Marcelina Bautista, la trabajadora del hogar que se puso los guantes frente a los abusos: “Nos veían como servidumbre”

Cuando Marcelina Bautista entró a la casa de la señora, todo era dar las gracias. No tenía contrato. Gracias. Trabajaba más de 12 horas. Gracias. Carecía de seguridad social. Gracias. Acababa de llegar desde la sierra de Oaxaca a Ciudad de México y aceptó lo que le ofrecían. Lo precario era la norma y a Bautista, que es de origen indígena y en aquel momento no hablaba bien español, ni se le pasó por la cabeza reclamar mejores condiciones. “Le agradecía por una casa donde vivir, que me enseñara a limpiar, pero me hacía trabajar muchísimo”, recuerda.

Todo y nada ha cambiado desde entonces...

Cuando Marcelina Bautista entró a la casa de la señora, todo era dar las gracias. No tenía contrato. Gracias. Trabajaba más de 12 horas. Gracias. Carecía de seguridad social. Gracias. Acababa de llegar desde la sierra de Oaxaca a Ciudad de México y aceptó lo que le ofrecían. Lo precario era la norma y a Bautista, que es de origen indígena y en aquel momento no hablaba bien español, ni se le pasó por la cabeza reclamar mejores condiciones. “Le agradecía por una casa donde vivir, que me enseñara a limpiar, pero me hacía trabajar muchísimo”, recuerda.

Todo y nada ha cambiado desde entonces. El empleo doméstico sigue siendo casi igual de precario que hace dos décadas, pero Bautista (Santa María Apazco, 53 años) es otra persona. La hoy activista, menuda y vestida de negro, llega con dos compañeras al Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH). Suben las escaleras de un edificio modesto en el centro de la Ciudad de México y entran a un cuarto donde guardan recogedores, escobas y guantes con los que equipan a las trabajadoras domésticas. Por ahora, la bodega les sirve de oficina. Cuando son más y no caben, se reúnen en el vestíbulo de la planta.

Bautista fundó CACEH hace dos décadas después de ganar una beca de la prestigiosa Fundación MacArthur. Fue la primera asociación civil dedicada a defender los derechos de las trabajadoras del hogar en un país donde los abusos laborales eran y son omnipresentes. Al principio, les dijeron que era una misión fútil. No existía una regulación y la Ley del Seguro Social excluía explícitamente a las empleadas. “Eso nos llevaba a una cultura de esclavitud, nos veían como servidumbre”, dice Bautista. “Ahora hemos abierto los ojos”. En el primer taller tuvieron a una veintena de participantes. Ahora entre 80 y 100 trabajadoras asisten cada 15 días a talleres sobre temas como derechos laborales, violencia de género y liderazgo.

Desde CACEH, Bautista ha empujado un cambio en las leyes para obligar a los empleadores a inscribir a sus trabajadoras a la seguridad social, una reforma que está pendiente de aprobación en el Congreso. El primer triunfo llegó en 2018 cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la exclusión del régimen obligatorio de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo para, entre otras cosas, obligar a los patrones a firmar un contrato. Además, arrancó una prueba piloto para que estos inscribieran de forma voluntaria en el IMSS a las empleadas domésticas.

La prueba piloto ha sido un primer paso, pero se ha quedado corta. Año y medio después de iniciarse, solo el 5,8% de las trabajadoras del hogar en Ciudad de México tenía acceso a la seguridad social, según una encuesta realizada por el Gobierno de la capital en 2020. Además, apenas un 3,2% contaba con las tres prestaciones que establece la ley -vacaciones, prima vacacional y aguinaldo-. Más de la mitad no tenía ninguna de las tres.

A Bautista las trabajadoras que asisten a los talleres de CACEH le suelen preguntar cómo pedir mejores condiciones. “Mi casa no es una empresa”, “aquí la que manda soy yo”, son algunas de las reacciones de las patronas. La amenaza del despido es otro escenario común. “Las despiden porque piden contratos, porque quiere ganar más. Muchas se aguantan para mantener su trabajo, aunque sea en malas condiciones”, reconoce Bautista. “Muy pocas se animan a reclamar y normalmente no se logra”.

Nancy Rojas, de 42 años, aprendió qué podía exigir en uno de los talleres del CACEH. Esta trabajadora colombiana, sentada a un lado de Bautista en la bodega llena de cachivaches, llegó a México hace 17 años sin saber a qué tenía derecho. Pese a haber firmado un contrato, su empleador no respetaba prestaciones ni descansos. Se tuvo que plantar. “Tenemos derechos”, le reclamó. “¿Y quién te dijo a ti eso?”, contestó el otro. Al final, accedió. “Si no lo pides, se hacen los locos”, resume Rojas.

Queda mucho trabajo por hacer del lado del patrón. Marcela Azuela fundó Hogar Justo Hogar, una asociación de empleadores, después de que Bautista les hablara de su lucha. Desde esa plataforma promueve diálogos con los patrones para empujarles a ofrecer trabajos dignos con seguridad social. “Generar conciencia hace la diferencia. Son obligaciones, no es que te lo tengan que pedir o que le estés haciendo un favor a la trabajadora”, señala.

El Senado aprobó en marzo la obligatoriedad de esa inscripción, aunque la reforma a la ley del IMSS todavía tiene que ser votada en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, cada empleador será responsable de inscribir a su empleada. En el caso de una trabajadora que labore en varias casas, existe el riesgo de que no todos sus patrones hagan el trámite, lo que la dejaría cubierta ciertos días, pero no otros. “Nos hemos quejado mucho de eso. Sería un absurdo que la empleada se pudiera lastimar el martes, pero no el miércoles porque no está cubierta por el IMSS”, dice Azuela.

Evitar ese tipo de situación dependerá de la capacidad del Gobierno para que la ley no se quede en el papel. Pese a la obligación de otorgar contratos firmados, solo el 6,5% de las trabajadoras tiene uno en Ciudad de México. El riesgo es que también se incumpla la obligación de inscripción en la seguridad social, una vez se apruebe. Realizar inspecciones y sancionar será clave. “Mientras eso no lo haga el Estado, todo seguirá igual”, dice Bautista. En Ciudad de México, el 63% de las trabajadoras no conocía la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y un 50% no sabía de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dos organismos encargados de resolver disputas laborales.

Cuando a Marcelina Bautista le pregunta una trabajadora qué pasa si la patrona la corre por reclamar sus derechos, ella responde: “Pongan una demanda”. Aunque tiene varios diplomados en derecho laboral y conoce leyes y convenciones al dedillo, ella todavía no puede encargarse de litigar en favor de sus compañeras porque no es abogada. Le falta ese paso. “Me gusta entender las leyes”, dice. “Hay que perder el miedo”.

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