sheinbaum. El cadáver de Ariadna fue encontrado el pasado 2 de noviembre, y reconocido por su familia un día después. Había desaparecido en la colonia Condesa, de la capital mexicana, y aparecido sin vida a más de 90 kilómetros de allí. El fiscal Carmona dio una conferencia de prensa para anunciar los resultados de la necropsia realizada en el Estado, que señalaba que la mujer había muerto por broncoaspiración, tras registrar una intoxicación por exceso de alcohol.
Las declaraciones, en un país en que las autoridades suelen esconder los feminicidios, despertaron la bronca de los familiares y amigos de la víctima, que solicitaron una segunda autopsia. La Fiscalía de Ciudad de México fue la encargada de realizar el segundo análisis, que determinó que había muerto por trauma múltiple. El desacuerdo llevó a la jefa de Gobierno a acusar de encubrimiento al fiscal por tener supuestamente un vínculo con el acusado del feminicidio y al gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, a solicitar la remoción del titular del Ministerio Público estatal.
Una semana después, Carmona fue llamado a declarar ante el Congreso de Morelos, que defendió la elección del fiscal y anunció que no evaluaba su reemplazo. Este miércoles, cuestionado por los legisladores locales, el fiscal respaldó nuevamente el trabajo hecho por sus peritos y aseguró que Sheinbaum había hecho un “uso político” del caso.
La disputa ha escalado hasta traspasar los límites entre las dos entidades, algo que los legisladores de Morelos han tachado de ilegal. El diputado Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano, asegura a EL PAÍS que el Congreso de Ciudad de México “está violando la soberanía constitucional” y reclama que esa Cámara legislativa actúe sin conocer el trabajo hecho por los peritos de la Fiscalía morelense. “Simplemente están defendiendo a la jefa de Gobierno y están violando además la presunción de inocencia [del fiscal]”. Solís asegura que, en una conversación con el fiscal, le advirtió que si se comprueba que encubrió el feminicidio, será removido.
El diputado afirma que existe un interés del Movimiento de Regeneración Nacional por remover a Carmona. A inicios de octubre, cuando dos hombres armados asesinaron a balazos a la diputada local Gabriela Marín, un grupo de legisladores visitaron Palacio Nacional para expresar al presidente Andrés Manuel López Obrador su miedo ante la escalada de violencia en el Estado. “Fuimos a decirle al presidente que nos sentíamos amedentrados, y nos recibió el secretario de Gobernación, Adán Augusto [López], y nos dijo que si queríamos que hicieran algo, primero teníamos que remover al fiscal”.
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