La Suprema Corte da un respiro a Cabeza de Vaca

En una decisión largamente esperada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto mantener la inmunidad al gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional (PAN). En una decisión unánime, el máximo tribunal da un respiro al mandatario, al menos hasta que acabe su Gobierno, el 30 de septiembre. La llegada de Morena al Ejecutivo estatal, con Américo Villarreal, y los procesos judiciales que enfrenta el gobernado...

En una decisión largamente esperada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto mantener la inmunidad al gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional (PAN). En una decisión unánime, el máximo tribunal da un respiro al mandatario, al menos hasta que acabe su Gobierno, el 30 de septiembre. La llegada de Morena al Ejecutivo estatal, con Américo Villarreal, y los procesos judiciales que enfrenta el gobernador, complican, sin embargo, su futuro.

Desde hace algo más de un año, la Fiscalía General de la República (FGR) persigue a Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada. La dependencia pidió su detención a un juez por esos delitos el año pasado. El juez accedió, decisión que inauguró un laberinto jurídico que arrastró incluso al Congreso federal, que entró en conflicto con la Cámara de Representantes de Tamaulipas. La corte invalida ahora la orden de detención contra el mandatario.

El caso Cabeza de Vaca ha sido una de las grandes polémicas del último año. Hasta principios de 2021, el gobernador tamaulipeco aparecía en el panorama político como uno de los líderes de una oposición mermada, empequeñecida frente al poderío de Morena, que ahora mismo controla 20 de los 32 gobiernos estatales. Pero las investigaciones en su contra y el empuje del Congreso federal para eliminar su inmunidad le fueron arrinconando.

Erigido en uno de los líderes de la oposición, impulsor de la Alianza Federalista, grupo de gobernadores que pretendían enfrentar al Gobierno federal, Cabeza de Vaca chocó contra el aparato de Morena, que puso en marcha su motor en el Congreso. La bancada del partido y sus aliados en la Cámara exigieron eliminar el fuero del gobernador. La mayoría panista en el parlamento de Tamaulipas defendió a Cabeza de Vaca, insistiendo en que la última palabra era suya.

La controversia escaló en el sistema de justicia hasta que llegó a la SCJN hace unos meses. Una de las críticas del PAN en este tiempo ha sido precisamente la demora de los ministros en discutir el caso del gobernador. Para el partido conservador, la tardanza del Alto Tribunal era una especia de estrategia dirigida desde el Gobierno federal para torpedear los últimos meses de Cabeza de Vaca en el cargo. Hasta su decisión de hoy, la SCJN pospuso hasta dos veces la conversación, aunque algunos medios ya habían informado en estos meses por dónde iría su decisión.

En un comunicado divulgado en la tarde de este miércoles, la SCJN ha planteado el problema: “El procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo, pues en este interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente quien, en última instancia, decide si el titular del Poder Ejecutivo puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo”.

Partiendo de lo anterior, la Corte señala que la petición del Congreso federal de eliminar la inmunidad del mandatario “solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de

que esta determine lo que corresponda”. Así, la decisión de la Cámara de Tamaulipas prevalece. Con respecto a la orden detención contra Cabeza de Vaca, la FGR y el juez que la autorizó, la SCJN ha añadido: “Estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales, sino que, además, se

sustituyeron en este, pues el despliegue de sus facultades en contra del Gobernador

requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado”.

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